Analisis reclamar un nuevo contrato social

Los ciudadanos de los países ricos reclaman un nuevo contrato social que aborde la deuda, el envejecimiento y la precariedad, mientras los gobiernos del G-7 afrontan protestas masivas y una creciente desconfianza institucional.

La conflictividad social se ha instalado en las calles de las principales economías del G-7. Francia ha declarado el estado de emergencia ante una oleada de protestas que evidencian un desgaste profundo del patrón de crecimiento y una creciente desconfianza hacia las instituciones. El malestar no es un fenómeno aislado: se extiende por España, Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, impulsado por la carestía de la vida, la falta de garantías sobre las pensiones y la incertidumbre laboral ante el desembarco de la inteligencia artificial.

Francia, el epicentro de la crisis institucional

Francia ilustra la gravedad del estallido civil. Las protestas, que llevaron a Emmanuel Macron a declarar el estado de emergencia, revelan una doble presión: la desconfianza institucional de la ciudadanía y la exigencia de los mercados ante un exceso de endeudamiento. El país se encuentra atrapado en un círculo vicioso de inmovilismo reformista y escaso margen de maniobra para aplicar disciplina a unas cuentas públicas que exigen ajustes. La crisis es estructural y evidencia el agotamiento de un modelo que no ofrece perspectivas prósperas, especialmente a los más jóvenes.

El FMI ha cuantificado el coste económico de esta dinámica. Su informe *Fiscal Monitor* calcula que un repunte significativo de la conflictividad social contrae en casi medio punto el crecimiento del PIB francés y que el deterioro de los saldos fiscales primarios lo hace descender otras 2 décimas. En su última evaluación del país, el organismo advierte de que la fragmentación política ha limitado los ajustes previstos y podría retrasar la corrección del déficit, situado en el 5,1%, y de la deuda, que alcanza el 119% del PIB. Esta situación podría elevar aún más la prima de riesgo sobre el bund alemán, actualmente en 159 puntos básicos.

Las calles galas reunieron a medio millón de estudiantes, docentes y sindicalistas el pasado 17 de octubre, con más de 2.000 detenciones. *The Economist* interpreta estos episodios como una señal del agotamiento del centrismo político, con gobiernos incapaces de gestionar las demandas sociales. La paradoja francesa es notable: la pérdida de poder de Macron para gobernar y reformar su economía contrasta con su habilidad para influir en Bruselas con sus ideas de autonomía geoestratégica e intervencionismo industrial.

La fractura europea: de la calle a las urnas

El malestar trasciende las fronteras francesas. En España e Italia, las protestas expresan el rechazo a años de reformas insuficientes en vivienda, recortes en Educación y Sanidad, y los intentos de abaratar el cheque de las pensiones. El Council on Foreign Relations (CFR) alerta de que las movilizaciones en la segunda, tercera y cuarta economías del euro son síntomas de una quiebra del contrato social liderada por la Gen Z. Desde esta perspectiva, la protesta "no es únicamente resistencia al cambio, sino una exigencia de transformaciones que no llegan", asegura el CFR.

Alemania manifiesta un bloqueo similar. El canciller Friedrich Merz recibe críticas de una sociedad descontenta con el estancamiento económico y también de las juventudes de su propio partido, la CDU. Su dirigente, Johannes Winkel, le acusa de presentar pequeños ajustes como reformas ambiciosas y exige una transformación profunda de las pensiones. Los jóvenes conservadores ostentan 20 diputados en el Bundestag, suficientes para comprometer la estrecha mayoría gubernamental. El descontento germano expresa rechazo a la parálisis económica que capitaliza en las urnas la extrema derecha de AfD al polarizar asuntos como la reforma laboral o las pensiones.

En Italia, las movilizaciones conviven con una escasa ratio de productividad y las restricciones derivadas de su elevada deuda. La rebelión europea no es uniforme, pero comparte demandas sociales difíciles de satisfacer con reformas aplazadas y partidos tradicionales con dificultad para forjar consensos. Charles Grant, director del Centre for European Reform (CER), advierte de que "Europa corre el riesgo de convertir su rechazo al inmovilismo en un muro que le impide salir de su rueda de molino".

