Corrupción: Se va a liar MUY PARDA la noche del 29N, la mitad de la población no aceptará los resultados electorales (CIS):

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Dos posibles opciones

1.- Crear un escenario para no celebrar elecciones
2.- Crear un escenario para volcar el electorado a su favor como ya hicieron en 2004, en un ataque extremista violento de trenes en madrid conocido como 11M
 
Burubux dijo:
Claro, porque es el PSOE el que los ha metido, que es el que tiene las competencias en inmi gración, no Ayuso ni Abascal, es fácil de entender.
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Yo no tengo PSOE ni soy del PSOE ni voy a votar y es más, recomiendo no votar a ningún partido en ningunas elecciones.

Dicho ésto, llenar occidente de forasteros es un objetivo transversal a los ODS de la 2030, e incluso hay GOALS que proponen aumentar las migraciones, lo puedes comprobar por ti mismo.

Tanto Antonio, como el resto de sociatas, como Ayuso, como el resto de peperos como VOX allá donde toca poder no solo aplican Agenda2030 a sus políticas, sino que reportan sus avances por medio de KPIs, cosa que también tú mismo podrás comprobar.
 
Aunque el Supremo se ha ratificado en sus medidas cautelares para excluir a los falsos nacionalizados nietos con la instrucción de Puentes, el gobierno afirma que es "muy complicado aplicarlas y que las está estudiando". ¿Qué pasa si sigue pasando el tiempo, y el gobierno permite que toda esa gente vote, y mezcla votos legales con ilegales y las suma al recuento? Se habría incumplido las medidas cautelares, pero "de aquella manera", no por una actitud rebelde, sino con la excusa de que "no es materialmente posible el filtrado", y que se ha preferido respetar el derecho de los ciudadanos por encima del cumplimiento de la medida, de imposible aplicación en el plazo que hay. ¿Qué consecuencia tendría esto? ¿El voto CERA se contabiliza aparte? ¿Podrían los partidos de la oposición, si sospechan un embeleco porque el voto CERA no concuerda en nada con el voto en urna, pedir que se anule todo ese voto, y el Supremo, considerando que el gobierno les ha tomado el pelo, decretarlo?


El escenario planteado toca el centro del Derecho Electoral y Constitucional español. Para analizar las consecuencias de que las medidas cautelares no se ejecuten por «imposibilidad material» o «filtrado inviable», es necesario diferenciar el plano logístico (cómo se contabiliza) del plano jurídico y penal (responsabilidades y posible anulación de votos).

1. ¿El voto CERA se contabiliza aparte?​

Sí. El voto de los ciudadanos inscritos en el Censo de los Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) no entra en las urnas el día de la jornada electoral presencial.

  1. Procedimiento de escrutinio: El día de las elecciones únicamente se contabiliza el voto presencial y el voto por correo de residentes en España (CER).
  2. Escrutinio CERA (Día C+5): Cinco días después de la jornada electoral, las Juntas Electorales Provinciales (JEP) llevan a cabo el escrutinio general, donde se abren e introducen en urnas los sobres de los electores CERA enviados desde las oficinas consulares o por correo certificado.
  3. Desglose de datos: Dado que el escrutinio CERA se realiza en mesas constituidas específicamente en cada Junta Electoral Provincial, sus resultados quedan plenamente consignados en actas independientes por cada circunscripción antes de sumarse al recuento definitivo.

2. ¿Podría la oposición pedir la anulación del voto CERA o del proceso?​

Sí, y existen mecanismos formales para ello.
El procedimiento ante sospechas o irregularidades en el censo se canaliza de la siguiente manera:

  • Reclamación previa ante la Junta Electoral Central (JEC): Tras la proclamación de electos o el escrutinio general, las candidaturas pueden formular reclamaciones alegando que el censo utilizado incluía a personas cuya inscripción fue suspendida judicialmente.
  • Recurso Contencioso-Electoral: Si la JEC no desestima o desatiende el reclamo, las formaciones políticas pueden acudir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (y posteriormente en amparo al Tribunal Constitucional) impugnando la proclamación de electos o los resultados en circunscripciones específicas.

