Rebaja salarial de funcionarios y despido libre. Mis deseos para 2024

Rebaja salarial a funcionarios: el deseo que abre 2024​

Un mensaje lanzado a finales de 2023 pedía una rebaja de sueldo para los empleados públicos y el despido libre, y auguraba que el 70% de los españoles esperaba ver el castigo. La cifra no tiene encuesta detrás, pero el arranque del año ha servido para comprobar que el malestar con la plaza fija y con el gasto público es un filón que no se agota. En las respuestas aparecen desde el funcionario que presume de nómina hasta el que sostiene que su sueldo apenas se mueve un 2% o 3% al año, pasando por quien recuerda que en la privada las subidas son mayores si uno se mueve.

El asunto tiene una pata económica concreta: una parte del gasto público que se quiere recortar sin tocar servicios. 10.000 millones de euros es la cifra que se pone sobre la mesa para este ejercicio, con la idea de pagarla quitando privilegios y no cerrando carreteras ni playas. El problema es definir qué es privilegio y qué es derecho, y ahí el consenso se rompe.

Qué se pide exactamente con la rebaja salarial​

La propuesta original es tan amplia que no se sostiene sola. ¿La rebaja es un porcentaje igual para todos o depende de la escala? ¿Afecta igual a fijos y temporales, a jornada completa y a media jornada? ¿Se aplica al que trabaja y al que no? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta en el mensaje inicial, y esa indefinición es la primera grieta.

Hay quien sostiene que el ajuste ya está en marcha por otra vía: la automatización y la inteligencia artificial reducirán puestos en la administración sin necesidad de decreto. El corolario es amargo: quien crea que el dinero ahorrado va a volver a su bolsillo se equivoca, porque los ministerios seguirán pidiendo más presupuesto cada año.

El sueldo del empleado público frente al del sector privado​

El argumento más repetido por quienes defienden la plaza es que el sueldo público no sube: un 2% o 3% anual, con el poder adquisitivo perdiéndose por el camino. Frente a eso, se afirma que en la privada hay subidas brutales si uno sabe moverse, y que volver al sector privado supondría cobrar el doble. La seguridad, no el importe, es lo que retiene a muchos.

La contraofensiva es la envidia. Se repite que igualar por abajo los derechos de todos es la peor forma de igualar, y que quien pide bajar el sueldo del vecino en lugar de subir el propio renuncia a algo básico. La frase que resume esa corriente es la de quien se pregunta en qué momento se dejó de aspirar a ganar más para pasar a pedir que al de al lado le vaya peor.

La plaza en propiedad y el fantasma del despido libre​

La plaza fija no es un capricho, según quienes la defienden: viene de los tiempos en que cada cambio de gobierno colocaba a los suyos y cesaba a los anteriores. La inamovilidad sería la respuesta a ese sectarismo, no su causa. Con ese punto de partida, abrir la puerta al despido discrecional se lee como volver al punto de salida.

En el otro extremo, se sostiene que el sistema actual es una tiranía disfrazada de democracia, y que defender lo público mientras se cobra una plaza en propiedad es un cinismo. La comparación con Grecia y con el ajuste que se atribuye a los socios europeos aparece varias veces, siempre como advertencia, nunca como dato cerrado.

La sanidad pública y el seguro privado de los empleados públicos​

Uno de los reproches más repetidos es la contradicción de defender la sanidad pública y acogerse a Muface. La respuesta es que muchos funcionarios tienen Seguridad Social de toda la vida y que el modelo mutualista arrastra décadas. El debate no se cierra, porque cada parte usa el dato que le conviene.

Ahí aparece el coste real de la administración: expedientes que tardan meses, citas telefónicas imposibles y ventanillas que solo atienden con cita previa. La experiencia concreta de un trámite que se alarga desde julio hasta diciembre, con espera de horas para acabar en nada, vale más que cualquier estadística para explicar el cabreo.

El contexto europeo: Alemania y el fin del dinero barato​

La amenaza que sobrevuela el hilo no es solo interna. Se recuerda que el fin del gas ruso barato, la factura del COVID y el cierre nuclear alemán han agotado los superávits de décadas, y que el BCE ya no tiene quien le compre el balance. La conclusión que se extrae es que el ajuste no lo decidirá Madrid, sino Fráncfort.

Con ese telón de fondo, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: cuánto de lo que se llama privilegio es en realidad el suelo que evita que la administración se convierta en botín de cada gobierno. El deseo de 2024 está claro. La fórmula, no.