Los programas de vivienda para el 29-N van del IVA al 5% para primera vivienda del PP a la rebaja obligatoria del 40% en alquileres de Podemos. Todos prometen más oferta, pero discrepan en impuestos, topes y desalojos.
Hay un consenso raro en la política española: todos los partidos dicen que el problema de la vivienda es la oferta. A partir de ahí, cada uno monta su propia receta y las distancias son siderales. Unos bajan impuestos, otros los suben; unos liberalizan suelo, otros ponen topes. Estas son las propuestas que cada formación lleva al 29-N, sin adornos.
El PP promete un millón de casas y un IVA al 5%
El PP se compromete a construir 1 millón de viviendas en cuatro años mediante la cesión de suelo público. En fiscalidad, aplicaría un IVA del 5% a la compra de primera vivienda habitual, limitado a obra nueva de hasta 120 m². Para inquilinos con rentas de hasta 33.007 euros, elevaría las deducciones al 15%.
En materia de alquiler, eliminaría la declaración de zonas tensionadas de la Ley de Vivienda e introduciría una ley para desahucios y desalojos cautelares en un plazo de 48 horas en casos de okupación. La formación presenta estas medidas como un paquete de seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.
El PSOE apuesta por el Estado promotor y el tope del 2%
El PSOE quiere consolidar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, y convertir al Estado en promotor directo de vivienda pública asequible. Mantendría el tope del 2% en la actualización de alquileres y añadiría bonificaciones en el IRPF de hasta el 100% para propietarios que bajen las rentas.
En el capítulo fiscal, aplicaría un IVA del 10% a las estancias en pisos turísticos y recargos en el IBI de hasta el 150% en zonas tensionadas para este tipo de inmuebles. Es la propuesta que más carga impositiva concentra sobre el alquiler vacacional.
Vox: IVA cero y desalojo en 24 horas
Vox propone derogar la Ley de Vivienda y sustituirla por una normativa que libere la mayor parte del suelo disponible, salvo el de especial protección. En impuestos, plantea un IVA del 0% para la adquisición de primera vivienda y la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre el Patrimonio en el ámbito inmobiliario.
En protección al propietario, defiende un procedimiento de desalojo en 24 horas y un régimen de prioridad nacional en las ayudas públicas de acceso a la vivienda. Ese último punto es el más discutido: liga el acceso a las ayudas a la nacionalidad y a criterios de arraigo que la formación no detalla en su programa.
Sumar, Podemos y los nacionalistas: topes, expropiaciones y competencias
Sumar apuesta por la renovación automática de los contratos de alquiler y un tope para que la renta no supere el 30% de los ingresos del hogar. Restringiría la compra de vivienda por fondos de inversión y no residentes cuando no sea para residencia habitual, y regularía el alquiler turístico y de temporada.
Podemos va más lejos: reducción obligatoria por ley del 40% en los precios del alquiler, prohibición total de la compra no residencial, expropiación del uso de viviendas desocupadas en manos de bancos y fondos, y eliminación del régimen fiscal de las Socimis. También prohíbe las viviendas de uso turístico en zonas urbanas tensionadas.
Los partidos regionalistas y nacionalistas se mueven en otro eje. PNV y Junts rechazan las prórrogas automáticas obligatorias al pequeño propietario y apuestan por incentivos fiscales, con reducciones del IRPF de hasta el 90% para caseros que mantengan o bajen precios, además de respeto a las competencias autonómicas en suelo. ERC y EH Bildu quieren descentralizar los topes para que comunidades y municipios puedan acotar precios, elevar impuestos progresivos a partir de la tercera propiedad y aplicar un IVA del 21% a los alquileres vacacionales.
Lo que nadie concreta: el coste y el calendario
Ninguno de los programas detalla cuánto costará cada medida ni de dónde saldrá el dinero. El millón de viviendas del PP exige suelo público que muchas comunidades no tienen disponible; el Estado promotor del PSOE choca con la capacidad de ejecución de la Administración central. Los topes de Sumar y Podemos, según sus críticos, desincentivan la oferta y presionan los precios al alza.
La vivienda es competencia compartida entre Estado y comunidades, y eso limita cualquier programa. Cualquiera de estas medidas requiere mayoría parlamentaria y, en varios casos, reformas legales que tardan años. El votante debería leer los programas con la calculadora en la mano y desconfiar de las cifras redondas.
