Sánchez y el fin de su escapada (Editorial de El ABC)

La justicia ha comenzado a arrojar luz sobre los hechos de Ceuta en septiembre de 2026, contradiciendo la narrativa oficial del Gobierno. Un auto judicial apunta a la implicación de agentes marroquíes y pone en duda la gestión de las autoridades españolas.

un relato judicial frente a la versión oficial

La magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha emitido un auto de 26 páginas que ofrece un relato de la invasión de Ceuta basado en hechos e indicios objetivos. Esta resolución, aunque provisional, sienta las bases para una investigación penal a fondo sobre lo sucedido. El informe de la Policía, al que se refiere el auto, señalaba directamente a agentes estatales marroquíes, tanto uniformados como de civil, como los inductores y "dinamizadores" de la entrada masiva en la ciudad autónoma. La jueza Tardón considera que la "finalidad migratoria" fue utilizada como una mera cobertura formal para una violación de la soberanía territorial de España. La propia declaración del presidente Sánchez, quien calificó el asalto como una "violación de la integridad del Estado", se recoge en el auto como un momento de verdad.

la verdad se abre paso

El argumentario del Gobierno, que insistía en una versión exculpatoria de Marruecos, se ve seriamente cuestionado por este relato judicial. La investigación policial, que el ministro Grande-Marlaska intentó desviar, ha resultado difícilmente refutable. De hecho, otros funcionarios policiales se han negado a firmar informes que exculparan a Marruecos, como ha informado ABC. La verdad, parece, se abre paso a través de resoluciones judiciales y de la dignidad de los funcionarios. Los delitos que se van a investigar son de extrema gravedad: contra la paz y la independencia del Estado, contra los ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes, organización criminal y contra la forma de Gobierno.

el escrutinio de las decisiones políticas

La magistrada Tardón no solo investigará los hechos en sí, sino también "todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con tal entrada masiva e irregular". Esto incluye la articulación de los medios de respuesta, la información y las alertas previas, y la incidencia que estas actuaciones tuvieron en los efectos producidos. En otras palabras, las decisiones tomadas por autoridades españolas antes, durante y después del asalto serán sometidas a escrutinio judicial. La posibilidad de que el caso llegue al Tribunal Supremo por la implicación de aforados, como ministros del Gobierno, está abierta. Políticamente, este auto cercena cualquier intento del Ejecutivo de diluir los efectos de la invasión de Ceuta.