Resumen del debate: Pucherazo Ley de Nietos: 10.500 expedientes revisados en Argentina, todos (100%) no cumple los requisitos

Ni uno de 10.500: el coladero de la Ley de Nietos en Argentina​

El consulado español en Buenos Aires ha revisado 10.500 expedientes de nacionalización al amparo de la Ley de Nietos y no ha encontrado pruebas de exilio en ninguno de ellos. Cero. La cifra llega después de que en México el mismo examen dejara 91 certificados válidos entre 31.390 expedientes, un 0,2 %. El patrón se repite: la instrucción que presumía la condición de exiliado a quien saliera de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 convirtió la acreditación documental en un trámite.

El Supremo ha suspendido el voto de los nacionalizados por esa vía y ha requerido a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares la relación nominal de afectados, con advertencia de responsabilidad penal y multas si no la remiten. Los consulados alegan falta de medios para identificar a los 163.020 nacionalizados que la Dirección General de Asuntos Consulares contabiliza. El Gobierno admitió que será «imposible» hacerlo antes de los comicios del 29 de noviembre.

Qué dice la instrucción de Sofía Puente​

La norma votada por las Cortes reconocía el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles que hubieran «sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual». La instrucción firmada por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente, presumía esa condición por la simple fecha de salida del país del antepasado. Bastaba con justificar que el abuelo se marchó en la ventana temporal.

De ahí el resultado. En Buenos Aires, el consulado que gestiona más solicitudes —645.000 peticiones, 230.000 con documentación recibida y 30.000 resueltas— no ha validado ni un expediente de los 10.500 examinados. Los escasos beneficiarios que presentaron algo aportaron pruebas que no se consideran concluyentes. La interpretación flexible llegó a permitir que descendientes de emigrantes económicos del siglo XIX accedieran al pasaporte.

La probabilidad de que sea casualidad​

Hay quien sostiene, a partir de un cálculo que circula estos días, que si cada expediente tuviera un 90 % de probabilidad individual de estar bien, la probabilidad de encadenar 10.500 errores independientes sería de uno entre un uno seguido de 474 ceros. Con un 95 %, uno entre un uno seguido de 228 ceros. Con un 99 %, aproximadamente uno entre 41,7 cuattuordecillones de millones. La conclusión que extrae ese cálculo es que no estamos ante una racha de mala suerte, sino ante un error generalizado conocido y tolerado.

El calendario electoral y el voto CERA​

El Supremo considera «incomprensible» que la relación de inscritos en el CERA no se haya facilitado aún y avisa de que es «fundamental para la correcta conformación del censo electoral». La Administración, dice el auto, conoce la identidad de todos los tramitados. Los consulados trabajan contra reloj sin medios personales ni recursos, además de la atención ordinaria. El escenario que se dibuja es un aluvión de impugnaciones de los resultados del voto CERA.

Hay quien sostiene que los cónsules se limitaron a cumplir órdenes y que la responsabilidad es política, no funcionarial. En contra pesa el argumento de que el peritaje exigido por el Supremo es sencillo de ejecutar si se tiene la documentación, y que el retraso en facilitar los nombres es una decisión, no una incapacidad técnica.

Quién paga el desaguisado​

Según los datos del Gobierno, 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad y 600.000 expedientes se han resuelto favorablemente. La pregunta que sobrevuela es si alguien responderá por los miles de votos en el limbo o si todo quedará en agua de borrajas. De momento, el Supremo ya ha movido ficha con apercibimiento penal. Los consulados redoblan esfuerzos. Y el censo sigue sin cuadrar.