Sobre la democracia representativa y la supuesta legitimación del régimen a través del acto de votar.

Democracia representativa: votar no legitima, abstenerse tampoco​

¿Convierte el hecho de votar en cómplice del régimen a quien lo hace? La respuesta afirmativa circula desde hace años como si fuera un axioma y levanta ampollas cuando se pone en duda. El punto de partida del análisis es otro: en una democracia representativa se eligen representantes, y nada más. Quien deposita una papeleta no firma un contrato sobre el conjunto del sistema —el régimen del 78 lo aprobaron generaciones anteriores— ni avala después cada decisión de quien resulta elegido. La pregunta real no es si votar legitima, sino si existe algún acto electoral capaz de restar legitimidad a un sistema.

Lo que se refrenda al depositar un voto​

Elegir representante es solo eso. Mientras no se atribuya al voto un sentido y una utilidad dentro del marco legal, lo único que ocurre es que unas listas de candidatos ocupan escaños. El argumento de que votar refrenda el pack completo se topa con la objeción de que el votante medio no tiene conocimiento pleno de lo que está haciendo y, sin él, no cabe hablar de aceptación ni de conformidad. Es víctima de una maquinaria engrasada durante siglos, no firmante de un contrato, sostiene quien plantea esa tesis.

Hay una vuelta de tuerca más incómoda. Según se apunta en el hilo, dentro de una democracia representativa abstenerse se interpreta como confianza en los conciudadanos a la hora de decidir quién queda por encima. Nunca como rechazo. Esa lectura la hace el propio sistema sin pedir permiso.

El abstencionismo que se muerde la cola​

La corriente que convierte la abstención en herramienta de deslegitimación sostiene que el régimen carece de legitimidad de origen y la sustituye por legitimidad de ejercicio. Sobre ese marco, la abstención no otorga ni retira nada: solo evidencia una falta previa. El problema es lógico. Si el sistema es ilegítimo per se, ¿por qué una abstención masiva implicaría deslegitimación? Al atribuirle ese poder se le concede validez al invento que se dice combatir.

Una abstención total se parece más a un fallo técnico que a un pronunciamiento. No tiene por qué significar nada. Y quien lanza la pregunta —quien fija el marco y las opciones— es el que tiene el poder, en una consulta, en un plebiscito o en unas elecciones. Ahí está el núcleo del problema, no en la papeleta.

Mandar porque se tiene la pistola​

La objeción clásica es que quienes gobiernan mandan porque tienen la pistola, y que el voto solo viste el acto con una retórica de permiso. Frente a eso, se apela a la hegemonía cultural: las ideas dominantes se asumen como sentido común y no hace falta pistola cuando el relato ya está interiorizado.

Eso abre un segundo frente. Mientras el sistema necesite que la población crea algo, el consentimiento conserva valor. Cuando deje de necesitarlo, el escenario empeora, advierte uno de los participantes. Lo que no cambia es el diagnóstico de fondo: una máquina que se auto-legitima con independencia de que uno vote o no.

¿Quién está capacitado para votar?​

La tentación platónica reaparece siempre: la democracia solo tendría sentido si quienes votan fueran intelectualmente capaces y económicamente independientes. Suena bien hasta que se pregunta cómo se mide la sabiduría y quién hace la criba. Cualquier test se memoriza, y una prueba de memorística acrítica no evalúa nada. Se ha llegado a defender, en el hilo, un voto ponderado por metros cuadrados de territorio. El colofón de la idiocracia.

Abstenerse no sale gratis​

Un forero plantea que cada acto de la vida cotidiana refrenda el sistema: trabajar, cobrar el sueldo, echar gasolina, hacer la compra. Para deslegitimar de verdad, añade, habría que convencer a millones de personas de sacar el dinero del banco, dejar de pagar recibos y no acudir al trabajo. Antes de dos semanas habría comparecencia televisiva. El problema es que la insumisión fiscal está fuera de alcance: en España no se pueden hacer pagos superiores a 1.000 euros en metálico y las empresas abonan por transferencia. Solo una minoría ínfima podría hacerlo; no funciona como acción colectiva.

El caso bolivariano se cita como prueba de que votar sí puede cambiar un sistema: la llegada al poder rompió el bipartidismo preexistente. Después, aquello se pudrió. El colapso de un sistema no garantiza que el siguiente funcione.

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Con estas piezas, la pregunta inicial se queda sin respuesta cerrada. Quien vota cree que solo elige; quien se abstiene cree que resta; y el sistema funciona igual con ambos. El análisis se atasca justo ahí, en la sospecha de que ni el voto ni la abstención mueven el amperímetro, y en que lo único legible son nuestras limitaciones.