Un resumén.
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Desaparecen las cláusulas suelo de las hipotecas, es decir, que en el caso de préstamos a un interés variable, la banca no podrá fijar un límite si el indicador de referencia baja -el euríbor a un año suele ser el más frecuente-.
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La banca deberá hacerse cargo del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), de las primeras copias del notario, de los gastos de registro y de gestoría.
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Los clientes deben abonar los gastos de tasación y las segundas copias del notario.
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Se refuerza la información previa al cliente. Las entidades financieras deberán dar toda la información necesaria para que los futuros hipotecados puedan entender las condiciones del crédito. La banca debe ofrecer dicha
información con una antelación mínima de diez días naturales antes de la firma de la hipoteca.
– La banca deberá volcar en la plataforma tecnológica de los notarios
las condiciones de los créditos.
– Se da más
protagonismo al notario. Deberá certificar que los bancos cumplen con sus obligaciones, y que los clientes entienden las condiciones de la hipoteca.
– El notario, de forma gratuita, debe explicar a los usuarios las condiciones de los créditos, realizar un test de comprensión al ciudadano, y reflejar esa información en un acta notarial.
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La norma también endurece los requisitos de solvencia de los demandantes de hipotecas, ya que la banca deberá analizar la situación de empleo, ingresos presentes y previsibles, activos en propiedad, ahorros, o los gastos fijos.
– Las
comisiones de amortización anticipada bajan a la mitad para las hipotecas de tipo fijo (2 % durante los 10 primeros años y 1,5 % a partir de este período).
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Se endurecen las condiciones para desahuciar al cliente por impago, ya que el proceso solo podrá comenzar si hay doce cuotas impagadas o el 3 % del capital en la primera mitad de la vida del préstamo, o bien 15 cuotas o el 7 % en la segunda mitad del mismo.
La ley hipotecaria: una exigencia europea
La norma es el resultado de la transposición de una directiva comunitaria que va con casi tres años de retrat, por lo que la Comisión Europea amenazó a España con una multa de más de 100.000 euros diarios.
Aunque ha tardado en aprobarse, España cuenta desde ahora con una nueva ley que, según los expertos, refuerza la protección y seguridad jurídica de los consumidores.
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