Sánchez busca la fórmula para que Conde-Pumpido posibilite el pucherazo de la Ley de Nietos.

El Supremo suspendió cautelarmente la aplicación de la Ley de Nietos y el Gobierno estudia si puede recurrir esa decisión ante el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido o si esa vía queda reservada a los afectados. El Ejecutivo convierte el revés judicial en batalla política contra PP y Vox.

La Abogacía General del Estado estudia si el Ejecutivo puede recurrir ante el Tribunal Constitucional la suspensión cautelar que el Tribunal Supremo dictó sobre la Ley de Nietos. La duda es de procedimiento: si esa vía procesal corresponde al Gobierno o queda reservada exclusivamente a los afectados. El revés judicial amenaza con frustrar la estrategia del Ejecutivo sobre el voto de los descendientes de españoles exiliados.

Qué ha decidido el Supremo y qué estudia el Gobierno

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la aplicación de la norma. La Abogacía General del Estado analiza ahora el encaje procesal de un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. La incógnita es si el Gobierno tiene legitimación para recurrir esa suspensión o si solo pueden hacerlo los afectados directamente.

El fallo llega después de que Pedro Sánchez defendiera la posición del Ejecutivo en una conversación informal con periodistas durante la recepción en el Palacio Real por la Fiesta Nacional. El presidente confiaba en que el Supremo avalara su tesis. Antes de conocer la resolución, advirtió de que estaba en juego el derecho al voto de unos 400.000 españoles y proclamó que «una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda».

La cifra que está en juego

Los 400.000 españoles son los descendientes de exiliados cuyo derecho al voto queda afectado por la suspensión cautelar. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, es el marco legal que el Gobierno invoca para defender esa extensión del derecho de sufragio.

Sánchez ha recordado que desde la aprobación de la norma se han celebrado varias convocatorias electorales, incluidas las elecciones generales de 2023. «El derecho al voto no se puede sustraer», insistió el presidente. El Ejecutivo sostiene que la suspensión judicial no puede convertirse en una vía para privar del voto a un colectivo reconocido por ley.

El Gobierno señala a PP y Vox

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, denunció durante los corrillos con periodistas que «parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos». El Ejecutivo responsabiliza a la oposición del revés judicial y redobla sus ataques contra PP y Vox, a los que señala por la resolución.

Los socialistas sostienen que «su único proyecto es el recorte masivo de derechos» y pretenden convertir la confrontación entre «derechos frente a las derechas» en uno de los ejes de su estrategia electoral. El fallo del Supremo se transforma así en una nueva batalla política contra los adversarios del Gobierno.

Un asunto con recorrido judicial y electoral

La suspensión cautelar del Supremo no es una resolución definitiva. El Gobierno trata de convertir el fallo en un argumento de campaña mientras la Abogacía del Estado decide si acude al Constitucional. La decisión sobre la vía procesal marcará el siguiente paso de un conflicto que mezcla derecho electoral, memoria histórica y confrontación partidista.

La Ley de Memoria Democrática cumple tres años desde su aprobación en octubre de 2022. En ese periodo se han celebrado comicios generales y autonómicos con la norma en vigor. El Gobierno subraya esa continuidad para defender que el derecho al voto de los descendientes de exiliados no puede quedar en suspenso por una decisión cautelar.

Este artículo describe un procedimiento judicial en curso. Para decisiones que afecten a derechos electorales conviene consultar siempre el texto de las resoluciones judiciales y, si procede, a un abogado especializado.