¿Examen para votar? La tentación de filtrar al elector
La idea de someter a un test al votante ha vuelto a circular con fuerza: si no entiende de lógica, de sesgos y de coste de oportunidad, argumenta una corriente escéptica, su voto se convierte en una factura que pagan los demás. El borrador del examen llega a las 100 preguntas, un 20% de ellas dedicadas a blindar al ciudadano contra la falacia del jugador y las asociaciones espurias. La intención parece razonable; el instrumento, menos.
La primera pregunta ya hace aguas
El test arranca con la regla de oro del pensamiento crítico: correlación no implica causalidad. El ejemplo es el de los helados y los ahogados. Pero ahí mismo surge el primer problema: dos variables que concurren pueden estar encadenadas por factores no observados, y la propia estadística admite matices. Si el temario cae en manos de un comité político, el sesgo del examinador sustituye al sesgo del votante.
¿Derecho universal o privilegio de clase?
En contra pesa lo obvio: un requisito cognitivo convierte un derecho en un privilegio, y el listón lo fija quien ostenta el poder. Las comparaciones con episodios autoritarios resultan exageradas, pero el recelo es comprensible. La ironía del asunto es que quien propone el filtro acaba tan harto de que su voto valga lo mismo que el de su vecino que decide no votar. El asunto queda atascado en una pregunta incómoda: ¿quién examina al examinador? Mientras no haya respuesta, el test seguirá siendo una fantasía meritocrática que nadie se atreve a llevar a la boleta.