Pucherazo Ley de Nietos: 10.500 expedientes revisados en Argentina, todos (100%) no cumple los requisitos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pues tras el escándalo de México, donde el consulado realizó embeleco a gran escala, y tras llevar revisados 31.390 expedientes de nacionalización por la Ley de Nietos, sólo 91 cumplían los requisitos (0,2 %), llega Argentina, que tras revisar solamente 10.500 expedientes, ninguno (100%), cumple los requisitos de la Ley de Nietos:


Ley de Nietos

El consulado de Buenos Aires ha revisado ya 10.500 expedientes de ‘nietos’ y no encuentra «pruebas de exilio»​

El consulado de España en Buenos Aires ha revisado los expedientes afectados por la suspensión del Tribunal Supremo a los nacionalizados por la conocida como Ley de Nietos. Entre las 10.500 concesiones de nacionalidad examinadas no se han encontrado «pruebas del exilio» de los antepasados. En la inmensa mayoría de los casos, no se había presentado documentación que justificase esta condición. Los escasos beneficiarios que sí lo hicieron aportaron pruebas que no podrían considerarse concluyentes.

El consulado de Buenos Aires es el que gestiona más solicitudes de nacionalidad española -645.000 peticiones-. De ellas, se ha recibido la documentación de 230.000 potenciales beneficiarios y 30.000 han sido resueltas. No obstante, no todos están afectados por la suspensión del voto decretada por el Supremo de cara a las elecciones del 29 de noviembre. El consulado hace públicos los datos de nacionalizaciones desde que se inició el proceso, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

Los cónsules se limitaron a cumplir con la instrucción de Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que alteró sustancialmente la Ley de Memoria Democrática que había sido votada por las Cortes. La ley reconocía el derecho a la nacionalidad a los descendientes de aquellos españoles que hubieran «sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sensual». La hermana del ministro Óscar Puente firmó una instrucción que presumía la condición de exiliado a cualquiera que hubiese abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Sólo tenían que justificar la salida del país del antepasado.

Como reveló OKDIARIO, la flexible interpretación de Puente provocó que incluso descendientes de emigrantes económicos del siglo XIX pudiesen acogerse al acceso a la nacionalidad. Según los datos del Gobierno, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española. 600.000 expedientes ya se han resuelto favorablemente.

Los consulados trabajan ahora contra reloj para identificar a los nacionalizados por la Ley de Nietos -163.020 según la Dirección General de Asuntos Consulares-, que tienen el voto suspendido según el auto del Tribunal Supremo. La labor es ardua, sin medios personales ni recursos para atender a esta exigencia, además del trabajo ordinario de atención a los españoles en el exterior. El Gobierno llegó a admitir que será «imposible» hacerlo antes de los comicios, lo que aventura un aluvión de impugnaciones de los resultados del voto CERA.

El Supremo ha requerido este viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que remitan a la Junta Electoral y a la Oficina del Censo Electoral la relación de los afectados, con la advertencia de que, si no lo hacen, podrán incurrir en responsabilidad penal y ser multados.

El Alto Tribunal considera «incomprensible» que la relación de inscritos en el CERA «no haya sido facilitada aún» y advierte que «resulta fundamental para la correcta conformación del censo electoral, pues sólo de ese modo responde a los principios de transparencia y objetividad del proceso electoral». El Supremo, cabe recordar, ya dictó hace mes y medio el primero de los autos que suspendía el derecho a voto de los nacionalizados por la instrucción de Puente.

Sólo 91 certificados​

Según los datos facilitados al Supremo, se han revisado 31.390 expedientes, de los cuales los responsables de los Registros Consulares sólo han emitido 91 certificados de personas que sí han acreditado el exilio de sus ascendientes. Estos sí podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre.

El Supremo se reconoce sorprendido por la tardanza del Gobierno puesto que «la Administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas» por lo que «no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado y, por aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración».

Exteriores ha respondido que «todos los consulados de España están realizando todos los esfuerzos necesarios desde el primer auto del Tribunal Supremo para cumplir con estos» y que se «redoblarán esfuerzos» si es necesario.

Y aun saldran con " son bulos Vox etc.."
 
En pocas palabras: la “ley de nietos” es la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Permitió a descendientes de exiliados, y a otros colectivos, pedir la nacionalidad española entre octubre de 2022 y octubre de 2025. Se presentaron unos 1,3 millones de solicitudes y se habían aprobado unas 600.700 a 31 de agosto de 2026. Ahora mismo el foco está en el Tribunal Supremo, que exige acreditar el exilio de los antepasados para que unos 163.020 nuevos españoles inscritos en el censo exterior puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre.

