‘Salvapatrias’ (Gabriel Albiac en El Debate)

El uso del término ‘salvapatrias’ por parte del gobierno es una estrategia para desacreditar a jueces independientes, erosionando la división de poderes y la esencia de la democracia.

La nueva consigna del poder

El lenguaje político, a veces, se convierte en un arma arrojadiza. Últimamente, hemos visto cómo se populariza un término que, más allá de su sonoridad, esconde una intención clara: desacreditar a aquellos que no se pliegan a los designios del poder. Hablamos de la palabra ‘salvapatrias’. No la encontrarás en el diccionario, al menos por ahora. Es una de esas creaciones a la medida, un "palabro" que fusiona dos conceptos, "salvación" y "patria", para generar un significado peyorativo. La idea es simple: aquellos jueces que actúan con independencia, que no se someten a las directrices del gobierno, son presentados como si estuvieran actuando en contra de la patria, como si fueran traidores.

Esta táctica no es nueva. Se trata de erosionar la confianza pública en las instituciones, de sembrar la duda sobre la imparcialidad de quienes deben velar por la ley. Cuando un juez se atreve a investigar o a tomar decisiones que incomodan al poder ejecutivo, se le etiqueta. Y la etiqueta de ‘salvapatrias’ parece ser la elegida en este momento para señalar a esos magistrados que, lejos de ser serviles, cumplen con su deber de aplicar la ley por igual a todos. El objetivo es claro: hacer que la gente perciba a estos jueces no como garantes de la justicia, sino como enemigos del Estado.

La división de poderes en el punto de mira

Lo verdaderamente preocupante de esta estrategia es que ataca directamente a uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la división de poderes. La idea de que un juez debe rendir cuentas a un gobierno, o que debe informarle de sus investigaciones, es incompatible con el concepto de justicia independiente. Un juez que actúa bajo la presión o la supervisión del ejecutivo deja de ser un juez para convertirse en un mero funcionario. La esencia de la democracia reside en que la ley se aplique por igual a todos, sin excepciones.

Esta separación de poderes no es un capricho, sino el resultado de siglos de lucha por la libertad. El 17 de junio de 1789, en Versalles, se dio un paso crucial cuando los tres Estados decidieron disolverse en una Asamblea Nacional, sentando las bases para un sistema donde la ley fuera la misma para todos. Sin esa autonomía judicial, las elecciones, por muy regulares que sean, se convierten en un mero espectáculo, un acto escénico que oculta la verdadera naturaleza de un régimen que se reserva el derecho a delinquir impunemente.

La autonomía judicial, el último baluarte

La autonomía judicial es, en las sociedades modernas, el último baluarte contra un poder ejecutivo que tiende a ser voraz e impune. Los jueces no crean la ley; la aplican. Y esa aplicación se realiza dentro de unos márgenes de interpretación muy estrechos, sujetos a supervisión. Cuando el gobierno condena públicamente a una juez por no avenirse a informar de sus investigaciones, como ha ocurrido en Ceuta, está enviando un mensaje peligroso: el de que la independencia judicial es un obstáculo.

Si el gobierno considera que una magistrada ha actuado de forma irregular, tiene a su disposición las vías legales para querellarse contra ella y exigir su expulsión de la carrera judicial. No hacerlo, y en su lugar recurrir a consignas como ‘salvapatrias’, solo demuestra una intención de socavar la independencia judicial. La alternativa a la autonomía judicial no es otra cosa que la arbitrariedad del poder, la posibilidad de que los ciudadanos, incluido el propio presidente o sus ministros, queden al margen de la ley. La democracia se construye sobre la base de que nadie está por encima de ella.