Sacada de banana de alvise pérez: «todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis»

Alvise cobra 100.000 € sin factura y llama a no pagar impuestos​

¿Se puede vender como revolución lo que, en el fondo, es un problema con Hacienda? El eurodiputado y líder de SALF, Alvise Pérez, ha publicado un comunicado en el que admite haber cobrado 100.000 euros sin factura y, lejos de contemporizar, lanza una consigna: «Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis». Sin matices ni excusas. El propio protagonista difundió después una imagen con dos palabras, «Soy culpable», que unos leyeron como golpe de efecto y otros como el reconocimiento de que el asunto va en serio. Alrededor del caso se ha apuntado a financiación ilegal como posible calificación, aunque nada de eso está resuelto.

Qué admite el comunicado y qué deja fuera​

El escrito asume el cobro de 100.000 euros sin factura y lo convierte en bandera política: si Hacienda va a por él, que cada cual haga lo mismo. Lo que no concreta es por qué trabajos llegó ese dinero. Ese vacío lo señalan quienes siguen el caso, porque de la respuesta depende que hablemos de una donación, de una prestación de servicios o de otra cosa bastante menos presentable.

Quienes han seguido la financiación del partido recuerdan que ya antes de la campaña los canales de donación, PayPal incluido, iban siendo capados y que algunas cuentas bancarias devolvían error a quien intentaba aportar. De ahí a sostener que el cobro sin factura buscaba, además de ahorrarse el impuesto, no dejar rastro de particulares que apoyaban al proyecto, hay un trecho. El trecho, por ahora, lo recorren las hipótesis.

¿Por qué 100.000 euros cobrados pueden no ser delito fiscal?​

La clave está en una cifra y en qué se mide con ella: 120.000 euros. Según el cálculo que se maneja en el hilo, ese es el umbral que separa el incumplimiento administrativo del delito fiscal, y lo que computa no es lo ingresado, sino la cuota que se habría dejado de pagar. Con 100.000 euros percibidos, el cálculo que circula sitúa esa cuota en torno a 50.000 euros, muy por debajo de la línea roja.

Hay quien lo resume con retintín: el asunto se está reescribiendo como un simple incumplimiento tributario y no como lo que la denuncia original dejaba entrever, con menciones a cohecho o estafa que nunca han pasado de la esfera de la acusación, según los participantes que las reproducen. Convertir un presunto delito grave en una multa con recargo es, en términos de comunicación, un movimiento notable. En términos judiciales, está por ver.

Ospina Abogados, al otro lado de la mesa​

El líder de SALF ha fichado como asistente al penalista Luis de las Heras, socio del bufete Ospina Abogados, despacho que también ha sido relacionado en el hilo con otros casos mediáticos, entre ellos el de los policías implicados en la conocida como patada en la puerta. La defensa no solo tendrá que discutir cuotas: tendrá que sostener un relato. Si el cobro fue una donación, un pago por servicios o dinero a cambio de influencia, las consecuencias penales cambian por completo. Las tres versiones siguen circulando y ninguna ha sido confirmada.

La insumisión fiscal como bandera política​

El llamamiento a no pagar impuestos tiene cola. Una parte del análisis sostiene que la verdadera revolución es la insumisión fiscal, que el Estado recauda cada vez más para acumular poder y que nadie le ha otorgado la potestad de repartir lo que no es suyo. Los datos que se manejan en ese discurso son, por un lado, un gráfico según el cual la presión fiscal habría subido un 4% en cuatro años y, por otro, una deuda pública que se sitúa por encima de los 1,5 billones de euros, máximo histórico, en una cifra aportada por un participante.

Enfrente, la letra pequeña. Quien dejó de pagar la tasa de basuras durante cinco años como protesta vecinal acabó con un embargo y su correspondiente recargo: la máquina no se detiene, se limita a sumar intereses. Hay incluso quien propone una vía intermedia, la de consignar la cantidad discutida en una cuenta judicial mientras se litiga, que es lo que hicieron algunos contribuyentes hace décadas y ganaron. La objeción práctica contra la insumisión masiva es sencilla: para colapsar a la administración haría falta una cantidad de gente que, a la vista de los precedentes, no aparece.

Quien presume de no esconderse y una delación incómoda​

El partido se presentó como azote del sistema y su líder presume de no esconderse. Los críticos responden que dio la cara cuando le habían pillado, no antes, y que el gesto de admitir la culpa es más un escudo que una confesión. La acusación que circula va más allá: el cobro se habría producido por poner su posición institucional al servicio de un negocio cuestionado, y el caso habría salido a la luz porque el otro implicado, al verse descubierto, habría cantado y señalado al eurodiputado. Hay quien cifra en más de 800.000 las personas que le votaron, entre las que se cuentan quienes ahora se sienten engañados, según esos mismos comentarios.

También hay quien mira de reojo el rasero. Como recuerdan algunos participantes, los casos de corrupción de mayor volumen conocidos en algunas comunidades autónomas, con cientos de millones en juego, no han producido ni una dimisión, sostienen quienes hacen esa comparación. Frente a eso, una factura sin emitir por 100.000 euros parece casi de manual. Casi.

Moraleja provisional: se puede declarar la guerra a Hacienda por 100.000 euros sin factura y salir a dar la cara con un comunicado muy digno. Lo que nadie ha explicado todavía es por qué trabajos eran esos.