Somos los funcionarios la élite de la sociedad??

Funcionarios: ¿élite de la sociedad o simple refugio contra la intemperie laboral?​

Un opositor que llegó a estudiar quince horas diarias, «poseído por el BOE», abre el asunto con una tesis que no admite matices: después de los empresarios hechos a sí mismos, los funcionarios de turno libre son la segunda posición de la pirámide. No los interinos, no los colocados a dedo en diputaciones, no los que entran por sentencia europea. Los que se machacan a estudiar. La respuesta que recibe no es una ovación precisamente.

Qué se discute cuando se pregunta si los funcionarios son la élite​

La primera fractura es de definición. Para unos, élite implica cúspide, y un colectivo que ronda los tres millones de personas no es una cúspide, es una marea. «Son un tuerto más en un país con muchos ciegos», resume una de las intervenciones más respaldadas. La segunda fractura es de origen: hay quien sostiene que buena parte del funcionariado de nivel alto es, en realidad, gente que no aguantó la presión de la privada o que no consiguió entrar en ella. La tercera, y quizá la más incómoda, es de naturaleza: no se discute si viven bien, se discute si eso los convierte en algo parecido a una casta.

Los números que se manejan en la conversación no son de cúspide. Se habla de sueldos netos en torno a los 2.500 euros mensuales, de una media cercana a los 1.600, y de un incremento salarial del 0,5% que se cita como prueba de que el colectivo no está precisamente nadando en oro. Con esas cifras, la etiqueta de élite chirría. Otra cosa es la calidad de vida: horarios, estabilidad, vacaciones, imposibilidad práctica de despido. Ahí el consenso se rompe menos.

El cálculo que importa: dinero ganado por hora trabajada y por quebradero de cabeza​

La comparación que más recorrido tiene en la discusión no es el sueldo bruto, sino la relación entre lo que se ingresa, las horas que se echan y el desgaste mental que se acumula. Bajo esa métrica, hay quien coloca a los funcionarios de nivel A1 y A2 como los trabajadores con mejor calidad de vida del país, aunque en términos absolutos no sean los que más cobran. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende.

Frente a eso, la réplica es doble. Primera: que el pagador de esa nómina es un Estado endeudado, lo que convierte el privilegio en algo frágil. Segunda: que el verdadero forrado no es el funcionario, sino el profesional liberal que factura buena parte en negro, el electricista, el fontanero, el reformista que cobra en efectivo y declara lo justo. La élite, en esa lectura, no lleva nómina pública: lleva facturación opaca.

La crítica que no se va a ir: vagos, trepas y el 10% que sostiene el edificio​

El ataque más repetido no es económico, es de comportamiento. Se sostiene que una mayoría amplia del colectivo trabaja poco, que un 10% hace el 100% del trabajo y que dentro de ese 10% hay un 1% que realmente mantiene el sistema en pie. La imagen del desayuno largo en el bar, del procedimiento invocado para justificar la negligencia, aparece varias veces. Es una caricatura, pero es una caricatura que muchos de los que participan dicen haber visto de cerca.

La defensa no niega el problema, lo reubica. Si un funcionario puede holgazanear sin consecuencias, el fallo no es suyo: es del diseño. La rigidez del sistema protege al incompetente al mismo tiempo que ata de pies y manos al que quiere hacer las cosas bien. Y el político de turno, añaden, tiene interés en que esa rigidez se mantenga: un cuerpo funcionarial desmoralizado es más fácil de manejar.

¿Por qué se exige memorizar la organización de la Unión Europea a un bombero?​

Aquí el debate se vuelve técnico y bastante más interesante. Se plantea si el sistema de oposición, basado en memorizar temarios legales, selecciona a los mejores o simplemente a los que aguantan mejor el sufrimiento. El ejemplo del bombero es el más citado: no necesita saberse la elección del Congreso para sacar a alguien de un edificio en llamas. Lo que necesita es aptitud física, estabilidad mental, capacidad de decisión bajo estrés y trabajo en equipo. Nada de eso se mide empollando leyes.

La contraria también tiene su lógica: alguien capaz de estudiar quince horas diarias durante meses demuestra una fuerza de voluntad y una capacidad analítica que después se traduce en mejor desempeño. El cerebro no se entrena en el gimnasio. Y hay bomberos con condiciones físicas mediocres que son excelentes profesionales. El problema es que ese argumento justifica cualquier temario, por absurdo que sea.

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El punto donde todo se atasca es el mismo donde empezó. Nadie discute que el funcionario de oposición vive mejor que la media de la privada en estabilidad y tiempo libre. Nadie discute tampoco que eso no lo convierte en cúspide de nada. Lo que queda sin resolver es si esa posición intermedia es un privilegio que hay que recortar o un refugio que dice más del mal funcionamiento de la privada española que de la supuesta vagancia del funcionario. Con estos mimbres, la discusión seguirá abierta otro medio siglo.