SIN PALABRAS: casi 2000e X 14 pagas po…..picar teclas en los juzgados

Casi 2.000€ por 14 pagas por picar teclas en los juzgados​

¿Cuánto vale pasar un expediente del papel al ordenador? En la administración de justicia, ese trabajo se paga con casi 2.000 euros netos al mes repartidos en 14 pagas, con una jornada de 8 a 15 horas en dependencias judiciales. Lo relata quien desempeña ese puesto y añade el detalle que ha encendido la comparación: ese mismo suelo no lo cobra, asegura, un operario técnico que echa más horas y pasa más calor en el sector privado. La pregunta de fondo no es nueva, pero vuelve cada vez con más números: ¿cuánto se paga en lo público por tareas que el mercado retribuiría a la mitad?

¿En qué consiste el trabajo que se paga con 2.000 euros al mes?​

Teclear. Ese es el resumen que hacen quienes conocen el día a día: los expedientes llegan en folios, se vuelcan al ordenador y se archivan. Ahora bien, la versión más actualizada del procedimiento desmonta la imagen del papel apilado: los folios pasaron a la historia, sostiene otro testimonio del mismo ámbito, y lo que entra es un archivo de texto enviado por la plataforma telemática de la administración de justicia que se rellena casilla a casilla en un formulario digital. Da igual el formato. Alguien tiene que picar teclas y alguien tiene que cobrar por ello.

Esa sencillez aparente es la que alimenta la crítica sobre el uso de recursos. Con un escáner, un software de reconocimiento y una plantilla, buena parte de ese volcado desaparecería; el argumento que se repite es que la administración digitaliza a golpe de nómina en lugar de a golpe de herramienta. Un comentario resume el malestar: la sensación de que se paga a una persona por hacer lo que ya hace una máquina.

¿Cuánto cobran otros empleados públicos comparables?​

Aquí llega la lluvia de cifras, y conviene tratarlas como lo que son: estimaciones que circulan dentro del propio sector. Entre ellas, un juez de Audiencia Provincial que podría rondar los 5.500 euros netos al mes; un médico con cuatro guardias, unos 5.000 netos; un inspector de Hacienda que, con todos los complementos, podría acercarse a los 200.000 euros brutos anuales. Son cifras que se citan sin nómina delante, así que tómense como orden de magnitud, no como contabilidad oficial.

El marco general que se dibuja es el de una subida sostenida de las retribuciones públicas en los últimos años —pensiones incluidas— y una deuda pública que, según esa lectura, se ha desbocado. Hay quien recuerda sueldos que pasaron de 1.600 a 2.200 euros netos en el mismo puesto y el mismo cuerpo, sin cambio de funciones. Ese salto, sin mérito adicional acreditado, es lo que más incomoda: no el nivel absoluto, sino el automatismo.

¿Cuánto paga la empresa privada por un perfil equivalente?​

Menos, casi siempre, y ahí está el nudo del asunto. Los números que se cruzan van desde una administrativa de ayuntamiento con bachiller que entra con 27.000 euros brutos y con complementos alcanza los 35.000, hasta un ingeniero junior que firma por 37.000 brutos —una cifra que en provincias, se advierte, es casi imposible de encontrar—. En el otro extremo, una titulada universitaria con inglés perfecto entra en una multinacional de capital extranjero en Madrid por 19.000 brutos anuales, y tras la protesta sindical se queda en algo más de 21.000.

El mercado inmobiliario pone la puntilla a la comparación. Quien alquila un piso en Madrid cuelga un anuncio y en tres días recibe 50 solicitudes, la mayoría con la última nómina adjunta. Es un termómetro involuntario de los sueldos reales de la capital, y lo que mide no invita al optimismo.

¿Es 2.000 euros un sueldazo o una miseria?​

Ambas cosas, según con quién se compare. En un país donde el grueso de los asalariados se mueve entre 16.000 y 23.000 euros brutos al año, lo que deja menos de 1.500 netos al mes, 2.000 euros suenan a privilegio. Pero en Madrid, con alquiler y desplazamientos, el cálculo más austero reparte el sueldo así: 1.400 euros para subsistir, cien para algo de vida social y cuatro billetes de ahorro. Un chollo, desde luego, no parece.

La conclusión que se impone en una parte del análisis es incómoda para el relato habitual: el problema no es que lo público pague demasiado, sino que lo privado paga mal. Si la comparación de referencia fuera el sueldo alemán, nadie discutiría los 2.000.

¿Y si el problema fuera la plaza en propiedad?​

Ahí está la otra mitad de la bronca. Un puesto fijo, garantizado de por vida, con casi dos meses de vacaciones y días de libre disposición, cambia por completo la ecuación: ya no se paga por trabajar, se paga por haber aprobado. Los ejemplos que se citan son difíciles de mejorar: un funcionario de prisiones con 2.200 euros al mes que trabaja dos días por semana y libra cinco; un secretario judicial que, se asegura, fichaba y desaparecía de la sala.

Frente a eso, la defensa del empleo público tiene su propio argumento: la carga de trabajo en según qué destinos es brutal, con atención al público más dura que en cualquier oficina privada, y quien lleva un cuarto de siglo en los juzgados sabe que hay destinos tranquilos y destinos que son un matadero. Además, tras la plaza hay una oposición: 120 temas, cuatro exámenes y, en los niveles más bajos, seis meses de estudio bien aprovechados.

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Con esos diferenciales, lo lógico sería que las colas para entrar en la administración fueran kilométricas y las ofertas privadas se quedaran desiertas. No es exactamente lo que pasa. Alguien tendrá que explicarlo.