Sumar exige al PSOE expropiar el piso de plumarmen en el próximo Consejo de Ministros

Sumar lleva al Consejo de Ministros la expropiación del piso de Maricarmen​

Maricarmen tiene 87 años, un piso en una de esas zonas que se revalorizan solas con solo mirarlas y un desahucio a la espalda. Sumar ha convertido su caso en un ultimátum dentro del Gobierno: expropiar la vivienda en el próximo Consejo de Ministros. El anuncio ha abierto el enésimo frente entre los socios de coalición y deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿se puede retorcer la ley para un piso concreto?

Quién es el propietario y cuánto se ofreció por el piso​

Los problemas arrancan en 2018, cuando los dueños de la finca deciden venderla entera a Renta Corporación, uno de los grandes holdings inmobiliarios del país. La primera oferta a Maricarmen fue de 247.000 euros, una cantidad que no tenía ahorrada y para la que difícilmente habría obtenido hipoteca a su edad. El inmueble acabó en manos de otra sociedad: Urbagestión Desarrollo e Inversión, una pyme a la que, se argumenta, poco le importa la imagen corporativa.

Sobre la mesa hay una segunda cifra: la gestora ofreció comprar el piso por 250.000 euros. Ni por esas. El propietario rechazó las alternativas que le pusieron delante, incluida la del ministerio de Vivienda para adquirir el inmueble y la de particulares dispuestos a pagar el alquiler. Que esas ofertas fueran firmes o de boquilla es, precisamente, lo que se discute.

¿Qué dice la Constitución sobre expropiar una vivienda?​

El artículo 47 reconoce el derecho a la vivienda; el 33 garantiza la propiedad privada y admite la expropiación, pero solo por causa justificada de utilidad pública o interés social y con indemnización. De ahí al caso concreto hay un trecho. Hay quien sostiene que media Constitución avala la operación, y quien responde que ese mismo argumento serviría para cualquier desahucio del país.

El principio de legalidad lo complica todavía más. Las normas deben ser generales y abstractas, no redactadas a medida para una persona o una situación singular. Expropiar es comprar: paga el Estado. La pregunta, entonces, es si va a comprar cada piso que llegue a un desahucio o solo el que tiene cámaras delante.

El coste público y el fantasma de la inseguridad jurídica​

Con lo que cuesta un piso en zona privilegiada se financian varias viviendas protegidas en un barrio humilde, argumento recurrente para tildar la medida de derroche y de discriminación: el joven que paga precio de mercado por una habitación en la periferia no recibe el mismo trato. Sumar lo tendría difícil para explicar por qué esa casa sí y otra no.

El segundo reparo es de mercado. Los fondos de inversión suponen alrededor del 10% del mercado del alquiler. Ahuyentar a un propietario con el fantasma de la expropiación no mueve gran cosa la aguja, pero normalizar la excepción mete un riesgo regulatorio que retrae oferta. La ironía completa: para proteger el alquiler se acaba legislando como en la vieja ley de renta limitada de 1954 y desactivando en la práctica una norma de 1994.

---

Y mientras se discute si una vivienda concreta se expropia o no, el mapa de los desahucios sigue igual de sucio. En L'Hospitalet de Llobregat, una mujer de 54 años se quitó la vida tras ser desahuciada del piso donde vivía desde hacía más de dos décadas. Ese caso no tendrá Consejo de Ministros. Solo ayuntamiento.