Si los nietos fueran de derechas (Ignacio Camacho en El ABC)

Si los nietos fueran de derechas (Ignacio Camacho en El ABC)
RESUMEN DEL MENSAJE INICIAL · elaborado con IA

El Tribunal Supremo ha reprochado al Gobierno que no haya ejecutado su orden de revisar las altas de votantes CERA registradas en el extranjero, y mantiene la suspensión del derecho a votar de los recién nacionalizados hasta poder auditar el censo.

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El Tribunal Supremo ha reprochado al Gobierno que no haya ejecutado su orden de revisar las altas de votantes CERA registradas en el extranjero, y mantiene la suspensión del derecho a votar de los recién nacionalizados hasta poder auditar el censo.

El Tribunal Supremo ha dado un paso más en el pulso sobre la 'ley de nietos'. Su último auto no solo mantiene el bloqueo de nuevas inscripciones en el censo, sino que reprocha al Gobierno haberse desentendido de la orden que le dio en septiembre para revisar las altas de votantes CERA registradas en el extranjero. La Sala de lo Contencioso emitió un mandato expreso y, durante un mes, según el auto, nadie movió un dedo para cumplirlo en los consulados afectados.

Un mes sin ejecutar la orden del Supremo

El reproche judicial tiene nombre: desacato pasivo. O insubordinación por vía de hecho. La Sala dictó una orden concreta en septiembre y, un mes después, los responsables consulares no habían iniciado la revisión. Ese silencio permitía a la Abogacía del Estado alegar que la medida era de imposible cumplimiento, sin concretar qué inconvenientes técnicos lo impedían. El truco no ha funcionado.

La consecuencia es que los jueces han decidido mantener la suspensión del derecho a votar de los recién nacionalizados hasta que sea posible auditar el censo. El auto alude a la necesidad de «limpieza y pulcritud en la relación de electores», es decir, a saber con claridad quiénes forman el cuerpo electoral. La sola duda sobre una alteración irregular de ese cuerpo, sostiene la resolución, deja en entredicho la legitimidad del proceso.

La sospecha sobre el censo y el miedo al pucherazo

La instrucción ministerial que originó la polémica parte de una presunción: que los descendientes de españoles emigrados simpatizan en su mayoría con la izquierda. Esa conjetura, según el análisis publicado, explica la prisa por otorgarles el voto. Las legaciones consulares con mayor número de solicitantes son las de Argentina, México, Cuba y Venezuela, aunque muchos solicitantes solo aspiren a un pasaporte válido en toda la Unión Europea.

El texto señala que, si el Ejecutivo creyese que esos nuevos votantes son de derechas, su voluntad de darles el voto a toda prisa sería mucho menos enérgica. La maniobra, añade, responde a una operación de conveniencia de un partido en declive. La duda sobre una alteración irregular del censo es lo que en España y Sudamérica se conoce como pucherazo.

El Constitucional y la vía del decreto ley

El margen de maniobra del Gobierno se estrecha. Los plazos procesales y electorales corren, y solo pueden recurrir las partes afectadas. El Constitucional no aparece como una salida clara: su presidente, Pumpido, ya carga con suficiente desgaste y no parece dispuesto a asumir otro encargo delicado. La amnistía ya está cumplida y la materia para una intervención favorable se antoja escasa.

Queda la vía improbable del decreto ley con convalidación parlamentaria rápida, que el equipo del presidente Pedro Sánchez está estudiando. Si esa fórmula encalla, no habrá otro remedio que acatar la decisión y poner a la maquinaria diplomática a cumplir contra reloj la purga censal que tenía encomendada y que, según el auto, procrastinó adrede. No es justicia poética, concluye el análisis: es justicia democrática contra el intento de hacer trampa.

Una advertencia sobre el derecho al voto

La suspensión afecta a un derecho fundamental y su resolución judicial está en curso. Cualquier interpretación sobre el alcance del auto o sobre la situación de un solicitante concreto corresponde a los tribunales y a un abogado especializado.