¿Llegaría el Tribunal Supremo a anular todo el voto CERA?​

Para que los tribunales decreten la anulación de un paquete de votos o exijan la repetición de unas elecciones en una circunscripción, la jurisprudencia constitucional exige determinación y trascendencia en el resultado:

  • Prueba del vicio: Debe probarse que se fruta sufragios emitidos por personas suspendidas de censo.
  • Relevancia electoral (Nulidad substancial): La nulidad de un proceso o un bloque de votos no se acuerda por mero incumplimiento formal, sino si el número de votos irregulares pudo alterar la adjudicación de escaños en la circunscripción afectada.
  • Medida de anulación: Si el voto ilegal no se puede desglosar (por haberse mezclado dentro de las urnas CERA sin posibilidad de trazabilidad física), el Supremo podría declarar la nulidad del recuento CERA en las provincias donde el margen de escaños fuera inferior al volumen de sufragios afectados, o incluso retrotraer las actuaciones si se demuestra una quiebra sustancial de las garantías electorales.

3. Consecuencias jurídicas para el Gobierno si alegara «imposibilidad material»​

Si el Supremo ha dictado un mandato cautelar denegando la suspensión del criterio y ordenando la exclusión o separación del censo a los afectados, el argumento de la «imposibilidad material» presenta serias complicaciones legales:

ÁmbitoImplicación Jurídica
Pérdida de legitimidad de la elecciónLa alteración del censo afecta a la pureza del sufragio. Si votan personas sin derecho acreditado según cautelares, los resultados finales quedan bajo constante sombra de ilegitimidad constitucional.
Responsabilidad penal por Desobediencia (Art. 410 C.P.)La inasistencia o desacato deliberado a una resolución cautelar ratificada por el Tribunal Supremo excede el debate administrativo. Los cargos de la Administración (Ministerio del Interior, Oficina del Censo Electoral o la Dirección General competente) podrían ser querellados por desobediencia a la autoridad judicial si se demuestra que omitieron los medios de filtrado a su alcance.
Intervención de la Junta Electoral Central (JEC)La JEC es el órgano garante de la transparencia del proceso. Ante una inacción del Gobierno, la JEC puede cursar instrucciones imperativas a las Juntas Provinciales para ordenar que los votos procedentes de las inscripciones cauteladas sean custodiados aparte y no se computen hasta verificar su validez.

Resumen del escenario​

Si el Gobierno no filtra las inscripciones y los votos cautelados acaban sumados al cómputo final:

  1. No hay impunidad automática: La oposición podrá presentar recursos contencioso-electorales pidiendo la anulación del escrutinio CERA en las provincias ajustadas.
  2. Criterio de alteración de escaños: Si se demuestra que la inclusión de los votos invalidados cambió el reparto de escaños en alguna provincia, los tribunales tienen la facultad de anular la proclamación de electos en dicha circunscripción y dictaminar la corrección del cómputo o la nulidad de esa parte de la votación.
  3. Consecuencia para los responsables: El argumento de "priorizar el derecho a voto sobre la medida judicial" no exime del cumplimiento de autos judiciales firmes, abriendo la puerta a expedientes sancionadores e investigaciones penales contra los órganos ejecutivos encargados de la gestión del censo.

Téngase en cuenta que, en esos procesos posteriores, la Fiscalía, la Junta Electoral y el TC podrían estar controlados por el partido en el gobierno, y actuar de parte de manera sectaria.


Si se parte de la premisa de que las instituciones de control —como la Fiscalía General, la Junta Electoral o el propio Tribunal Constitucional— actúan bajo una alineación política gubernamental, el panorama jurídico cambia radicalmente. En teoría constitucional, los contrapesos (checks and balances) están diseñados para frenar al Ejecutivo; pero cuando esos mismos órganos de garantía son percibidos como alineados políticamente, el sistema de recursos pierde su eficacia neutral.

Ante un escenario de politización institucional extrema, la dinámica de un embeleco o incumplimiento de medidas cautelares se desplaza del terreno puramente técnico al colapso del Estado de derecho.

