Sanidad prohibirá a los médicos que terminen el mir trabajar en la privada durante 5 años

Cinco años sin poder pasar a la privada para los médicos del MIR​

¿Puede el Estado decidir dónde trabaja un médico que ya tiene el título bajo el brazo? El Ministerio de Sanidad planea prohibir que quienes terminan el MIR ejerzan en la sanidad privada durante cinco años. La medida, aireada en la prensa económica, busca frenar la fuga de profesionales formados en la universidad pública hacia Francia, Reino Unido o Alemania. En el fondo sobrevuela una pregunta incómoda: si la carrera la hemos pagado entre todos, ¿debe algo el que se marcha?

Qué pretende Sanidad con la prohibición​

El argumento oficial es que formar a un médico cuesta una fortuna y la paga el contribuyente. Impedir que ese profesional pase de inmediato a la privada o emigre sería, en esa lógica, evitar que el erario subvencione a la competencia. El problema es que la idea choca de frente con la libertad de establecimiento y con un mercado laboral sanitario donde lo público y lo privado se reparten guardias, consultas y especialistas.

No es una figura nueva en la función pública. Sí es inédita en la profesión médica, acostumbrada a moverse con soltura entre ambos lados de la frontera. Y llega, según las propias fuentes que la filtran, como respuesta a un goteo que no se ha detenido: médicos españoles que se marchan nada más terminar su especialidad.

El espejo de los pilotos militares: diez años de servicio​

El símil más repetido es el de los pilotos del Ejército del Aire. Quien se forma en la academia militar queda vinculado al servicio un mínimo de diez años. Trasladado a la sanidad, ese paralelismo sugiere extender el compromiso a médicos y enfermeras formados en la pública. Hay quien directamente propone aplicarles la misma regla: una década de servicio en territorio nacional antes de poder volar libres.

La defensa de esa vía se apoya en una idea de reciprocidad. La formación costó un riñón y lo pagaron los impuestos de todos; lo mínimo es devolver algo. Los críticos replican que el compromiso de los pilotos se paga con unas condiciones y una carrera después, no con una prohibición en seco de firmar con quien te pague mejor.

¿Cuánto cuesta de verdad formar a un médico?​

Aquí empiezan las discrepancias numéricas. Una carrera de medicina en una universidad privada española se sitúa entre 120.000 y 150.000 euros. En Estados Unidos, la horquilla que se maneja ronda los 500.000. Frente a eso, la formación pública se financia con impuestos y el estudiante solo cubre una parte de la matrícula.

La propuesta que gana adeptos entre quienes defienden el cobro posterior tiene una variante más fina: que el Ministerio de Sanidad perciba el salario de esos médicos hasta que devuelvan el coste de su formación, y que a partir de ahí sean libres de ejercer donde quieran y cobrar lo que les ofrezcan. Incluso hay quien plantea avalar el retorno con propiedades de la familia directa del que emigra. El desglose completo de estas cuentas, partida a partida, es lo que deja la diferencia más llamativa entre lo público y lo privado.

Quien paga su carrera, ¿queda libre de ataduras?​

La excepción que más ampollas levanta es la de los titulados en la privada. Bajo la lógica de que no deben nada al conjunto de los contribuyentes, podrían irse a trabajar donde les convenga el día después de graduarse. Esa asimetría, sostienen algunos, convertiría la medida en un castigo para quien estudió en la pública, es decir, para quien entró por nota y no por talonario.

La respuesta de los partidarios es directa: si no te gusta la atadura, págate los estudios. Que eso ya no hace tanta gracia cuando toca aflojar de tu bolsillo. El punto flaco del argumento es que la universidad gratuita, como se recuerda, beneficia sobre todo a clases medias y altas, que son las que más acceden a la educación superior.

De la adscripción romana al modelo cubano​

Las comparaciones gruesas no faltan. Hay quien evoca la adscripción del Bajo Imperio romano, que ataba a cada individuo a su oficio, o directamente los sistemas de Cuba y Corea del Norte, donde salir del país es el problema y no el sueldo. El paralelismo es exagerado, pero señala un temor real: que la respuesta a la fuga de talento sea cerrar la puerta en lugar de mejorar la casa.

El contraargumento se apoya en un detalle que no es menor. En Cuba no hay universidades privadas; en España sí. Si existe una vía por la que alguien se costea su formación sin dinero público, la obligación de quedarse pierde justificación. La trampa, replican, es que ese camino solo está al alcance de unos pocos.

La letra pequeña y el matiz que cambia el titular​

Parte del ruido viene de una confusión. Lo que se ha llegado a plantear no afectaría a cualquier médico, sino a los jefes de servicio, que no ocupan el cargo por sorteo sino porque lo piden. La incompatibilidad con la consulta privada de tarde sería entonces una cuestión de dedicación, no de nacionalidad profesional.

Y de fondo queda la sensación de que la propia ministra matiza y recula conforme avanza el asunto. El diagnóstico más extendido es que la medida, si sale, saldrá descafeinada, mientras la fuga continúa y los hospitales siguen importando especialistas de medio mundo.

Al final, la disyuntiva sigue sobre la mesa: retener a los médicos a la fuerza o pagarles lo que valen. Lo primero es barato y da titular. Lo segundo cuesta dinero y no lo da. Adivinen por dónde va el ministerio.