Cronología​

Antecedente: 2007–2011

  • La Ley 52/2007 de Memoria Histórica (la “primera ley de nietos”) abre una vía parecida para nietos de exiliados, con plazo hasta 2011.
Octubre de 2022: entra en vigor la nueva ley

  • El 21 de octubre de 2022 entra en vigor la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Su disposición adicional octava permite optar a la nacionalidad a:
    • descendientes y nietos de exiliados por motivos políticos, ideológicos o de creencias;
    • descendientes y nietos de españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero antes de 1978;
    • descendientes mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad con la ley de 2007;
    • brigadistas internacionales.
  • El plazo inicial es de 2 años.
2022–2024: avalancha de solicitudes

  • La demanda es masiva, sobre todo en Argentina, Cuba, México, Brasil y Venezuela, y los consulados se saturan.
  • En 2024 el Gobierno amplía el plazo un año más.
22 de octubre de 2025: se cierra el plazo

  • Desde esa fecha no se admiten solicitudes nuevas. Las presentadas a tiempo se siguen tramitando.
Marzo-abril de 2026: primeras cifras globales

  • El ministro Albares habla de unos 2,45 millones de interesados y unas 545.000 solicitudes aprobadas.
Junio de 2026: se desatascan los consulados

  • El Gobierno da salida a un bloque de unos 200.000 expedientes que estaban parados en los consulados.
Septiembre de 2026: datos oficiales al Parlamento

  • Con datos a 31 de agosto, en respuesta a Vox:
    • 1.317.108 solicitudes presentadas;
    • 600.684 aprobadas;
    • 369.017 inscritas en el Registro Civil.
  • El 10 de septiembre, el Supremo dicta las primeras medidas cautelares sobre el voto de estos nuevos españoles.
Octubre de 2026: choque judicial y político

  • El 12 de octubre, el Supremo dicta nuevas medidas cautelares. Exige un certificado consular que acredite el exilio de los antepasados para que la inscripción en el CERA (el censo de residentes en el extranjero) tenga efectos electorales.
  • El 21 de octubre se han revisado 31.390 de los 163.020 expedientes afectados y solo se han emitido 91 certificados.
  • El 23 de octubre, el Supremo da a Bolaños y Albares hasta el 28 de octubre para entregar la lista con los nombres de los 163.020 afectados, bajo amenaza de multas.
  • Vox habla de un “embeleco electoral”. Otros medios recuerdan que la revisión acaba de empezar y que muchas personas entraron por vías que no exigían el exilio, como la de las abuelas casadas con extranjeros.
Próximas fechas

  • 24-30 de octubre: el CERA envía la documentación electoral, con aviso de voto provisional para los afectados.
  • 28 de octubre: termina el plazo del Supremo para la lista de afectados.
  • 29 de noviembre: elecciones.

Claves para entender la situación​

  1. La nacionalidad no está en cuestión. El caso del Supremo trata de la validez del voto, no de retirar nacionalidades ya concedidas.
  2. Queda mucho por resolver. Más de la mitad de las solicitudes presentadas seguía pendiente a finales de agosto.
  3. Las cifras se mezclan con frecuencia. Interesados (~2,4 millones), solicitudes presentadas (~1,3 millones), aprobadas (~600.700), inscritas (~369.000) y afectados en el censo electoral (163.020) son cosas distintas.
  4. Hay incertidumbre. El asunto es muy reciente y los detalles del auto del Supremo vienen de la prensa, no del texto original.
 
Participación: aquí sí hay un abismo

  • En el CERA votaron solo 203.115 de 2.288.774 electores, un 8,9%.
  • En España la participación ronda el 67-75% en las generales de 2011 a 2023.
Reparto del voto en 2023

PartidoVoto CERAVoto total en España
PP32,7%~33%
PSOE29,2%~31,7%
Sumar14,7%~12,3%
Vox11,2%~12,4%
En el exterior, Sumar salió algo mejor y PSOE y Vox algo peor, pero son diferencias de pocos puntos.

Impacto en escaños: el voto CERA solo cambió un escaño en Madrid, que pasó del PSOE al PP.

Tendencia histórica: los análisis coinciden en que el voto exterior ha ido convergiendo con el nacional. Antes había más diferencias. Por ejemplo, el PSOE solía sacar mejor resultado fuera que dentro hasta 2008, y desde 2015 le pasa lo contrario.

Por qué importa ahora: estos datos son de antes de que se incorporaran en masa los nuevos españoles de la ley de nietos. Cientos de miles de inscripciones, sobre todo en Latinoamérica, pueden cambiar tanto el tamaño del censo exterior como su comportamiento. Por eso el tema es tan sensible políticamente. Aun así, no hay datos fiables de cómo votarán: con una participación tan baja en el exterior y sin elecciones generales desde entonces, cualquier predicción sería especulación.
 

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