Se fuga de España el líder de la mafia del narcotráfico jovenlandés por una "descoordinación judicial".......

Se fuga el líder de la Mocro Maffia tras una fianza de 50.000 euros​

Una fianza de 50.000 euros no disuade a nadie capaz de mover cientos de millones en cocaína. Karim Bouyakhrichan, señalado como uno de los capos de la organización conocida como Mocro Maffia y considerado por los investigadores el delincuente más buscado y peligroso de Holanda, quedó en libertad provisional tras dos meses en la cárcel. Se le retiró el pasaporte, se le obligó a comparecer cada dos semanas en el juzgado y se le impuso una fianza. Después desapareció. La Audiencia Nacional ha dictado ya una orden internacional de búsqueda y captura. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha despachado el asunto como «una noticia preocupante» y ha confiado en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo pongan a disposición judicial «cuanto antes».

De la macrooperación de enero al rastro perdido​

La detención se produjo el 24 de enero, en una de las operaciones más importantes de la Policía Nacional contra esta estructura y que se venía gestando desde años atrás. El juzgado de instrucción número 4 de Marbella decretó su ingreso en prisión provisional. La red llevaba tiempo asentada en la Costa del Sol y el detenido vivía allí, según el relato policial, con bastante tranquilidad pese a las cuentas pendientes con la justicia de su país.

La organización se dedicaba al tráfico internacional de estupefacientes a gran escala: introducción de grandes cantidades de cocaína y blanqueo de capitales, con una infraestructura personal, marítima y mercantil que operaba en Málaga, Barcelona, Melilla y Marbella, además de en el extranjero. Era, según los investigadores, el golpe más ambicioso hasta la fecha contra este entramado criminal neerlandés.

¿Por qué se le dejó en libertad con una fianza de 50.000 euros?​

Porque el juzgado de Marbella impuso libertad con medidas cautelares después de dos meses de prisión provisional, y esa decisión contó con el aval de la Fiscalía Antidroga. Entre las condiciones figuraban la retirada del pasaporte, la comparecencia quincenal en el juzgado y el pago de una fianza de 50.000 euros.

La explicación que circula entre quienes siguen este tipo de sumarios es menos inocente que la versión oficial. Hay quien sostiene que, cuando el ministerio fiscal respalda una salida de prisión en un caso así, suele haber detrás algún tipo de colaboración: información sobre otras bandas, o sobre la propia estructura si alguno de sus escalones resulta prescindible. No consta en el relato publicado ninguna contrapartida de ese tipo, y la tesis se queda, de momento, en eso.

La extradición que no se activó y la citación a la que no acudió​

Países Bajos pidió su entrega, pero la orden no llegó a activarse porque el detenido tenía causas pendientes en España. Después llegó una ampliación de la orden de extradición y la Audiencia Nacional lo citó para comunicarle el trámite. Nunca se presentó.

Holanda lo tenía en el primer puesto de su lista de objetivos y el caso ha acabado en sus portadas, con despliegue en medios como De Telegraaf y NU.nl. En el material publicado se recuerda además que a esta organización se le ha atribuido la amenaza de muerte contra la heredera de la Corona neerlandesa, un episodio que las autoridades del país llevan años tomándose muy en serio.

Narcoestado: la comparación con Sinaloa que no se cae​

La reacción mayoritaria no se detiene en el fallo concreto. Se argumenta que esto ya no es un error aislado, sino la prueba de que España se ha convertido en un narcoestado donde los juzgados de la Costa del Sol se parecen demasiado a los de Sinaloa y donde estamos, dicen, «a un paso y medio» de Venezuela o del México de los carteles. El argumento se apoya en el contraste: una fianza de 50.000 euros para quien maneja cientos de millones y tiene medios de sobra para desaparecer.

La otra corriente, minoritaria, sostiene que si España lleva una década sin acabar como México es precisamente porque al resto de europeos no le interesa que su cortijo de vacaciones se deteriore más de la cuenta. Y una tercera línea, más incómoda, traslada la culpa del Estado a la sociedad que vota a quienes lo gestionan.

Las comparaciones se han extendido, en el debate, a otros episodios recientes: la prisión provisional dictada contra el anciano que se defendió de un intruso armado, o los dos guardias civiles imputados por la muerte de un ocupante de una narcolancha en Sanlúcar de Barrameda.

¿Quién responde por la fuga?​

A día de hoy, nadie. No consta sanción alguna contra el juez que decretó la libertad con medidas cautelares, ni expediente abierto por la falta de coordinación que el propio relato oficial invoca. La petición de responsabilidades se queda en el aire y el asunto se pierde, como tantas veces, entre la instrucción de Marbella, la Audiencia Nacional y las autoridades neerlandesas.