Niñas que nadan a Ceuta y acaban en la calle: el coste de la desprotección
Tiene 17 años, cruzó a nado el Estrecho y llevaba tres días en la misma esquina de la barriada de El Príncipe cuando una vecina de 62 años y 11 nietos, Zohra Mohamed, decidió que no dormía otra noche a la intemperie. No hay ONG detrás: son las mujeres del barrio, convertidas en «nuevas madres» de las chicas que llegan solas. La Policía investiga cinco presuntas violaciones. El Estado, mientras, no aparece.
La respuesta vecinal tapa la ausencia del Estado
Zohra Mohamed avanza tres pasos y retrocede seis. Lleva horas en la misma porción de calle, esperando que alguien abra las rejas negras del edificio polifuncional de El Príncipe. Ya tiene a una joven de 17 años a su cargo, y no será la única: varias familias de la barriada han acogido a chicas mientras las administraciones deciden qué hacer. La generosidad privada funciona, pero no es una política pública. Y sin plazas de acogida, la vulnerabilidad se multiplica.
El incentivo económico del salto
Las razones del salto no son un misterio. En Marruecos, un trabajo decente paga unos 400 euros al mes y un alquiler ronda los 200: vivir es ya una operación de resistencia. España, con sus deficiencias, sigue siendo el vecino rico al que cruzar a nado. Algunos análisis ven en este drama un incentivo perverso: la violación, denunciada, puede acabar en permiso de residencia. Otros lo ven como lo que es, la consecuencia previsible de la miseria y de una frontera sin gestión. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez.
Una frontera convertida en política social
La conversación pública se ha envenenado: se habla de más de 40.000 migrantes que se quedarían, de «efecto llamada», de devoluciones inmediatas. Pero el hecho incómodo es que la mayoría de los menores que llegan solos son chicos; cuando son ellas, el riesgo de abuso se dispara. Cinco denuncias de violación lo confirman. Y frente a eso, la única respuesta concreta ha sido la de unas vecinas que han abierto la puerta de su casa.
Quienes estudian el fenómeno recuerdan que el verdadero coste no lo paga el Gobierno ni Marruecos: lo pagan las Zohra de turno y las propias menores. El dato que descoloca: mientras se discute de cifras, una mujer de 62 años con 11 nietos ha tenido que hacer de Estado del bienestar. Ni el sistema ni la política migratoria estaban preparados. Siguen sin estarlo.