Reparto de 7.000 menores de Ceuta: la factura que nadie quiere asumir
La cifra de 7.000 menores extranjeros no acompañados en Ceuta ha vuelto a poner contra las cuerdas al sistema de acogida español. La necesidad de distribuirlos entre las comunidades autónomas ha destapado una brecha entre el discurso oficial de los retornos y la realidad sobre el terreno. No es solo una pelea política: detrás hay un coste mensual millonario y un laberinto legal que convierte la decisión en un problema sin salida fácil.
El coste mensual de la acogida: 42 millones de euros
Las cifras que manejan los técnicos del sector apuntan a un desembolso considerable. Multiplicando los 7.000 menores por un coste medio de 6.000 euros por plaza y mes, la factura asciende a 42 millones de euros mensuales. Es una estimación a la baja: en la práctica, cada expediente incluye manutención, alojamiento, atención educativa, psicológica, judicial y los programas de inserción. Para una comunidad autónoma media, acoger a 500 menores supone asumir un gasto anual de más de 36 millones de euros, una partida que no aparece en sus presupuestos.
El laberinto legal de la repatriación
La demanda de devolver a los menores a Marruecos choca con el derecho internacional y con la lógica de la protección de la infancia. La normativa distingue entre menores acompañados y no acompañados; en este caso, los 7.000 llegaron solos y no hay un adulto que responda por ellos. Para repatriarlos no basta con expulsarlos: hace falta localizar a sus familias o a un servicio de acogida en Marruecos que los reciba. El acuerdo bilateral de 2007 regula ese procedimiento, pero la clave la tiene Rabat. Sin la cooperación de Marruecos, la repatriación es papel mojado.
La batalla política: dinero y culpas
El reparto se ha convertido en un campo de batalla político. Las comunidades gobernadas por la derecha se niegan a aceptar cuotas, mientras el Gobierno central defiende la solidaridad territorial. Al fondo, la sospecha de que Marruecos utiliza la presión migratoria como arma de negociación. La historia lo ha demostrado: en mayo de 2021, ante otra avalancha, el Ejército salió a la valla de Ceuta, pero la presencia de la Legión y de los Regulares no resolvió nada. La cuestión de fondo no es militar, es diplomática y presupuestaria.
Mientras los números oficiales no cuadran (se anunciaron retornos masivos y ahora aparecen 7.000 menores en tierra de nadie), el reparto sigue bloqueado. Cada comunidad hace sus cuentas y nadie quiere asumir la parte más cara de una factura que no ha dejado de crecer. El problema no se resolverá con gestos políticos, sino con un acuerdo que ponga sobre la mesa el dinero y la cooperación que exige la ley.