*Tema mítico* : Se está liando parda en Venezuela (VI): ALZAMIENTO MILITAR

El alzamiento del 30A que duró horas y dejó a Guaidó sin relato​

El 30 de abril de 2019 un grupo de militares desafectos sacó a Leopoldo López de su arresto domiciliario y lo puso frente a una cámara en Caracas. Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado, llamó a la Fuerza Armada a sublevarse. El alto mando no se movió. El efecto sorpresa se diluyó en menos de dos horas. Lo que se vendió como el principio del fin terminó siendo una demostración de a quién obedecían los cuarteles.

Dos años después el episodio sigue sin cerrarse. Dejó una embajada europea de por medio, 20.000 dólares prometidos a militares sublevados y nunca pagados, uniformados heridos de bala hospitalizados, según se dijo en el hilo, y una secuencia de operaciones posteriores tan chapuceras que se convirtieron en el mejor argumento del oficialismo. Y dejó una pregunta incómoda: si el objetivo real nunca fue ganar, ¿para qué se hizo?

Qué pasó el 30 de abril de 2019 en Caracas​

La liberación de López se atribuyó en caliente a vigilantes de los servicios de inteligencia que habrían acatado un supuesto indulto firmado por el propio Guaidó. El relato nunca pasó de ahí. El opositor y su familia acabaron refugiados primero en la embajada de Chile y después en la residencia del embajador de España en Caracas, y el asunto derivó en un choque diplomático que se recuerda más por el cómo que por el porqué.

Circuló entonces la versión, difundida por una emisora española, de que López no había llegado andando a la residencia, sino en un vehículo diplomático y con conocimiento del Ministerio de Exteriores. El gobierno nunca confirmó ese extremo y otros mantienen que el dirigente entró a pie. Lo único verificable es el marco legal que se invocó después: el artículo 45 de la Convención de Viena obliga al Estado receptor a proteger los locales de una misión incluso en caso de conflicto armado. Con ese artículo en la mano se discutió durante semanas si detener a López en la residencia equivalía a atacar suelo español, algo que Guaidó llegó a describir como una amenaza de guerra contra España. Suena grandilocuente. Y lo era.

Mientras la diplomacia se enredaba, un dato se repitió poco: ocho militares acabaron hospitalizados con heridas de bala ese día, según el relato de un participante del hilo. En España apenas se mencionó.

Los 20.000 dólares que nunca llegaron a Cúcuta​

El capítulo más humillante no ocurrió en Caracas. Los uniformados que cruzaron la frontera y se declararon en rebeldía fueron alojados en un hotel de Cúcuta, en Colombia, con la promesa de 20.000 dólares por cabeza. El plazo se agotó, el dinero no apareció y los militares acabaron desalojados del hotel por impago. El detalle tiene su gracia amarga: quien no pagó fue el mismo equipo que llevaba meses denunciando la corrupción del régimen.

En paralelo, el fundador de la empresa de seguridad Blackwater llegó a pedir 5.000 mercenarios para tumbar a Maduro. La cifra, difundida en redes financieras, nunca se materializó en nada, pero alimentó una idea que se repetiría durante dos años: la de que el problema no era la falta de voluntad política, sino la de ejecutores competentes.

La Operación Negro Primero y el pelotón más cutre imaginable​

En mayo de 2020 la policía y la Fuerza Armada anunciaron la frustración de una incursión marítima en las costas de Macuto, en La Guaira, bautizada oficialmente como Operación Negro Primero. El saldo: ocho fallecidos y un puñado de detenidos. La puesta en escena, sin embargo, se desmontó sola.

En las fotos del material incautado aparecían dos radios antiguas y de modelos distintos, una factura odontológica de 2014, tarjetas de crédito ya vencidas y un papel con las coordenadas del objetivo anotadas a mano. La conclusión que se impuso entre los observadores más escépticos fue que ni el equipamiento de un excursionista de fin de semana se sostiene con eso. Un analista lo resumió con retranca: los invasores mejor documentados de la historia, cédulas viejas incluidas, por si en mitad del desembarco había que tramitar el pasaporte.

La hipótesis que se abrió paso en ese momento era más incómoda todavía: que Guaidó hubiera quedado tan expuesto como organizador de dos intentos fallidos podía ser intencionado, una forma de quemarlo para justificar una escalada mayor. Nadie lo ha demostrado. Pero la sospecha encaja con la tesis más repetida entonces, la de que la Casa Blanca necesitaba un pretexto, no un resultado.

Por qué la gasolina se convirtió en el frente económico​

Con el frente militar cerrado, la presión se trasladó al combustible. En mayo de 2020 llegaron a aguas venezolanas cinco petroleros iraníes con un cargamento estimado de 1,53 millones de barriles de gasolina. El primero, el Fortune, entró escoltado por la Armada; el segundo, el Bosque, fue acompañado por el patrullero PO-13 Yekuana hasta la zona económica exclusiva. El gesto tenía tanto de logístico como de simbólico: Teherán enviando combustible a un país petrolero.

