Golpe de Estado en España: de la rabia al ganar elecciones
La propuesta ocupaba tres líneas: un grupo de
militares, policías e intelectuales que
paren este sistema insostenible y protejan la nación y el interés general. Su autor lo justificaba por «la pasividad y estupidez en la que estamos». Pasados 1010 días y 204 respuestas, la pregunta sigue en pie y la conclusión es incómoda: casi nadie discute el diagnóstico y prácticamente nadie tiene el plan.
Qué respuestas recibe la propuesta de un golpe de Estado
El primer freno llegó en forma de legalidad:
«Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», y quien quiera cambiar las cosas que gane unas elecciones. Un segundo aviso recordó que plantear esto es un delito. Un tercero fue más terrenal: un golpe así puede salir mal y dejar al personal sin comer caliente durante
50 años. Nadie compra la idea de una asonada limpia, rápida y para bien.
A partir de ahí el abanico se abre. Hay quien solo respaldaría la operación si la dirige él. Hay quien la apoyaría con un programa muy concreto —una dictadura católica sin complejos, escrito sin ironía—. Y hay quien la ata a una refundación: tumbar el
Régimen del 78 y reconstruirlo sobre principios tradicionales. El detalle es que ni los entusiastas coinciden en el qué, el quién y el para qué.
«Feijóo no ganó nada»: el laberinto electoral
El argumento más repetido contra la vía extraparlamentaria es que ya existe una vía parlamentaria y está desaprovechada. Ahí aparece el nudo: en España
no hay elecciones directas a la presidencia del Gobierno, de modo que ganar unos comicios no equivale a gobernar. Unos sostienen que el candidato más votado ganó las elecciones; la réplica es que no ganó nada. La conclusión práctica que saca más de uno es que, si el sistema no traduce votos en poder, la culpa no es del votante. Y una coletilla recurrente: quien pide reglas nuevas suele pedirlas para los demás.
La aritmética territorial y la sospecha de urnas amañadas
Otra línea de fondo sostiene que el mapa hace inviable cualquier cambio por las urnas:
Cataluña, País Vasco, Navarra, C. Valenciana, Galicia y Baleares sumarían millones de votantes con idioma propio y base independentista que, según este razonamiento, votarían siempre en la misma dirección. Cuarenta años de lo que ese mensaje llama adoctrinamiento explican, para quien lo escribe, un suelo electoral inamovible.
Por debajo late la desconfianza.
«Muchos creemos que las elecciones están amañadas», resume otra intervención, para la que cualquier esfuerzo institucional es tiempo perdido. Es la pieza que sostiene todo lo demás: si la urna no sirve, solo queda la fuerza. La objeción evidente —quién garantiza que la fuerza no reproduzca el mismo problema— rara vez encuentra respuesta.
Por qué la OTAN y la UE entierran la hipótesis
El argumento más contundente que aparece es geopolítico: mientras España pertenezca a la
OTAN y a la
Unión Europea, junto al resto de democracias del entorno, una intervención militar interna no tiene recorrido. No es cuestión de voluntad, sino de encaje exterior. El pronóstico, sin adornos: frustración y a esperar.
Ese muro explica el desplazamiento de casi todas las respuestas hacia otro terreno. Si el golpe no es viable, la pregunta rentable es cómo desgastar al Gobierno por vías legales. Y ahí entra la
ley de amnistía.
La amnistía como detonante y el fantasma del CNI
Una intervención condiciona su postura a la tramitación parlamentaria: si el Congreso aprueba la amnistía sin necesidad de que intervenga el tribunal constitucional, sostiene, deponer al Gobierno dejaría de ser una opción y pasaría a considerarse «una obligación para todo patriota». La alternativa que circula es más prosaica: ilegalizar a determinados partidos y reformar la Constitución. Todo por el BOE.
En medio, la guasa fina. Un mensaje calcula que, de celebrarse un referéndum, los
70 votos en contra serían de votantes independentistas; otro recuerda que a la mayoría le gusta la legalidad vigente solo cuando le favorece. Es el tipo de ironía que desactiva cualquier épica.
Lo llamativo es la sospecha que cae sobre la propia conversación. Varios mensajes saludan al presunto servicio de inteligencia, ironizan con un agente infiltrado y advierten de que una cuenta recién registrada no pregunta por gusto. Quienes fantasean con una operación de Estado creen estar siendo fichados por el Estado.
Y aquí llega el giro. Una parte de las respuestas sostiene que el golpe no es una hipótesis de futuro: estaría en marcha desde
2004 y lo describen como permanente. Otras afirman lo contrario, que ya lo ha dado el propio Ejecutivo y que solo falta completarlo con el control del
CGPJ. En una discusión sobre si conviene dar un golpe, la conclusión más repetida es que ya hay
uno en curso. Nadie especifica cuál.