Psoelimpiándose el pandero con la separación de poderes: maria j. montero calificando en un congreso de "una verguenza" la sentencia de dani alves

Montero llama «vergüenza» a la sentencia del caso Alves​

Una vicepresidenta del Gobierno califica de «vergüenza» una resolución judicial y el eco no se apaga. María Jesús Montero, también titular de Hacienda, cuestionó desde una tribuna pública el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el caso Dani Alves, y lo hizo con un argumento que ha encendido todas las alarmas: que la palabra de una mujer está por encima de la presunción de inocencia. La frase no es un lapsus de sobremesa. Es la vicepresidenta de un país de la Unión Europea poniendo en duda, en un acto público, el principio que sostiene cualquier sistema penal democrático.

El asunto no es menor: hablamos de la separación de poderes, del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la obligación de acatar las sentencias. Y de un Gobierno que, según el análisis dominante, lleva años tratando la Justicia como un obstáculo a sortear en lugar de un poder del Estado.

Qué dijo Montero y por qué se considera una vuelta de tuerca​

El núcleo del asunto es sencillo de enunciar y difícil de digerir. La vicepresidenta, en un acto público, calificó la sentencia de «vergüenza» y sostuvo que el testimonio de la denunciante debe prevalecer. Traducido: si una mujer denuncia, se la cree; el tribunal, si absuelve, se equivoca. La presunción de inocencia, ese derecho recogido en la Constitución y en los textos internacionales, quedaría en suspenso cuando el acusado es hombre y la acusación es mujer.

Hay quien sostiene que no es una opinión improvisada, sino la punta de un iceberg legislativo que lleva años horadando garantías procesales. El argumento que más circula es que el PSOE y los firmantes de la Ley Integral contra la Violencia de Género llevan tiempo aplicando esa lógica en la práctica, pero siempre con la cautela de no decirlo en voz alta. La novedad, según esta lectura, es que ahora se verbaliza sin pudor.

El reproche jurídico es directo: un miembro del Gobierno no puede arrogarse la potestad de revisar sentencias en un mitin. Para eso están los recursos, los tribunales superiores y, en última instancia, Estrasburgo. Y ahí está el detalle que nadie parece querer mirar: la vía procesal existe, es gratuita y no requiere subirse a un escenario.

La presunción de inocencia, en el centro del disparadero​

El segundo frente es el de la doctrina. La presunción de inocencia no es un adorno retórico: es la base del sistema penal en cualquier democracia y la razón por la que un tribunal absuelve cuando la prueba no es concluyente. Que una vicepresidenta la cuestione en público no es una opinión más; es un ataque al cimiento.

La paradoja que más se repite en el análisis es esta: si el testimonio de una mujer vale por encima de todo, ¿qué pasa cuando una mujer acusa a otra mujer? ¿Y cuando una mujer joven acusa a una política? La asimetría se cae sola. No hace falta ser jurista para verlo.

En contra pesa otro argumento, que también circula: que la sentencia del TSJC es reciente y que el caso sigue su curso en otras instancias, de modo que la crítica política a una resolución concreta no equivale a una demolición del principio. Es un matiz razonable, pero no responde a la pregunta de fondo: ¿por qué una vicepresidenta elige el atril en lugar del recurso?

El choque institucional: separación de poderes y artículo 118​

El tercer frente es el institucional. El artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a acatar las sentencias firmes. Que un miembro del Ejecutivo las ponga en cuestión desde una tribuna no es un exceso verbal: es una señal. La lectura más dura es que el Gobierno ha convertido la crítica judicial en herramienta electoral y que los tribunales son el enemigo a batir cuando fallan en contra.

La lectura más suave es que Montero habló como dirigente de partido, no como vicepresidenta. Pero el cargo no se aparca al subir al escenario, y menos cuando se habla de una resolución judicial con nombre propio.

El silencio del PP en este asunto ha sido señalado como síntoma. Si la oposición no carga contra una vicepresidenta que cuestiona una sentencia, ¿para qué sirve la oposición? La pregunta queda flotando.

El trasfondo: un Gobierno que legisla contra el criterio judicial​

El cuarto frente es el político-legislativo. La tesis que más se repite es que este episodio no es un accidente, sino la coartada perfecta para justificar una nueva vuelta de tuerca normativa: si la Justicia es «machirula y patriarcal», cualquier ley que la corrija está justificada, incluso si roza la Constitución.

El cálculo político es evidente. Un caso mediático con sentencia reciente sirve para movilizar a la base, para desviar el foco de otros asuntos y para preparar el terreno de la próxima contienda electoral. La pregunta es si el electorado compra ese relato o si, por el contrario, castiga el exceso.

Hay quien apunta a un efecto secundario que nadie mide: el desgaste de la confianza en las instituciones. Cuando el Ejecutivo y el Judicial se acusan mutuamente de actuar por motivos ideológicos, el ciudadano deja de creer en ambos. Y eso no se arregla con una rueda de prensa.

Lo que queda por ver​

El caso Alves sigue su curso en otras instancias y la sentencia del TSJC no es el final del camino. Lo que sí ha quedado claro es que la vicepresidenta ha elegido el atril antes que el recurso, y que su partido ha convertido la crítica judicial en argumento de campaña.

Queda por ver si el PP rompe su silencio, si el Consejo General del Poder Judicial mueve ficha y si Bruselas mira hacia otro lado. Y queda una pregunta que nadie responde: si la palabra de una mujer vale por encima de la presunción de inocencia, ¿qué pasa cuando esa mujer se equivoca?