El gabinete Vox que se discute: Espinosa, Abascal y Ortega
Casi nadie cree que un programa electoral se cumpla. Y aun así, el primer ejercicio que se hace al imaginar un Gobierno de coalición es repartir carteras. El escenario que lanza una de las intervenciones coloca a
Espinosa en Economía, a
Abascal en la Vicepresidencia, a
Ortega en Interior y a
José María Sánchez en Justicia. La pregunta interesante no es si ese gabinete llega a existir, sino qué quedaría de sus promesas si llegara.
Qué ministerios se atribuyen a Vox en el reparto que se comenta
El punto de partida de la conversación no es un programa: es un organigrama. Cuatro nombres y cuatro carteras pesadas —Economía, Vicepresidencia, Interior y Justicia— colocadas antes de que nadie haya votado. En ese primer movimiento hay una confesión involuntaria: se da por hecho que el partido que negocia su entrada en el Gobierno no va a gestionar, va a ocupar.
Y si el reparto va primero, el contenido queda para después.
Programa, en este contexto, suena a papel mojado antes incluso de escribirse. La discusión empieza por los sillones y no por las medidas, lo que dice bastante del nivel de confianza que genera la política económica que vendría después.
¿Se cumplen los programas electorales en España?
La respuesta que domina es un no rotundo. El argumento central: un programa es un plan de marketing pensado para captar votos, y quien lo redacta lo sabe perfectamente. La prueba que se exige a quien defiende lo contrario es sencilla y demoledora: que lo hagan vinculante si se atreven. Nadie lo hace. Nunca.
Sobre esa base se construye la tesis más repetida: gobierne quien gobierne, el resultado será el mismo, porque el poder real no está donde se decide el color del Gobierno. Cambian los discursos, no las políticas.
El caso concreto que se pone encima de la mesa es la eliminación de organismos públicos y entes subvencionados. Hay quien sostiene que ese mensaje es
impopular precisamente por la cantidad de gente que vive, directa o indirectamente, del presupuesto público, y que por eso no se ejecutaría con la contundencia prometida en campaña. Es el clásico problema del que promete recortar grasa y descubre que la grasa vota.
Ni todos los reproches van en la misma dirección. A un lado se recuerda que se han subido los sueldos en cuanto se ha tocado poder municipal y la escasa experiencia laboral fuera de la propia estructura del partido; al otro se replica con dos décadas de amenazas y atentados contra el líder y su familia. Cuando el debate se calienta, los datos dejan paso al currículum.
Quién manda de verdad: el argumento de Bruselas
Buena parte de la discusión se refugia en un techo superior. La tesis: gane quien gane, las políticas que de verdad se apliquen vendrán dictadas desde fuera —hasta la última coma—, y lo único que cambiará será el color del envoltorio. Unos lo atribuyen a los tratados y a la pertenencia a la Unión Europea; otros suben un escalón más y hablan de intereses financieros internacionales sin rostro.
Conviene decirlo sin adornos: esa segunda parte se lanza en la conversación y no viene acompañada de ninguna prueba. Como marco de sospecha funciona; como diagnóstico, es fe. Lo que sí admite discusión es el margen real: cuánto de un programa propio sobrevive al primer Consejo Europeo, al primer requerimiento y a la primera cifra de déficit que se sale de rango.
El precio del apoyo: ocho millones y un cisma
Aquí aparece el cálculo más jugoso del asunto. Un resultado de
ocho millones de votos para Vox, sostiene una de las intervenciones, no sería una victoria cualquiera: obligaría al PP a elegir entre gobernar con el partido al que lleva años criticando o pactar con el PSOE bajo el argumento de frenar a la extrema derecha. Ninguna de las dos salidas es cómoda, y las dos dejan al vencedor moral sin Gobierno.
De ahí la conclusión táctica que recorre el tramo final: Vox tendría que poner carísimo su apoyo, y cobrarlo
a precio de ministerio por ministerio. Otra vez el organigrama antes que el contenido. La política como subasta.
Una elección sin buena salida
El resumen de fondo es incómodo: votar a los partidos que se han alternado durante décadas o votar al que nunca ha gobernado, con el riesgo de llevarse la misma decepción que otros ya se llevaron con formaciones emergentes. Prometen bajar los impuestos más de la mitad; ninguno de los escépticos espera vérselo. Y de propina, un recordatorio amargo: la cultura financiera básica —qué es una devolución de Hacienda o por qué una paga extra es un espejismo— sigue siendo asignatura pendiente.
¿Y si al final la gran sorpresa no fuera quién entra en el Gobierno, sino cuánto de lo prometido sobrevive al primer lunes en el poder?