Profesora dando ejemplo a la juventud

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RESUMEN DEL MENSAJE INICIAL · elaborado con IA

La instructora del caso, Irene A. B., profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universitat de València, está procesada por un delito de amenazas contra Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana. El juzgado ha cerrado la instrucción y remite el caso a la Fiscalía y las acusaciones.

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La instructora del caso, Irene A. B., profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universitat de València, está procesada por un delito de amenazas contra Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana. El juzgado ha cerrado la instrucción y remite el caso a la Fiscalía y las acusaciones.

La Policía Nacional tardó meses en poner nombre a una cuenta anónima de X. Los mensajes que salían de ese perfil no eran una crítica política al uso: hablaban de bombas lapa, de 20 kilos de explosivo Goma 2 y de disparos en la nuca con armas de nueve milímetros. El destinatario era Carlos Mazón, que por entonces presidía la Generalitat Valenciana. La investigación acabó señalando a una profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universitat de València, Irene A. B., detenida el 15 de enero y puesta en libertad provisional sin fianza.

De la denuncia al juzgado

Las amenazas llegaron a oídos de la Policía en abril de 2025, cuando Mazón seguía al frente del Consell. El departamento de redes de Presidencia de la Generalitat aportó cuatro capturas de pantalla de publicaciones lanzadas desde un perfil falso. Los mensajes aparecían asociados a publicaciones del propio presidente autonómico y describían distintos métodos para acabar con su vida de forma violenta.

El magistrado titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia decidió hace quince días seguir adelante por la vía del procedimiento abreviado. Según la resolución, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de amenazas previsto en el artículo 169.2 del Código Penal. El juez da por cerrada la instrucción y envía el caso a la Fiscalía y a las acusaciones, que ahora deben decidir si piden juicio oral.

El iPhone sin información útil

La defensa de la profesora cuestiona su vinculación con los mensajes. Sostiene que ser titular de una conexión a Internet no acredita por sí solo la autoría de lo publicado. Durante las diligencias se intervino un iPhone 13 y el análisis del dispositivo fue autorizado por el juez.

El 26 de septiembre, la Policía comunicó que las gestiones sobre el teléfono habían resultado infructuosas: no se obtuvo información útil para la investigación. Ese resultado no borra los indicios del rastreo de conexiones, aunque tampoco permite atribuir los mensajes a partir del aparato.

Qué implica el artículo 169.2

El Código Penal castiga en ese apartado las amenazas dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, con penas que pueden llegar a la prisión. La calificación concreta del caso la decidirán el juez y, en su caso, el tribunal. La causa sigue su curso y no hay sentencia: la presunción de inocencia de la investigada se mantiene intacta hasta que exista resolución firme.

Datos clave
  • Irene A. B., profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universitat de València, investigada por amenazas contra Carlos Mazón.
  • Detenida el 15 de enero y en libertad provisional sin fianza.
  • La Policía recibió las capturas de pantalla en abril de 2025, cuando Mazón presidía la Generalitat.
  • El juez aplica el artículo 169.2 del Código Penal y remite la causa a Fiscalía y acusaciones.
  • El análisis del iPhone 13 intervenido no aportó información útil, según comunicó la Policía el 26 de septiembre.
Resumen generado con inteligencia artificial a partir del primer mensaje del tema.

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Una profesora universitaria, procesada por amenazar a Mazón con tiros en la nuca
La investigada, trabajadora en la Facultad de Medicina, habría utilizado una cuenta falsa de X para lanzar las amenaza

profesora e investigadora de la Universidad de Valencia, Irene A. B., está siendo investigada por un juzgado de Valencia por amenazas de gloria contra Carlos Mazón, cuando todavía presidía la Generalitat Valenciana. Los mensajes, publicados en la red social X, hablaban de la colocación de bombas lapa, del uso de 20 kilos de artefacto peligroso Goma 2 y de disparos en la nuca con armas de nueve milímetros. La Policía Nacional investigó el origen de los mensajes durante varios meses hasta identificar a la docente de la Facultad de Medicina como su presunta autora. Fue detenida el 15 de enero y después quedó en libertad provisional sin fianza.