Ese mismo mes el gobierno anunció una subida del precio de la gasolina que rompía con décadas de tarifa prácticamente gratuita. La Asamblea Nacional que presidía Guaidó aprobó un acuerdo de rechazo en sesión extraordinaria virtual, con el argumento de que el combustible ya estaba pagado con dinero del pueblo y no se podía cobrar dos veces. El oficialismo respondió con su propia letanía: la gasolina había dejado de ser gratis por el bloqueo y el sabotaje.

Antes, en 2019, el gobierno había repartido medio petro a 3,5 millones de trabajadores públicos y 4,5 millones de pensionistas en lo que presentó como un ensayo. Poco después, comerciantes de estados como Lara empezaron a aplicar recargos de hasta el 50 % cuando el pago se hacía con esa criptomoneda, según los casos que se denunciaron entonces.

Salario de 63 centavos y dolarización de facto​

Los números que se manejan sobre el terreno son los que desactivan cualquier entusiasmo. El salario mínimo base quedó fijado en 1.800.000 bolívares, equivalentes a unos 0,63 dólares, con un bono de alimentación del mismo importe. La renta per cápita de 2021 se estimaba en 1.627 dólares anuales, unos 120 euros al mes.

Al mismo tiempo, el país se dolarizó por la vía de los hechos. Según los datos que se citan de la consultora Ecoanalítica, el dólar se utiliza en casi dos tercios de las transacciones, los comercios marcan precios en divisa y el bolívar sobrevive devaluado sin llegar a desaparecer. No fue una decisión del gobierno: fue una adaptación de la gente. La otra cara es la producción petrolera, que alcanzó los 750.000 barriles diarios en diciembre, su nivel más alto desde febrero de 2020, impulsada por el condensado iraní para diluir el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.

Hay un dato que se cita como contraste incómodo: la FAO incluyó a Colombia en su lista de países con hambre aguda y descartó a Venezuela. Y otro que se repite desde el oficialismo: 3,9 millones de viviendas entregadas, con más de 500 medidas coercitivas sobre el país, según su propio recuento.

La frontera con Colombia: Arauca, Apure y la guerra por el relato​

En 2021 el foco se movió a la frontera. Tras el asesinato de 23 personas en varios municipios del departamento colombiano de Arauca, Bogotá envió dos batallones a la zona y Caracas desplegó efectivos de la Fuerza Armada en el estado Apure, advirtiendo de que respondería con contundencia ante cualquier agresión a su soberanía. Colombia acusó a Venezuela de dar cobijo a grupos armados ilegales. Venezuela acusó a Colombia de montar un falso positivo para justificar una escalada.

Las dos lecturas convivieron sin reconciliarse. El desplazamiento forzado en Colombia, que según los datos citados aumentó un 200 % en el último año, sirvió de munición a ambas partes. Y de fondo, la cifra que se repetía para desactivar cualquier aventura militar: ningún país de la región tenía medios ni ganas de entrar, y Estados Unidos no iba a traer de vuelta divisiones de tres continentes para hacerlo.

El interinato se apaga entre tribunales y embajadas​

El desgaste no vino solo de Caracas. En noviembre de 2019 la renuncia de Evo Morales en Bolivia tras el informe de la OEA reabrió el manual completo: acusaciones de fraude, presión en la calle, sugerencia militar de dimisión. Buena parte del arco político venezolano leyó el episodio como una repetición del guion propio y lo convirtió en argumento central de su relato.

En paralelo, el balance de los primeros 100 días del gobierno interino se redujo, según los críticos, a una sola cosa: el pago de los bonos de PDVSA. Alemania se negó a reconocer al enviado de Guaidó con rango de embajador. Panamá retiró las credenciales diplomáticas a la representante designada por el interinato. Un tribunal británico ordenó al equipo de Guaidó pagar 529.000 dólares al Banco Central de Venezuela, y la jueza Sara Cockerill avisó de que en la siguiente audiencia debían llevar el dinero o una excusa mejor. La respuesta fue alegar que las sanciones de Estados Unidos les impedían pagar.

A eso se sumó el asunto de la TeleSUR paralela, que el oficialismo bautizó como la república de Narnia: un supuesto relanzamiento del canal del que se llegó a afirmar que un intermediario ya había cobrado 6 millones de dólares por una reconstrucción que, según el relato del oficialismo, nunca existió. Circuló también la tesis de que el dirigente opositor había pasado en 2005 por un programa de entrenamiento en acción no violenta con sede en Belgrado y financiado por la NED.

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Dos años dan para mucho pronóstico fallido. En 2019 se dijo que Maduro caería por hambre, que las sanciones solo afectarían a su círculo, que la calle lo barrería en cuatro meses. Ninguna de las tres se cumplió en el plazo prometido, y las tres se reciclaron con la siguiente noticia. Lo que sí cambió fue el marco: un gobierno interino que no controlaba aduanas, ejército ni territorio, un oficialismo que sobrevive con alianzas rusas, chinas, iraníes y cubanas, y una población que resolvió su día a día en dólares mientras la política seguía discutiéndose en otros idiomas. ¿Cuánto de lo que pasó en Caracas lo decidieron realmente los caraqueños?