PROPUESTAS reales para solucionar el problema de la inmi gración..... HOY

Cárceles estilo Bukele y expulsión: el plan que se debate​

Un paquete de trece medidas, sin matices y con la advertencia de que llega tarde. El punto de partida del planteamiento es una premisa que quien lo firma considera indiscutible: reemigrar a millones de personas no es posible, así que lo que queda es realpolitik de choque. Fronteras cerradas por mar y aire, devolución de embarcaciones a aguas internacionales, quince macro cárceles repartidas por el territorio y un código penal que convierta en delito lo que hoy es sanción administrativa. Beber en un parque, tres meses de cárcel. Conducir sin carnet, tres años. No pagar el alquiler, dos años.

La propuesta no se queda en el castigo. Dibuja un sistema de dos velocidades donde el acceso a servicios sociales, vivienda y voto depende del origen y del tiempo de residencia. Cuarenta años sin poder disfrutar de servicios sociales, obligación de contratar un seguro de salud privado durante ese mismo periodo, prohibición de comprar vivienda y reagrupación familiar cerrada al cien por cien. El derecho al voto se reserva a quienes tengan tres generaciones de españoles a la espalda. Y una cláusula de rendimiento laboral: seis meses sin trabajar para un migrante, deportación; un año para un nacionalizado, revocación de la nacionalidad y salida.

Qué se responde cuando alguien pide el regreso masivo​

El primer reproche que recibe el paquete es que se queda corto. La objeción más repetida no es de legalidad, sino de alcance: falta lo más importante, revertir por completo el proceso. Quien lo escribe no desarrolla la propuesta, y el autor del plan le responde con un argumento de realismo: pedir que se vayan todos es como pedir acostarse con modelos cada noche. La discusión se tensa justo ahí, en la frontera entre lo deseable y lo aplicable.

A partir de ese punto el catálogo se amplía. Se propone que los presos cumplan condena en su país de origen y que la expulsión sea definitiva, revocar todas las nacionalidades concedidas —por nacimiento o por solicitud—, aplicar la legislación antiterrorista a las bandas organizadas y pena de muerte para asesinos. El autor del plan acepta algunas, marca otras como inviables en el marco legal vigente y descarta la última por un motivo práctico: no se puede discernir entre nacional y extranjero a la hora de aplicarla.

La sanidad aparece como terreno de consenso. La idea de que un extranjero pague precios de mercado por la atención sanitaria se cuela en varias intervenciones y el autor la da por cubierta con el seguro obligatorio. También hay acuerdo en un umbral laboral: más de tres meses de paro en un periodo de dos años significa que no se es un trabajador necesario.

El padrón, los convenios y las ayudas como palanca​

La medida que más apoyo recoge sin discusión es la más barata de todas: dejar de empadronar a quien no tenga la documentación en regla. El argumento es que el padrón es la puerta de entrada al resto de prestaciones, y que hoy se accede a él con un contrato de arrendamiento. De ahí sale una batería de propuestas sobre vivienda: prohibir el alquiler a personas en situación irregular con multas disuasorias, limitar el porcentaje de empadronados extranjeros por edificio, impedir la compra de suelo y reservar la vivienda al trabajador nacional, dejando al turista solo en hoteles y alojamientos reglados.

El segundo bloque ataca el flujo por el lado del dinero. Eliminar el ingreso mínimo vital, la renta básica y el resto de ayudas haría, según este análisis, el trabajo que ninguna ley necesita: el mercado ajustaría solo. Se suman la suspensión de convenios con terceros países, la retirada de ayudas a quien lleve más de seis meses sin trabajar y un plan de retorno voluntario pagado a quince mil euros por familia durante los dos primeros años.

Hay una corriente que desplaza el foco al empleo. Si una empresa quiere contratar fuera, que le cueste más: recargo en las cotizaciones, seguro de salud privado a cargo del empleador y, si el contrato termina, seis meses de cobertura antes de que decaiga el permiso. La versión más dura condiciona cualquier contratación extranjera a que el desempleo nacional baje del uno por ciento.

El obstáculo que nadie discute: quién lo aplica​

La crítica más incómoda no va contra las medidas, sino contra la posibilidad de ejecutarlas. Se sostiene que todo esto requiere un poder con voluntad real de hacerlo, y que ese poder no aparece porque está atado. La respuesta más repetida a esa objeción es que la ley se puede cambiar, pero eso implica salirse de directivas europeas y asumir el coste de perder soberanía. Otros lo resumen en una frase: primero hay que sacar del gobierno a los dos partidos que se han alternado, y después todo lo demás.

Frente al diagnóstico institucional, emerge una vía local. No comprar en determinados establecimientos, señalar comportamientos incívicos, movilizarse contra cambios en menús escolares o asignaturas, transmitir la herencia cultural en el entorno inmediato. Es la única propuesta que no depende de que cambie nada arriba, y probablemente la única que cualquiera puede ejecutar mañana.

El dato que descoloca el conjunto: un participante calcula que bastaría con retirar todas las ayudas, empezando por la ocupación y el empadronamiento irregular, para que el ochenta por ciento se marche en una semana. Si eso fuera cierto, el problema no sería de medios. Sería de voluntad.

¿Y si el cuello de botella nunca fue la ley?