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El Consejo de Ministros ha aprobado un reglamento que crea una ayuda económica para facilitar el retorno a España de ciudadanos con nacionalidad española de origen que estén en situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo se da un año para desarrollarla, pero aún no ha fijado cuánto dinero destinará ni cuántas personas podrán acogerse.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Reglamento de desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, una norma que culmina el despliegue de la Ley 40/2006 y que reúne en un solo texto prestaciones económicas, asistencia sanitaria, subvenciones y políticas de retorno. Entre las novedades aparece una ayuda específica para facilitar la vuelta de españoles de origen que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Qué cubre la nueva ayuda y a quién alcanza

La prestación está pensada para ciudadanos con nacionalidad española de origen que residan fuera y quieran regresar. El reglamento abre la puerta a que también puedan beneficiarse los descendientes de emigrantes que obtuvieron la nacionalidad a través de la conocida como Ley de Nietos, siempre que cumplan los requisitos que fije la futura regulación.

El Gobierno se concede un plazo máximo de un año para desarrollar la prestación. Todavía no ha concretado cuánto dinero público destinará a ella ni cuántas personas podrán acogerse. Es decir, existe el marco legal, pero falta la dotación y el detalle operativo.

El coste real aún no está sobre la mesa

Sin cifra de presupuesto ni número de beneficiarios, cualquier cálculo sobre el impacto en las cuentas públicas es una especulación. Lo que sí está aprobado es la creación de la vía de ayuda y su encaje dentro del reglamento que ordena todas las políticas de retorno.

La norma también agrupa disposiciones sobre asistencia sanitaria y subvenciones que antes estaban dispersas. Ese empaquetado facilita la gestión, pero no aclara por sí solo cuánto costará el conjunto.

Un desarrollo que se hará esperar

El plazo de un año sitúa la letra pequeña lejos de la aprobación inicial. Hasta entonces no habrá requisitos cerrados, ni cuantías, ni procedimiento de solicitud. Conviene leer el anuncio como un marco en construcción y no como una prestación disponible.