Se gasta préstamo de 238.000 y la justicia dice que no tiene que devolverlo, ya lo pagamos los demás.

Deuda de 238.000€ perdonada: así funciona la segunda oportunidad​

Un vecino de Burgos ha conseguido que un juez le exima de devolver 238.000 euros en préstamos tras acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. La noticia ha reabierto el debate sobre un mecanismo legal que permite a personas físicas cancelar sus deudas, siempre que cumplan requisitos como la insolvencia y la buena fe. Pero, ¿quién acaba pagando el pato? La respuesta no es tan sencilla como parece.

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?​

La Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), conocida como ley de segunda oportunidad, se regula en el Texto Refundido de la Ley Concursal tras la reforma de 2022. Permite a particulares y autónomos cancelar deudas impagables demostrando insolvencia y buena fe, es decir, sin haber ocultado bienes ni cometido fraudes. Quedan excluidas las deudas por delitos, pensiones alimenticias y, en parte, las fiscales: hasta 10.000 euros con Hacienda y otros 10.000 con la Seguridad Social pueden ser exonerados, pero no el resto. Esto genera una paradoja: mientras que un deudor puede librarse de 238.000 euros con un banco, el fisco siempre cobra hasta cierto límite.

¿Quién asume el coste real?​

Contrario a lo que sugiere el titular, no son los contribuyentes quienes pagan directamente, sino los acreedores. En este caso, las entidades financieras y los particulares que prestaron el dinero asumen la pérdida. Sin embargo, ese coste se traslada al sistema: los bancos endurecen las condiciones crediticias y suben tipos para cubrir riesgos, lo que acaba afectando a todos los clientes. Por otro lado, la ley permite acogerse más de una vez, con un intervalo de 2 a 5 años, lo que genera dudas sobre su uso abusivo. En la práctica, los requisitos de buena fe son difíciles de fiscalizar, y algunos ven en la EPI una lotería para quien sabe jugar sus cartas.

El debate se polariza entre quienes defienden la segunda oportunidad como un mecanismo necesario para evitar la exclusión financiera y quienes la consideran una puerta giratoria para estafadores. Lo cierto es que, mientras Hacienda siempre se lleva algo, los acreedores privados se quedan con el marrón. Y, como en toda crisis, el coste se socializa de forma indirecta.

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