Se prepara subida del iva al 21% para los pisos turísticos

Vivienda negocia elevar el IVA de los pisos turísticos al 21%​

¿Qué pasa si el piso que se anuncia en una plataforma de alquiler vacacional deja de tributar como una vivienda y empieza a hacerlo como un hotel? El Ministerio de Vivienda ha abierto una ronda de contactos con los socios habituales del Gobierno para sacar adelante una ley que eleve el IVA de los pisos turísticos al 21%, equiparándolos así a la fiscalidad hotelera. Lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de año dentro de un paquete para atajar la crisis del mercado residencial, y ahora toca buscar los votos.

La ministra Isabel Rodríguez pilotará la negociación. En su entorno admiten el problema aritmético: «Las mayorías son las que son», reconocen, y el Congreso ya tumbó antes la Ley del Suelo. El paquete no se queda en el IVA: incluye el nuevo Plan Estatal de Vivienda con construcción de casas de titularidad pública permanente, la movilización de los 30.000 activos de la Sareb a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda y una reforma del régimen fiscal de las socimis que controlen vivienda para empujarlas al alquiler asequible.

Qué cambia para el propietario que alquila por días​

El primer malentendido hay que deshacerlo ya: el IVA lo paga el consumidor final. Al propietario, en principio, le da igual que el tipo sea del 10% o del 21%, porque lo repercute en el precio del anuncio. Quien reserva tres noches en la costa o en el centro de una capital verá la factura más cara, y ahí empieza el problema de verdad: si el viajero compara, el apartamento turístico pierde el diferencial que lo hacía imbatible frente al hotel de al lado.

Hay quien sostiene que la medida llega tarde y que el fraude se ha instalado en el sector desde hace años. La mayoría de los pisos turísticos serían directamente ilegales y no pagarían nada, según una de las corrientes más repetidas en el análisis. Bajo esa tesis, subir el tipo impositivo a los que ya declaran castiga al que cumple y deja intacto al que opera en negro. La respuesta oficial a eso es doble: más inspectores y cruce de datos con las plataformas.

La matrícula digital y el cerco a las habitaciones sueltas​

Cataluña aparece en el análisis como el laboratorio donde ya se ha probado el kit completo. Allí todos los tipos de alquiler están regulados y controlados por la autoridad, incluido el temporal, y se han limitado precios. Entra en vigor una matrícula digital que obliga a declarar las habitaciones y a justificar contratos, con pagos por transferencia para evitar el fraude de ley. El cálculo que circula entre propietarios es incómodo: si el índice marca 700 euros para un piso, dividir esa cifra entre habitaciones declaradas deja rentabilidades que no cuadran con la hipoteca.

La trampa está en los que convirtieron el salón en una habitación más, con obra incluida. Ahí el cepo aprieta por dos lados, el urbanístico y el fiscal. Se habla de la contratación de un centenar de inspectores para cazar los casos que se fugaron al alquiler temporal y a las habitaciones sueltas cuando la norma apretó el alquiler de larga duración.

El turismo como industria y el precio que paga el vecino​

El otro frente del asunto no es fiscal, es de convivencia. En barrios que nunca fueron turísticos empiezan a multiplicarse los anuncios, y en capitales de provincia y zonas de playa el porcentaje ya es considerable. La queja se repite: el edificio residencial no está pensado para albergar estancias de cinco días, y el vecino asume ruido, gastos y desgaste sin participar del negocio.

Frente a eso, el argumento económico clásico: buena parte del país vive del turismo y no hay plan industrial a corto plazo que lo sustituya. Perjudicar el sector, dicen, es lo último que conviene. La contra replica que una industria de salarios bajos y externalidades caras convierte las ciudades en parques temáticos y expulsa a los residentes cada vez más lejos, con más gasto en transporte y menos calidad de vida. Y que cuando llegue la próxima crisis, el tinglado se hunde solo.

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Queda el detalle que nadie discute: la tramitación exige apoyos externos que hoy no están amarrados. Con la aritmética parlamentaria en el aire, el IVA turístico al 21% es, de momento, un compromiso con fecha de negociación y sin fecha de aprobación.