El plan de regularización duplica previsiones: más de 900.000 solicitantes
Las cifras oficiales del proceso de regularización de inmigrantes en España han superado todas las expectativas. A menos de dos semanas del cierre del plazo, más de 900.000 personas han registrado su solicitud, duplicando la estimación inicial del Gobierno de Pedro Sánchez de 500.000. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Inclusión a ABC, un dato que ha reabierto el debate sobre la capacidad del país para absorber este volumen migratorio.
Los expertos ya hablan de un posible colapso en servicios básicos como vivienda, sanidad y educación. La sanidad pública, según algunos análisis, arrastra problemas de saturación desde 2026, con listas de espera que se alargan meses. En vivienda, la presión sobre el mercado es evidente: mientras desde formaciones políticas como Más Madrid se argumenta que hay suficientes pisos vacíos, la realidad es que los precios no dejan de subir y el parque de vivienda asequible se reduce.
En el ámbito educativo, las aulas también notan la tensión. El incremento de alumnos en colegios públicos, especialmente en zonas de alta concentración migratoria, obliga a buscar soluciones estructurales que el sistema no parece tener preparadas.
El debate de fondo es político. Hay quien sostiene que la estrategia del Gobierno se sustenta en una maquinaria de gasto social financiada por el BCE y unos impuestos crecientes, mientras la oposición critica que se "compra" el voto con ayudas que privilegian al sector no productivo. Pero más allá de los eslóganes, los datos cantan: la población en España ha crecido de forma acelerada y las infraestructuras públicas no se expanden al mismo ritmo.
El cierre del plazo para solicitar la regularización está a la vuelta de la esquina. Las ONG implicadas en el proceso ya advierten de que el número final podría incluso superar el millón. La pregunta es si el sistema aguantará o si, como auguran los expertos, nos dirigimos hacia un colapso anunciado.