El magistrado titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia decidió hace quince días seguir adelante con la causa mediante un procedimiento abreviado. Según la resolución, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de amenazas, tal como recoge el artículo 169.2 del Código Penal. El juez considera que se puede dar por cerrada la instrucción y enviar el caso a la Fiscalía y las acusaciones, que ahora deberán decidir si solicitan la apertura de juicio oral.

Las amenazas fueron puestas en conocimiento de la Policía en abril de 2025, cuando Mazón aún seguía al frente del Consell. El departamento de redes de Presidencia de la Generalitat facilitó cuatro capturas de pantalla de publicaciones lanzadas desde un perfil falso. Los mensajes aparecían asociados a publicaciones del entonces presidente autonómico y contenían alusiones explícitas a distintos métodos para acabar violentamente con la vida de una persona

La defensa de la profesora ha cuestionado su vinculación con los mensajes y ha sostenido que la titularidad de una conexión a Internet no acredita, por sí sola, la autoría de las publicaciones. Durante las diligencias también se intervino un iPhone 13, cuyo análisis fue autorizado judicialmente. La Policía comunicó el 26 de septiembre que las gestiones realizadas sobre el dispositivo habían resultado infructuosas, sin obtener información útil para la investigación. Ese resultado, sin embargo, no elimina los indicios del rastreo de las conexiones, aunque tampoco permite atribuir los mensajes a partir del teléfono.
 

Una profesora universitaria, procesada por amenazar a Mazón con tiros en la nuca
La investigada, trabajadora en la Facultad de Medicina, habría utilizado una cuenta falsa de X para lanzar las amenaza

profesora e investigadora de la Universidad de Valencia, Irene A. B., está siendo investigada por un juzgado de Valencia por amenazas de gloria contra Carlos Mazón, cuando todavía presidía la Generalitat Valenciana. Los mensajes, publicados en la red social X, hablaban de la colocación de bombas lapa, del uso de 20 kilos de artefacto peligroso Goma 2 y de disparos en la nuca con armas de nueve milímetros. La Policía Nacional investigó el origen de los mensajes durante varios meses hasta identificar a la docente de la Facultad de Medicina como su presunta autora. Fue detenida el 15 de enero y después quedó en libertad provisional sin fianza.

El magistrado titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia decidió hace quince días seguir adelante con la causa mediante un procedimiento abreviado. Según la resolución, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de amenazas, tal como recoge el artículo 169.2 del Código Penal. El juez considera que se puede dar por cerrada la instrucción y enviar el caso a la Fiscalía y las acusaciones, que ahora deberán decidir si solicitan la apertura de juicio oral.

Las amenazas fueron puestas en conocimiento de la Policía en abril de 2025, cuando Mazón aún seguía al frente del Consell. El departamento de redes de Presidencia de la Generalitat facilitó cuatro capturas de pantalla de publicaciones lanzadas desde un perfil falso. Los mensajes aparecían asociados a publicaciones del entonces presidente autonómico y contenían alusiones explícitas a distintos métodos para acabar violentamente con la vida de una persona

La defensa de la profesora ha cuestionado su vinculación con los mensajes y ha sostenido que la titularidad de una conexión a Internet no acredita, por sí sola, la autoría de las publicaciones. Durante las diligencias también se intervino un iPhone 13, cuyo análisis fue autorizado judicialmente. La Policía comunicó el 26 de septiembre que las gestiones realizadas sobre el dispositivo habían resultado infructuosas, sin obtener información útil para la investigación. Ese resultado, sin embargo, no elimina los indicios del rastreo de las conexiones, aunque tampoco permite atribuir los mensajes a partir del teléfono.
le quiere quitar el puesto a la mema
 

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