Noticia: PUCHERAZO: El INE establece el censo electoral saltándose la suspensión de la ley de Nietos que sentenció el Supremo

El Instituto Nacional de Estadística ha cerrado el censo electoral para las generales del 29 de noviembre con 2,77 millones de inscritos en el extranjero, sin excluir a los nacionalizados por la ley de nietos, pese a la suspensión cautelar del Tribunal Supremo. El organismo se ha limitado a reflejar las altas y bajas mensuales de los registros consulares.

El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el viernes el censo electoral que estará vigente para las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo hizo sin aplicar la condición cautelar que el Tribunal Supremo había exigido: aceptar de momento solo a quienes acrediten que sus antepasados emigraron exiliados por persecución de la dictadura. El resultado es que todos los nacionalizados por la ley de nietos inscritos en el censo electoral de residentes ausentes (CERA) figuran entre los llamados a votar.

La Oficina del Censo trabajó con el censo cerrado a 1 de agosto, fecha en la que los registros de electores del exterior rozaban los 2,77 millones de inscritos. No hubo bloqueo de los 168.896 a los que el Supremo señalaba que ya se había concedido la nacionalidad por la vía extraordinaria de la ley aprobada en 2022, ni de quienes, entre los 369.017 expedientes ya aprobados, se hubieran resuelto en los meses siguientes. El número de posibles votantes en el exterior ha seguido creciendo, de hecho, en casi cien mil personas en lo que va de año.

Qué dice el Supremo y qué ha hecho el INE

El alto tribunal había ordenado suspender cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la vía excepcional, a raíz de un cuestionamiento sobre la interpretación de la Ley de Memoria Democrática. La Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo exige, de momento, que se acredite individualmente el exilio por persecución de la dictadura. El INE, sin embargo, ha seguido reflejando mes a mes las altas y bajas en los registros de electores, sin excluir a ese grupo.

Ante este escenario caben varias salidas: una nueva instrucción del Supremo que reitere la suspensión, un cambio en la decisión de la mayoría de los magistrados que permita la participación de todos los inscritos, o una sentencia sobre el caso impulsado por Vox y Iustitia Europa. Mientras tanto, el censo ya está fijado y los plazos electorales siguen su curso.

Quién queda fuera y quién no

No podrán participar en las generales los 15.141 dados de alta en el CERA entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre. Aunque el censo se actualiza cada día, a efectos electorales se cierra «el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria», como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Es decir, esas altas llegaron tarde.

En los siete primeros meses del año, el censo de residentes ausentes creció en casi 83.000 personas. Prácticamente uno de cada cuatro de esos nuevos inscritos quedó adscrito a la provincia de Madrid. Galicia, comunidad con la diáspora más numerosa de España, recibió 10.000 inscripciones menos que Madrid. Esa diferencia ha alimentado la desconfianza sobre el proceso de concesión de la nacionalidad por la ley de nietos.

Los países con más electores españoles

El censo vigente identifica a Argentina como el país con más emigrados y descendientes dados de alta a efectos electorales: 524.852. Le sigue Francia, con 267.387, y aparece Estados Unidos como tercer foco de presencia española, con 213.007.

Al margen de los 2,77 millones de electores reconocidos en el extranjero, el censo establece 35,9 millones de potenciales votantes en España. De ellos, 2,21 millones corresponden a las cuatro circunscripciones gallegas. Para los comicios se habilitarán 60.970 mesas electorales en 22.512 locales de toda España, 2.310 de ellos en Galicia.

La causa contra Sofía Puente y el calendario de reclamaciones

En paralelo a la notificación de los registros censales, la Fiscalía de Madrid solicitó el archivo de la causa penal abierta a raíz de una querella de Hazte Oír contra Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la aplicación de la ley de nietos. El ministerio público sostiene que los hechos denunciados ya fueron examinados por otro juzgado madrileño en 2022, que acordó su sobreseimiento.

Hazte Oír había rechazado que ese archivo anterior impidiera investigar de nuevo a la exdirectora general. Su querella atribuye a Puente una supuesta extralimitación de competencias al interpretar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, permitiendo acceder a la nacionalidad a descendientes de emigrantes sin acreditar individualmente el exilio. Es precisamente ese cuestionamiento el que llevó al Supremo a suspender cautelarmente el derecho al voto.

Hasta el día 19 de este mes estará abierto el plazo para presentar reclamaciones de inclusión o exclusión del censo electoral, tanto en ayuntamientos como en consulados. El proceso deberá contestarse antes del 23. Después quedarán cinco días para interponer recursos. Cualquier decisión sobre el derecho al voto de los afectados pasa por los tribunales, así que conviene consultar con un abogado antes de dar por hecho cualquier escenario.