Pagar bomberos, sanidad y barrenderos sin impuestos
Dos personas se pelean un sábado por la noche en una discoteca y las dos denuncian. En un escenario sin impuestos, cada una contrataría a su propia empresa de justicia —una, «Juezsegur»; otra, «Ley Iberia»— y alguien tendría que decidir qué sentencia vale. La escena sirve para medir hasta dónde llega el planteamiento que articula una corriente de opinión: suprimir todos los impuestos y pagar cada servicio en el momento de usarlo. Bomberos incluidos. Barrenderos, también.
Quitar los impuestos: del sueldo de 1.500 al de 3.000
El punto de partida sostiene que, al desaparecer la cotización empresarial del 30% y el IRPF del 20-40%, el trabajador cobraría
prácticamente el doble: un salario medio de 1.500 euros pasaría a 3.000. Los productos costarían entre un 10% y un 20% menos al quitar el IVA, así que el dinero rendiría más. Y las empresas, sin IVA sobre ventas, sin cotizaciones y sin el 25% sobre beneficios, duplicarían ganancias, invertirían y contratarían. Con el pleno empleo, los salarios subirían otra vez: no el doble, «quizás 2.5 veces».
No todos compran esa aritmética. El mismo escrito admite que desaparecen las pensiones públicas, la educación pública y la sanidad pública, y las sustituye por precios concretos: un seguro de salud por 350 euros al año, un colegio privado medio por 250 euros al mes. Con esos 300 euros mensuales, dice, el impacto sería de un 15% del salario ya sin impuestos. La moraleja es la de siempre: cada cual que ahorre para el paro y para la jubilación.
Sanidad por 350 euros al año: la factura que no cuadra
Ahí se rompe el consenso. Según una intervención del hilo, el gasto sanitario público español ronda los 2.000 euros por persona y año, y una familia de cuatro necesitaría unos 8.000 euros anuales antes de añadir el beneficio empresarial. El seguro barato funciona, se argumenta, porque los casos graves y caros los sigue asumiendo la sanidad pública: quien se opera de verdad no es el cliente de la póliza
low cost.
La letra pequeña no acaba ahí. Según un mensaje que cita el registro de transparencia europeo, varias asociaciones de sanidad privada españolas gastaron 200.000 euros en 2018 en labores de lobby en Bruselas. Y la objeción no es solo económica. Para otro participante, dentista, piel, traumatología o psicólogo ya se pagan hoy de bolsillo en buena medida, así que la línea que separa lo público de lo privado lleva años difuminada. Eso sí, la sanidad pública seguiría cubriendo cirugías, según esa intervención.
Pensiones: de dos trabajadores por pensionista a uno
El sistema de pensiones es el argumento con más números y menos acuerdo. El planteamiento inicial sostiene que con dos trabajadores sosteniendo a cada pensionista la cuenta ya no sale; en diez años habrá uno por cada jubilado, y la prestación futura sería la mitad que la actual, con la serie bajando año tras año. Pagar hoy por la fuerza más del doble de lo que se recibirá en tres décadas es, en esta lectura, la definición de mal negocio.
La réplica apunta al mecanismo, no al diagnóstico: si desaparecen las cotizaciones, no hay razón para pensar que ese dinero acabe en la nómina en lugar del bolsillo del empleador. Las pensiones, recuerdan, son un seguro implantado por Bismarck y reformado después en España, no un favor. Otra línea de respuesta pone el foco en la demografía: si la natalidad se hubiera mantenido, la caja aguantaría.
Farolas, barrenderos y policía por suscripción
El alumbrado, la limpieza y la seguridad son el terreno donde el ideal se mide con la realidad. Un barrendero contratado por una comunidad de vecinos que rinde mal se cambia; una empresa de seguridad que no protege la propiedad pierde el contrato. El argumento del consumidor soberano, aplicado a la seguridad ciudadana, choca con una pregunta incómoda: ¿cambia usted de policía cuando su barrio está mal vigilado, o cambia de barrio?
La fiscalidad local entra en juego con fuerza. Quien paga más IBI por vivir en una casa con jardín no paga solo su farola: también sostiene, por ejemplo, el recinto de las fiestas donde actúa Amaral, que no siempre está en su calle. La defensa del impuesto municipal responde que más suelo, más infraestructura y más valor exigen más aportación, y que la proporcionalidad es la única regla viable. El pago por uso tiene su propia trampa: si el asfalto y la luz son solo míos, cada vecino que pase tendrá que abonarme la factura.
El 5% de renta de los años sesenta
Para demostrar que hubo un país sin apenas impuestos y con servicios, se recurre a la España anterior a la democracia: impuestos «testimoniales», en torno al 5% de la renta, y aun así ejército, obras públicas, serenos, cárceles, escuelas y embalses, financiados por las empresas del Estado. La puntilla es la inflación: en 1960 bajó al 1% y en varias ocasiones fue nula.
La contrarréplica es igual de contundente. Aquella época no era una Arcadia fiscal: los impuestos son tan antiguos como los ejércitos, y las cotizaciones a la Seguridad Social datan al menos de los años sesenta. La política monetaria de entonces, además, se describe como una máquina de emitir billetes que aceleraba y frenaba según convenía, con picos de inflación muy superiores a los de los años de la democracia. Los impuestos existían, aunque se cobraran de otra manera.
De fondo queda la cifra que descoloca: entre el 10% y el 15% de recaudación bastaría, según el planteamiento inicial, para mantener jueces, policía y rentas de inserción temporales, con cheques escolares y médicos para las rentas bajas. Queda por ver cuánto costaría el resto —los barrenderos, los bomberos, las farolas y el asfalto— ni quién paga la factura de la discoteca cuando los dos clientes de la justicia privada no se ponen de acuerdo.