Rentistas, culpables. gobierno, responsable...

Rentistas, culpables. Gobierno, responsable: el pulso por el alquiler​

El precio de la vivienda en alquiler lleva lustros subiendo y la discusión sobre quién es el responsable se ha convertido en un campo de batalla. El planteamiento que abrió el asunto sostiene que los rentistas hacen el mal a sabiendas al subir los precios sin que nadie les ponga una pistola en la cabeza, pero que el Estado tiene el mandato constitucional de impedir la especulación y lleva décadas sin hacerlo. La conclusión es incómoda: o hay dejación de funciones o hay colaboración activa.

El artículo 47 de la Constitución es el punto de partida que muchos esgrimen: todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y los poderes públicos deben impedir la especulación. Sobre esa base, la discusión se bifurca entre quienes creen que el Estado debe intervenir y quienes sostienen que ya interviene demasiado.

El Estado ya construye carreteras, ¿por qué no vivienda?​

El argumento central del planteamiento inicial es que el Estado expropia terrenos para infraestructuras, construye y gestiona esas infraestructuras, proporciona sanidad y educación, ordena el territorio y hasta limita el número de farmacias o licencias de taxi. Sin embargo, que la vivienda la proporcione el libre mercado se trata como dogma incuestionable.

La pregunta que sobrevuela es por qué lo que se acepta para una carretera no se acepta para un piso. El texto original lo resume con sorna: El Evangelio según San Bernardos.

La respuesta del mercado: el precio lo fija el comprador​

Frente a esa tesis, la réplica más repetida es que en cualquier transacción económica el precio lo determina el comprador, y si el bien es escaso, lo determina el más solvente. Bajo esa lógica, la solución no es intervenir sino aumentar la oferta.

Ahí entra el argumento de que el Estado se lleva más del 50% del coste entre impuestos, tasas y suelo. La propuesta es que se construya más y se limiten las normativas que encarecen la promoción. Es la posición que domina en amplios sectores del análisis económico liberal.

El cálculo del propietario: alquilar no es tan rentable​

Uno de los análisis más detallados que aparecen en la discusión desmonta la idea de que los arrendadores se forran. El cálculo es simple: un piso de 200.000 euros más impuestos, alquilado por 900 euros al mes, deja limpios entre 600 y 700 euros tras gastos. En un año neto no llega ni a 8.000 euros.

La conclusión de ese análisis es que el único alquiler verdaderamente rentable es el de un piso ya pagado, heredado o comprado muy barato en otra época. Todo lo demás, con hipoteca por medio, es una rentabilidad pobre. Una cochinada de rentabilidad, en palabras del propio análisis.

El problema no es solo español: la dimensión global​

Hay quien señala que el fenómeno es mundial y que debe haber razones macroeconómicas de calado que afectan a todos los países. A eso se suma que varios millones de españoles tienen varias viviendas y que muchos compran sin hipoteca, lo que apunta a una demanda muy solvente.

El dinero extranjero y los fondos de inversión también aparecen en el análisis. Los fondos tiran a alquiler vacacional o temporal porque pueden apretar más los precios y sacar más rentabilidad, y tienen músculo para comprar edificios enteros. El alquiler de larga duración queda para propietarios particulares con pisos baratos de otra época.

La brecha entre propietarios e inquilinos​

La discusión deriva en un choque de experiencias. Hay propietarios que describen su situación: un inquilino que paga sin problemas, meses sin saber de él, vecinos que ni le escuchan. Y añaden que lo que sacan lo reparten entre sus hijos, y que si formase una familia sería perfecto. Soy coherente, lo de la vivienda me parece tal indecencia que no puedo colaborar en ello, sostiene uno de ellos.

Frente a eso, la acusación de hipocresía es recurrente: si tuvieras un piso y en tu zona se alquilara a 700, no lo pondrías a 300. El intervencionismo, replican otros, acaba en pobreza. Y la moralidad del mercado se convierte en el eje del desencuentro.

El papel de la inmigración en la ecuación​

Una parte de los intervinientes introduce la inmigración como factor de presión sobre la demanda. Se argumenta que la llegada masiva de población dispara la necesidad de vivienda y que las ayudas al alquiler acaban en manos de los propietarios, que suben el precio en la misma cuantía. La propuesta que se repite es que sin frenar la demanda foránea, construir más solo genera efecto llamada.

Esa tesis convive con la de quienes sostienen que el problema es de oferta y de suelo, no de demanda. Y con la de quienes recuerdan que el alquiler temporal es la única opción para estancias cortas, porque nadie alquila por diez días.

La crisis de 2008 como espejo​

La comparación con 2008 aparece varias veces. Entonces había un gran stock de vivienda y la restricción del crédito provocó una caída de la demanda que obligó a liquidar precios. Ahora, en cambio, se describe una demanda muy solvente, con gente que compra sin hipoteca y créditos muy avalados.

La conclusión que se extrae es que una crisis no bajaría necesariamente los precios, porque la oferta no tendría la misma urgencia de vender. Es el punto donde el análisis se atasca: sin crédito barato y con demanda con liquidez, el ajuste no llega por la vía clásica.

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El diagnóstico compartido es que la situación es insostenible. El desacuerdo es sobre quién debe pagar la factura. Y mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: si el Estado tiene las competencias y el mandato, ¿por qué lleva lustros sin usarlos?