Sanchez es un cadaver politico

Sánchez, señalado por la gestión de la DANA en Valencia​

¿Está Pedro Sánchez acabado políticamente? Es la pregunta que sobrevuela cada catástrofe, cada crisis y cada desplante institucional desde hace años. La DANA que arrasó parte de la provincia de Valencia dejó más de doscientos fallecidos y un reguero de reproches cruzados entre administraciones. Sobre el papel, la competencia de la emergencia recaía en la Generalitat, que preside Carlos Mazón. En la práctica, el fuego cruzado alcanzó a la Moncloa por su gestión de la ayuda internacional y por lo que una parte de la opinión pública interpreta como pasividad ante el desastre. La discusión sobre quién debía declarar el estado de alarma se convirtió en el campo de batalla.

Quién tenía que pedir el estado de alarma​

El artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981 contempla la declaración del estado de alarma ante catástrofes, calamidades o desgracias públicas, incluidas las inundaciones. Ese es el dato que se esgrime para exigir la intervención del Gobierno central. Sin embargo, la secuencia de los hechos apunta a que fue Mazón quien tardó dos días en solicitar formalmente la intervención estatal, según sostienen quienes siguen el rastro de los protocolos. La UME, el Ejército, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la AEMet y las cuencas hidrográficas dependen del Ejecutivo central, lo que alimenta la tesis de que la maquinaria estatal podía haberse activado antes.

El argumento contrario también circula con fuerza: si el Gobierno declara el estado de alarma y se limita a paliar los efectos del desastre, nadie le pondría pegas. El problema, sostienen otros, es que en la anterior ocasión se tomaron medidas que los tribunales tumbaron por exceder lo que permite la ley. Ese precedente pesa como una losa en cualquier discusión sobre activar el mecanismo.

La ayuda internacional y el relato del fachocomodín​

El mensaje inicial del asunto apuntaba en dos direcciones: la supuesta negativa a aceptar ayuda internacional y el uso del término fachocomodín para descalificar a quienes protestaban por la gestión. La visita de los reyes y del presidente del Gobierno a Paiporta terminó con lanzamiento de barro y objetos, un episodio que el propio Sánchez condenó como «toda forma de violencia». A partir de ahí, el relato se bifurcó: unos vieron una reacción popular legítima ante la inacción institucional; otros, un intento de criminalizar la protesta.

Hay quien sostiene que el Gobierno central también es responsable porque, ante una catástrofe natural con incapacidad de garantizar la seguridad ciudadana, la ley obliga a declarar el estado de alarma y activar al Ejército. En contra pesa el argumento de que los protocolos existen pero no se cumplen si la administración competente no los activa. El pulso político se libra sobre un terreno donde los muertos ya no son cifra discutible.

El desgaste que no llega​

La cantinela del cadáver político lleva repitiéndose desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Cada mes, puntual, aparece el pronóstico de su salida inminente. Y ahí sigue. La explicación que más circula es la de una base electoral fiel que vota al partido como si fuera un equipo de fútbol, ajena a los escándalos y a las crisis de gestión. La abstención, según algunos análisis, sería el verdadero árbitro de cualquier recambio.

El cálculo más optimista para sus críticos asume que el desgaste es irreversible; el escenario pesimista parte de que no existe una alternativa real capaz de capitalizarlo. Mientras tanto, la discusión sobre la DANA se mezcla con teorías sobre reuniones fuera de agenda y con la sospecha, nunca probada, de que el presidente está respaldado por instancias opacas. Nada de eso ha movido un solo escaño.

Las cifras que deja el desastre​

Más de doscientos fallecidos, un centro comercial anegado y una cifra de desaparecidos que se revisó a la baja tras inspeccionar el aparcamiento de Bonaire. La revisión del 99% de ese espacio no encontró cadáveres, lo que desmintió los peores augurios. La gestión de la emergencia, sin embargo, sigue sin un responsable claro: la competencia autonómica y la estatal se solapan en un limbo que ninguna de las dos partes quiere asumir.

La pregunta de si Sánchez es un cadáver político tiene, a la vista de los datos, una respuesta incómoda: los cadáveres políticos no suelen sobrevivir a siete años de pronósticos de defunción.

---

¿Quién debía declarar el estado de alarma por la DANA?

La Ley Orgánica 4/1981 permite al Gobierno declararlo ante inundaciones. La competencia de la emergencia recaía en la Generalitat, que tardó dos días en solicitar la intervención estatal, según los protocolos. El Gobierno central podía haberlo activado, pero el precedente de medidas tumbadas por los tribunales condiciona la decisión.

¿Qué pasó en la visita de los reyes a Paiporta?

Felipe VI y Pedro Sánchez fueron recibidos con lanzamiento de barro y objetos en Paiporta, una de las localidades devastadas. El presidente condenó después «toda forma de violencia». El episodio reabrió el debate sobre la gestión de la catástrofe y sobre la respuesta ciudadana a la presencia institucional.

¿Por qué se dice que Sánchez es un cadáver político?

Es una expresión recurrente desde hace años, repetida cada vez que afronta una crisis. Sus críticos la usan para anticipar su salida; sus defensores la citan como prueba de que el pronóstico nunca se cumple. La falta de una alternativa electoral consolidada mantiene el pronóstico en el aire.