1. El blindaje institucional: ¿cómo actuarían los organismos de control?​

Bajo la hipótesis de que las instituciones operan como una correa de transmisión del Gobierno, los filtros de corrección se neutralizarían de la siguiente manera:

  • La Junta Electoral Central (JEC): Aunque cuenta con magistrados del Tribunal Supremo (lo que tradicionalmente le otorga cierta independencia técnica), si existe una mayoría o una dinámica de voto bloqueada, sus resoluciones ante las reclamaciones de la oposición podrían minimizar el impacto del incumplimiento. Podrían resolver que el defecto de censo es "insubsanable en plazo" o "irrelevante para alterar el resultado global", desestimando de plano los recursos de nulidad.
  • La Fiscalía: Si se interpusieran querellas por desobediencia o prevaricación contra los altos cargos del Gobierno por no aplicar las cautelares del Supremo, una Fiscalía con dependencia jerárquica y línea afín al Ejecutivo podría archivar las diligencias o solicitar el sobreseimiento inmediato, alegando que la administración actuó bajo el principio de "buena fe" y "garantía del derecho fundamental al sufragio" ante la imposibilidad material.
  • El Tribunal Constitucional (TC): Con una mayoría afín al Gobierno, los recursos de amparo o las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición por vulneración de la pureza electoral (Artículo 23 de la Constitución, derecho al sufragio en condiciones de igualdad) encontrarían un muro de contención doctrinal, con sentencias desestimatorias que avalen la primacía de la participación ciudadana frente a fallos cautelares de la jurisdicción ordinaria (Tribunal Supremo).

2. El colapso del sistema de recursos: ¿qué vías le quedan a la oposición?​

Cuando la vía institucional interna se bloquea por la afinidad de los órganos de garantía, el conflicto se traslada necesariamente fuera del tablero nacional:

  1. La vía europea (Tribunal de Justicia de la Unión Europea y TEDH): Ante la imposibilidad de hallar tutela judicial efectiva en España, los partidos perjudicados podrían acudir a instancias europeas. Sin embargo, los tribunales europeos operan con plazos lentos (meses o años), por lo que un recurso en Estrasburgo o Luxemburgo no evitaría que el Gobierno investido tomara posesión y ejerciera el poder durante toda la legislatura. Como mucho, podría dictaminarse una "vulneración de garantías democráticas a posteriori", pero con efectos prácticos muy limitados sobre un gobierno ya constituido.
  2. La crisis de legitimidad política y social: Si la oposición y una parte significativa de la ciudadanía perciben que el resultado electoral ha sido adulterado mediante una maniobra en el censo con la complacencia de los árbitros institucionales, el conflicto deja de ser jurídico y se convierte en una crisis de régimen. Las consecuencias se trasladan a la calle, a la ruptura total de los consensos constitucionales y a la impugnación de la legitimidad de las Cortes resultante.

Consecuencia final del escenario​

Si las instituciones de control actúan de parte, el incumplimiento de las cautelares deja de tener la consecuencia jurídica ordinaria (anulación de votos o condena penal a los responsables) y pasa a ser consumado e impune.
El argumento de la "imposibilidad material" deja de ser una excusa jurídica rebatible para convertirse en una coartada protegida por los propios órganos llamados a fiscalizarla, evidenciando que el control político ha absorbido por completo al control neutral del Estado.

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El problema es que no hay oposición, pues el novio del traficante y el sionista la verdad es que no seducen gran cosa, entre otras cosas por estar financiados por enemigos de España. Pero vamos, que me da igual. Como abstencionista durante más de dos décadas, estos experimentos sociológicos que hacen los amos con vosotros me los tomo como una peli de serie B de esas en las que te ríes de lo malas que son.

Ah, y otra cosa son las cifras. El Pepox ya ha dicho bien clarito que se va a cargar las pensiones y entre pensionistas y funcionarios, además de los que citan por ahí arriba con sus tinglados de ecogenaro, suman una pila de votantes defendiendo lo suyo.

Interesante esta falsa democracia de serie B, siempre que no te involucres demasiado, pues lo único que quieren TODOS es tu pasta y reírse en tu cara. También hay quienes parecen buscar un enfrentamiento civil, pero yo creo que lo hacen más por analfabetismo que por maldad, pues desde la gloria del dictador en España sólo ha habido y va a haber UN partido: el PPSOE.
 
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