Sánchez se pone nervioso con el Tribunal Supremo (Editorial de El ABC)

El Tribunal Supremo ha pedido a los consulados certificar el origen de casi 150.000 nacionalizados bajo la 'ley de nietos', lo que ha generado un cruce de acusaciones con el Gobierno.

El Tribunal Supremo ha puesto el foco en la concesión de nacionalidades a través de la llamada ‘ley de nietos’. La decisión del Alto Tribunal de suspender cautelarmente la instrucción que amplía esta ley ha provocado una fuerte reacción del Gobierno, que considera que se está "socavando la democracia". La Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, ha recurrido la resolución argumentando que cercena "los derechos de voto de cientos de miles de personas".

La petición del Supremo

El argumento del Gobierno, sin embargo, no se sostiene fácilmente. El Tribunal Supremo no está negando el derecho de voto a españoles de origen o nacionalizados sin ninguna duda legal. Lo que ha solicitado es que los consulados españoles certifiquen que los casi 150.000 nacionalizados en virtud de esta ley son, efectivamente, hijos o nietos de españoles que sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de identidad sexual. La medida no cuestiona tanto el derecho al voto en sí, sino la validez de la concesión de la nacionalidad.

El Ejecutivo ha alegado que los consulados no podrán emitir estos certificados antes del 1 de enero de 2027. Ante esto, caben dos respuestas. Por un lado, la Abogacía del Estado podría solicitar a los magistrados una ampliación del plazo para cumplir con la orden judicial. Por otro, si los expedientes de nacionalización se tramitaron correctamente, la información sobre el parentesco con abuelos o padres exiliados debería estar ya documentada y en manos de los cónsules.

Sospechas de un "coladero"

La medida cautelar del Tribunal Supremo parece haber puesto de manifiesto procedimientos de nacionalización que carecían del rigor legal necesario. Esto, además de generar tensión en el Gobierno, obligaría a los cónsules a reconstruir expedientes incompletos a marchas forzadas. La reacción del Ejecutivo alimenta la sospecha de que la instrucción aprobada por la entonces ministra Sofía Puente, siguiendo indicaciones superiores, funcionó como un "coladero" para la obtención de nacionalidades, y por ende, de nuevos votantes. No es la primera vez que se plantea la posibilidad de que el incremento del censo electoral sea un objetivo político; de hecho, la exministra Irene Montero reconoció explícitamente que la regularización masiva de inmigrantes buscaba evitar la victoria electoral de la derecha.

Si bien no se puede afirmar de forma generalizada que todos los nacionalizados en estas circunstancias votarían a la izquierda, el problema principal reside en la falta de transparencia y limpieza de un proceso que ha incrementado significativamente el número de votantes sin una vinculación clara con España.

La democracia según Sánchez

Parece que la democracia que Pedro Sánchez defiende frente al Tribunal Supremo es aquella que le garantiza sus expectativas de permanencia en la Moncloa. Cualquier otra manifestación democrática, como la separación de poderes o la independencia judicial, le resulta "profundamente intolerable". El llamado "voluntarismo político" de Sánchez aspira a convertirse en la única fuente legítima del ordenamiento legal, una aspiración coherente con su acreditado antiparlamentarismo y sus prácticas autocráticas, insólitas en la democracia occidental y en los valores fundacionales de la UE.