Mafia policía nacional de extranjeros

La mafia de las citas de extranjería: hasta 500 euros por una huella​

Cada cinco años, la tarjeta de residencia de larga duración en España vuelve a pasar por la máquina de las huellas dactilares. El trámite es gratuito según quienes lo denuncian. Conseguirlo, para muchos, es imposible. La única puerta de entrada es una plataforma telemática llamada Mercurio, que depende de Extranjería —área de la Policía Nacional, bajo el Ministerio del Interior— y esa puerta tiene un precio paralelo que va de los 20 a los 500 euros según los casos que se relatan. El relato, sostenido por afectados de varias provincias, no señala a un culpable concreto: apunta a un sistema diseñado de tal forma que quien tiene un certificado digital puede reservar una cita a nombre de cualquier otra persona en cualquier punto de España.

La plataforma Mercurio y el certificado que no es tuyo​

El acceso a la cita previa de extranjería exige certificado digital. Pero, según quienes han diseccionado el proceso, no hace falta que sea el del propio interesado: cualquiera con un certificado en vigor puede cerrar una cita para un tercero sin firma ni autorización de por medio. De esa rendija, sostienen, sale todo lo demás. La reserva queda vinculada al NIE del solicitante, no al certificado que la pidió.

Los testimonios describen un patrón repetido. En algunas ciudades las citas se vuelcan un día concreto a una hora exacta —viernes a las 9:30 en una de ellas— y duran segundos. Hay quien ha pasado meses con la web abierta en varios dispositivos, refrescando en el momento justo. También circula la hipótesis de que hay bots que barren el cupo antes de que un humano alcance a cargar la página. El resultado, en cualquier caso, es el mismo: la ventanilla telemática se agota casi antes de abrirse.

De 20 a 500 euros: cómo funciona el mercado paralelo​

La horquilla de precios aparece repetidamente. Un contacto por mensajería pedía 20 euros por gestionar la cita. Otras referencias sitúan el suelo del mercado negro en 100 euros y el techo por encima de los 500, con entrega prometida en un máximo de dos días. La forma de operar que describen los afectados tiene su lógica interna: las citas se venden cerradas. Cuando se ofrecen, ya están puestas a nombre del interesado y con su NIE, lo que implica que alguien las capturó antes de que existiera comprador.

El fenómeno no distingue nacionalidades. Un profesional del sector inmobiliario relata el caso de unos compradores extranjeros que necesitaban el NIE para escriturar: tras semanas de intentos, acabaron en un locutorio y en una semana tenían el documento. En otro caso, una persona decidió pagar a un bufete madrileño y obtuvo cita el mismo día.

¿Qué pasa cuando la tarjeta de residencia caduca?​

Aquí está la parte que convierte una molestia administrativa en un problema económico serio. Con la tarjeta caducada, el banco puede bloquear la cuenta y retener pagos y cobros hasta que se aporte documentación actualizada. Se suman las sanciones administrativas por renovar fuera de plazo. Y hay un efecto en cascada poco conocido: los certificados digitales y las claves caducan junto con la identificación, de modo que quien pierde la tarjeta también pierde la llave para pedir cita por internet.

Quienes defienden el sistema hablan de saturación y falta de medios. En provincias como Almería, con una proporción muy alta de población extranjera y pocas oficinas operativas, el cuello de botella sería estructural. Los afectados responden con un dato incómodo: para el DNI de un español, la misma Policía Nacional despliega unidades móviles por pueblos de 4.000 habitantes y jamás falta cita. La diferencia de trato, sostienen, no es de recursos, es de diseño.

Escritos de registro: la vía que sí funcionó​

La salida no llegó por denuncia ni por el libro de reclamaciones —que en una oficina se negaron a facilitar, con promesa de un correo electrónico a cambio—. Llegó por un papel. El consejo que se repitió con más insistencia fue presentar un escrito en el registro de la Subdelegación de Gobierno y en las dependencias policiales, con sello de entrada y copia para el interesado. La Policía tiembla ante el registro más que ante cualquier otra cosa, resume el argumento de un forero.

Los teléfonos oficiales, mientras tanto, no comunican: simplemente no funcionan a ninguna hora. Fue el propio personal de seguridad de la puerta, según el relato, el que acabó indicando qué hora probar en la aplicación. Con la amenaza del escrito, la cita apareció al día siguiente. La renovación quedó fijada para finales de mayo, un desenlace individual que no arregla nada del sistema que lo provocó.

ONG, bufetes y el reparto alternativo de citas​

Al margen del mercado negro existe otra vía menos confesable: colectivos y despachos con acceso a cupos reservados. Se apunta a que determinadas entidades pueden solicitar citas en bloque para varios solicitantes a la vez, lo que en la práctica concede prioridad a quien llega de su mano. Frente a la extorsión, han surgido iniciativas ciudadanas que acaparan citas cuando se liberan y las reparten sin cobrar, una solución de guerrillas que alivia el caso concreto pero no desmonta el mecanismo.

Sobre el origen del negocio, los datos disponibles no permiten cerrar nada. Existen noticias periodísticas sobre venta de citas, pero ninguna investigación pública ha identificado a los responsables ni ha acreditado complicidad interna. Una parte de los relatos apunta a una organización con acceso privilegiado al sistema; otra, a saturación crónica aprovechada por intermediarios privados. Las dos explicaciones caben en los mismos hechos, y ninguna se sostiene sin la suma que hay detrás: el mercadeo de un trámite gratuito.

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Queda el interrogante que nadie responde. Alguien captura miles de citas que otro necesita y las vende. El sistema permite hacerlo, no lo impide y nunca da la cara.