El hilo de carapolla, alcalde de madrid y sus zbe ilegales: recurre sus multas de zbe (guia dentro)

Madrid: 2,5 millones de multas ZBE declaradas ilegales, pero no se retiran​

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en septiembre de 2024 la Ordenanza de Movilidad Sostenible que regulaba las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Desde entonces, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha recurrido la sentencia ante el Supremo, pero las multas han seguido lloviendo. Según datos de AEAPress de julio de 2025, entre septiembre de 2021 y diciembre de 2024 el Consistorio formuló 2.506.611 denuncias, por un valor económico de 479.658.910 euros. Un negocio multimillonario que, pese a la nulidad judicial, sigue activo.

Los conductores afectados se encuentran en una situación kafkiana: recurrir la multa cuesta más que pagarla. Un caso concreto lo ilustra: una sanción de 200 euros exige, para su impugnación judicial, abogado y procurador, con un coste estimado de 500 a 900 euros. El plazo para presentar la demanda es de diez días hábiles desde la notificación, y si no se hace, la multa queda firme. La advertencia es clara: no pagar las multas y recurrirlas todas, porque si la anulación se confirma, el ayuntamiento no devolverá lo cobrado voluntariamente.

El debate político añade más sal. Las ZBE fueron implantadas en 2018 por el gobierno de Manuela Carmena, pero Almeida las mantuvo y endureció. Ahora, unos acusan al alcalde de «delincuente» por no acatar la sentencia, mientras otros señalan que quienes protestan «llegan seis años tarde», al haber apoyado la medida original. La ironía es que el actual gobierno del PP defiende una norma que nació de la izquierda, y que en Francia ya se están eliminando restricciones similares.

Mientras el Supremo no se pronuncie, los madrileños atrapados en la ZBE siguen pagando el pato. La recomendación práctica: recurrir siempre, aunque salga más caro que la multa, porque el precedente de las multas por mascarillas sugiere que las sanciones anuladas acaban por no cobrarse. Hasta entonces, la maquinaria recaudatoria sigue funcionando, sentencia judicial mediante.