El coste de la fragilidad política y la desafección

Los mercados también reflejan esta fragilidad. Ludovic Subran, de Allianz Research, enfatiza que existe un alto precio derivado de la fragilidad política actual. A su juicio, "la fragmentación, la polarización y las dificultades de gobernabilidad han elevado la amenaza política por la excesiva deuda soberana de los socios del G-7". En Francia, el incremento de su indicador de fragilidad ha sido especialmente significativo, hasta aumentar en 38 puntos básicos adicionales su prima de riesgo. Sin reformas, los dinamismos pierden fuelle; sin confianza social, las reformas encuentran resistencia; y sin estabilidad política, las finanzas se vuelven más caras.

La OCDE trata de descubrir la raíz institucional de esta declaración hostil. Su secretario general, Mathias Cormann, señala que los ciudadanos mantienen cierta confianza en los servicios públicos, pero dudan de la capacidad de sus gobiernos para abordar desafíos de largo plazo. Según una encuesta reciente de esta institución multilateral, solo el 31% de quienes reconocen tener una visión crítica admite disponer de poder de influencia sobre las decisiones oficiales. La pérdida de representación percibida dificulta la construcción de consensos para aplicar reformas cuyos costes son inmediatos, pero cuyos beneficios tardan años en materializarse.

En Reino Unido, el descontento alimenta la desafección hacia los partidos tradicionales. Un estudio de UCL Policy Lab revela que el 75% de los británicos cree que el Gobierno muestra poco o ningún respeto a la ciudadanía. La Joseph Rowntree Foundation asegura que "sin nuevas recetas redistributivas, la legislatura en curso registrará el peor retroceso de las rentas familiares desde 1961".

Estados Unidos: sanidad, inflación y voto de castigo

En Estados Unidos, el malestar social se concentra en el coste de la vida y el cheque sanitario, un factor clave ante las elecciones de medio mandato. Una encuesta anual de KFF muestra que los trabajadores con cobertura sanitaria familiar aportan a sus pólizas una media de 7.471 dólares anuales, un 9% más que en 2025. La prima total, incluida la contribución empresarial, alcanza los 28.303 dólares, y contrasta con unos salarios que apenas aumentaron un 3,7%, en línea con la inflación de septiembre.

Este deterioro del poder adquisitivo, intensificado por la guerra en Irán y los aranceles, es el combustible del voto de castigo contra el trumpismo. Según Pew Research, el 44% de los votantes confía en que su sufragio sirva de rechazo a Donald Trump, con los sondeos otorgando a los demócratas un 90% de posibilidades de hacerse con la Cámara de Representantes y un tercio de alcanzar la mayoría en el Senado. Las movilizaciones No Kings han reunido a millones de ciudadanos contrarios a las políticas MAGA, especialmente sus medidas migratorias, los ajustes sociales federales y la concentración de poder ejecutivo.

La tendencia inquieta a Wall Street. Chris Hughes, cofundador de Facebook, critica abiertamente que los jerarcas tecnológicos se hayan obcecado con influir en Washington para favorecer sus intereses regulatorios. Mientras Ken Rogoff, ex economista jefe del FMI, advierte del cóctel de inflación, endurecimiento monetario y malestar social que ya "amenaza la agenda MAGA".

Japón y el riesgo de la distancia entre reformas y sacrificios

Las tensiones en Japón proceden más de los mercados. Sanae Takaichi, su primera ministra, ha confabulado a su gabinete para reactivar la economía con capital estratégico, en un intento de amortiguar la inflación, fortalecer el yen y rebajar la deuda más alta del planeta en relación al PIB. Keiji Kanda, del Daiwa Institute of Research, vislumbra el riesgo "en la creciente distancia entre las reformas aconsejables y los sacrificios que ciudadanos y mercados están dispuestos a aceptar".

El gran desafío, según los expertos, no consiste en diseñar agendas estructurales eficientes, sino en recuperar la legitimidad para aplicarlas. La rivalidad geopolítica y el aumento del gasto estratégico agravan esta escala de tensiones. Marcel Fratzscher, presidente del instituto DIW, detecta un riesgo real de parálisis política y económica y, en el caso de los cuatro mayores socios del euro, de fractura en el seno de la UE, tanto en el orden presupuestario como en el estratégico, con el eje franco-alemán perfilando sanciones y vetos al comercio con China.

La crisis de gobernabilidad europea ha arraigado en las calles y abre un espacio a fuerzas situadas en el extremo del espectro político. Evidencia que las élites no han logrado articular una hoja de ruta de renovación económica y reconversión industrial. El malestar ciudadano reclama, en el fondo, un nuevo contrato social que aborde la deuda, el envejecimiento y la precariedad laboral. Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento financiero ni legal.