La nueva ley contra la violencia vicaría: ¿más protección o más riesgo?
El Gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley que suspende de forma automática el régimen de visitas de los hombres condenados por violencia de género. La medida, presentada como un avance en la protección de menores, no contempla la posibilidad de que una mujer pueda ejercer violencia sobre sus hijos. El texto, que aún debe pasar por el Congreso, reabre el debate sobre los límites de la intervención estatal en la familia.
Suspensión automática: ¿eficacia o peligro?
La ley establece que cualquier condena firme por violencia de género implicará la pérdida inmediata del derecho de visitas. Sus defensores argumentan que es la única forma de evitar que el agresor utilice a los hijos como instrumento de control. Sin embargo, hay quien sostiene que la medida puede ser contraproducente: privar a un padre de todo vínculo con sus hijos, en situaciones de desesperación, podría aumentar el riesgo de reacciones extremas. El debate no es sencillo, porque choca con el principio de que el interés superior del menor debe primar, pero también con la presunción de que no todos los condenados van a repetir conductas.
¿Y la violencia de las madres?
Un punto ciego del proyecto es que ignora la posibilidad de que una mujer ejerza violencia sobre sus hijos. La ley se centra exclusivamente en los condenados por violencia de género, mayoritariamente hombres. Esto ha generado críticas sobre un sesgo de género que, según ciertos análisis, podría dejar desprotegidos a menores en casos donde la madre es la agresora. La Asociación de Padres Separados ha alertado de que el texto adolece de una visión simplista de la realidad familiar.
¿Pasará el filtro del Congreso?
El proyecto necesita mayoría absoluta al ser una ley orgánica. Con un panorama parlamentario fragmentado, su aprobación no está garantizada. Los partidos nacionalistas suelen aprovechar estas iniciativas para negociar contrapartidas. Queda por ver si el texto logra los apoyos necesarios o se queda en una declaración de intenciones. Lo que está claro es que el debate sobre la violencia vicaría y las custodias no ha hecho más que empezar.
Lo que ningún análisis termina de explicar es cómo se van a evaluar los casos concretos para evitar que la suspensión automática cause más daño que beneficio. La respuesta, de momento, no está en la ley.