Sánchez lo soluciona, la inmi gración circular.

Migración circular: el contrato que nadie ve y el retorno prometido​

La migración circular funciona. Es la tesis oficial: el trabajador llega con un contrato, cubre la temporada y vuelve a su país cuando el papel caduca. Sobre ese esquema se apoyan los acuerdos que, según se sostiene en el hilo, el Gobierno negocia con países de origen, con Mauritania en el centro de la agenda. El problema empieza donde siempre: en el contrato, en la letra pequeña y en quién lo firma. Porque la circularidad tiene una condición que no admite atajos: si el retorno no está garantizado, deja de ser circular y pasa a ser otra cosa.

Qué es la migración circular y qué exige​

Se define como el movimiento migratorio temporal —laboral, educativo o familiar— en el que la persona regresa a su lugar de origen. No es un invento español: los partidarios del modelo citan Arabia Saudí y Qatar, donde el trabajador extranjero no puede asentarse y sale del país cuando termina la obra. «Allí no permiten que los que van a trabajar se queden. Una vez terminan, los largan», resume esa corriente. La duda es si ese esquema es trasplantable a un mercado laboral con otra estructura de derechos y otra demografía.

Hay un segundo requisito que casi nunca se discute: la circularidad necesita un empleador identificable y un calendario. Sin las dos cosas no hay migración temporal, hay migración sin más.

¿En qué van a trabajar y con qué contrato?​

La objeción central es esta, y nadie la ha resuelto: no aparece un solo contrato con fecha de entrada y de salida. Se pregunta, con retintín, en qué sector, en qué provincia y con qué empresa. El contexto que se maneja agrava la duda: un país con más del 20% de paro y el mayor desempleo de su entorno, donde, según un participante, solo una parte mínima de los que llegan acaba de temporero. Si el argumento es que vienen a trabajar, la pregunta lógica es qué empleo no cubre el mercado nacional.

Frente a eso, la respuesta oficial es la de siempre: hacen falta manos en sectores con escasez de candidatos y el retorno se controla. El razonamiento choca con un detalle administrativo: el retorno no se controla con buenos deseos, se controla con contratos y con fechas.

De Lampedusa a Canarias: el efecto desvío​

Se sostiene que los acuerdos migratorios no cierran rutas, las desplazan. El pacto de Italia con Argelia —con Lampedusa como escenario— habría reducido las llegadas por esa vía y desviado parte del flujo hacia el Atlántico, con Canarias como puerta de entrada. Sobre el terreno se describe un sistema de barcos nodriza que aproximan a las embarcaciones a aguas internacionales, donde se produce el rescate; la propuesta que circula es vigilar esas aguas y devolver a los ocupantes, para que la ruta deje de ser rentable. Se pregunta también si España imita a Meloni negociando con terceros países en lugar de cerrar fronteras. El destino final, ironizan, es el mismo.

Alguna voz añade un truco comercial: cerrar el paso terrestre por la península encarece la exportación africana y obliga a Europa a implicarse.

Los datos de empleo y ayudas que se manejan​

Aquí conviene separar dato de relato. Lo que se repite con apariencia de cifra es que el paro de la población inmigrante duplica la media nacional, en un país con el desempleo más alto de su entorno. Lo que se atribuye a un estudio danés —que la mayoría no trabaja y que el saldo de ayudas y cotizaciones es negativo— se cita sin enlace ni detalle, y por tanto funciona como argumento, no como evidencia. Conviene decirlo claro.

Otro bloque de afirmaciones, más difícil de verificar, describe compatibilizar rentas mínimas con trabajos no declarados y venta ambulante fuera del municipio donde se cobra la prestación. Son relatos de parte, sin comprobación pública. Lo que sí se repite, a la vista de la conversación, es el cambio de paisaje que describe quien coge el metro a las seis de la mañana.

El coste fiscal y el escenario de deuda​

El otro ángulo es contable. Un participante recuerda que España arrastra una deuda elevada y depende de que el marco europeo resista sin necesidad de rescates. En ese escenario, se argumenta, cualquier flujo que no cotice ni produzca se convierte en un pasivo que hay que financiar cada mes: sanidad, escuela, vivienda y prestaciones. No es un cálculo de un año, es el de una década.

Hay además un trasfondo demográfico que se cuela en la conversación: envejecimiento, natalidad baja y presión sobre servicios públicos en municipios que ya no crecen. El diagnóstico nadie lo discute. Lo que se discute es si la respuesta correcta es traer trabajadores temporales o cambiar la política económica.

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Cabe esperar que el acuerdo avance y que la palabra circular siga en los titulares. También cabe esperar que nadie enseñe el contrato. Si aparecen fechas de entrada y salida, verificables, con empresas identificadas, la discusión se desinfla sola. Si no aparecen, la etiqueta será exactamente eso: una etiqueta.