Datos clave
  • El Supremo ordenó en septiembre revisar las altas de votantes CERA y el auto constata un mes sin ejecutarla.
  • La suspensión del voto de los recién nacionalizados por la 'ley de nietos' se mantiene hasta auditar el censo.
  • Argentina, México, Cuba y Venezuela concentran el mayor número de solicitantes, según el análisis.
  • El Constitucional no aparece como vía clara porque solo pueden recurrir las partes afectadas.
  • El Gobierno estudia un decreto ley con convalidación parlamentaria rápida como salida.
Resumen generado con inteligencia artificial a partir del primer mensaje del tema.

Eric Finch

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Si los nietos fueran de derechas​

15/10/2026

Ignacio Camacho-ABC​

  • El Gobierno ha cometido desacato pasivo a una orden del Supremo. Nadie en los consulados ha movido un dedo para depurar el censo

El último auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ contiene un elemento más llamativo si cabe que el del bloqueo de las nuevas inscripciones en el censo. Se trata de un severo reproche al Gobierno por haberse desentendido de la orden con que el tribunal le conminó en septiembre a revisar las altas de votantes CERA registradas en el extranjero. Eso se llama desacato pasivo o insubordinación por vía de hecho: la Sala de lo Contencioso emitió un mandato expreso y durante un mes nadie ha movido un dedo por llevarlo a efecto. Dicho de otra manera, los responsables de los consulados afectados se han hecho los suecos para que la Abogacía del Estado pudiese alegar que la medida era de imposible cumplimiento, sin concretar los supuestos inconvenientes técnicos.

Como es natural, el truco no ha funcionado. En realidad es la razón principal de que los jueces hayan decidido mantener la suspensión del derecho a votar de los recién nacionalizados hasta que sea posible auditarlo. La resolución hace referencia a la necesidad de «limpieza y pulcritud en la relación de electores», esto es, en la determinación diáfana de quiénes conforman el sujeto soberano, el «we the people», la comunidad política cuya existencia da sentido al hecho democrático. La sola duda sobre una eventual alteración irregular de ese cuerpo ciudadano deja en entredicho la legitimidad del proceso y abre la sospecha sobre esa clase de embeleco que en España y Sudamérica, donde constituye un fenómeno clásico, se conoce como pucherazo. La verdadera ‘presunción’ de la instrucción ministerial que ha originado la polémica consiste en la conjetura de que los descendientes de españoles emigrados simpatizan en su mayoría con la izquierda. Refuerza esta idea el hecho de que las legaciones consulares con mayor número de solicitantes sean las de Argentina, México, Cuba y Venezuela, aunque tal vez muchos de ellos sólo aspiren a un pasaporte válido en toda la Unión Europea. Si el Ejecutivo creyese que son de derechas su voluntad de otorgarles el voto a toda prisa sería mucho menos enérgica. Pero la maniobra canta de lejos a operación de conveniencia de un partido en declive acuciado por la certeza de que, salvo en el tarot demoscópico de Tezanos, no le salen las cuentas.

La baza del Constitucional no está clara. Los plazos procesales y electorales corren y sólo pueden recurrir las partes (personas) afectadas. La toga de Pumpido tiene ya demasiado barro y su dueño no parece dispuesto a mancharla con otra faena poco aseada; ha cumplido con la amnistía y debe de ver escasa materia para hacer su magia. A Pedro le queda la vía improbable del decreto ley con rápida convalidación parlamentaria; su equipo está estudiándola. Si esa fórmula encalla no tendrá otro remedio que acatar la decisión y poner a la maquinaria diplomática a cumplir contra reloj la tarea de purga censal que tenía encomendada y que procrastinó adrede para sacar ventaja. No es justicia poética: es justicia real, justicia democrática contra el intento de hacer trampa.
 

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