PP, PSOE, CNI, Ejército, OTAN...": las puertas giratorias relacionadas con el control de fronteras. Si hay negocio, no van a regularlo legalmente

Amper y las puertas giratorias del control migratorio​

Pedro Morenés fue ministro de Defensa. Hoy preside Amper, una de las empresas que más dinero recibe del control migratorio en España. Según el análisis del experto Gonzalo Fanjul, más de 120 altos cargos del Estado que tuvieron responsabilidades en sectores directamente relacionados con la industria del control migratorio participan ahora en alguna de las empresas identificadas en este negocio. La cifra la puso él mismo en una entrevista reciente, y no hablaba de una excepción: hablaba de sistema.

Qué es la industria del control migratorio y quién la integra​

El sector agrupa a las compañías que prestan servicios al Estado en materia de fronteras: vigilancia, identificación, datos, tecnología, gestión de flujos. Amper es una de las diez empresas que más dinero recibe de ese negocio, y su presidente es un exministro de Defensa. Fanjul lo resume con una frase que no admite muchas lecturas: «me parece muy natural», dijo, teniendo en cuenta que las puertas giratorias son una de las cosas que caracterizan a este sector.

La cifra que maneja el experto —más de 120 altos cargos— incluye a responsables públicos que pasaron de diseñar o ejecutar políticas migratorias a formar parte de las empresas que las explotan. No son casos aislados ni fruto de una casualidad estadística. Es un ecosistema.

El negocio de la frontera: quién gana y quién legisla​

Hay un argumento que recorre toda la conversación: si hay negocio, no hay incentivo para regularlo. La industria del control migratorio mueve contratos públicos, y esos contratos se adjudican desde administraciones cuyos responsables terminan, con frecuencia, en la nómina de las adjudicatarias. El resultado es un círculo donde el regulador y el regulado comparten apellidos.

En el análisis que se ha hecho público estos días se apunta a multinacionales españolas entre las beneficiarias de ese flujo de dinero. No se trata solo de empresas de seguridad: también hay tecnológicas, consultoras y compañías de servicios que han encontrado en la frontera un mercado en expansión. La pregunta que sobrevuela es incómoda: ¿quién fiscaliza a quien diseña el sistema que le da de comer?

PP, PSOE y el consenso que no se discute​

Una de las lecturas más repetidas es que el fenómeno trasciende siglas. Los dos grandes partidos han participado del mismo esquema, y la crítica no distingue entre ellos. Hay quien sostiene que la negativa a compartir Consejo de Ministros con formaciones minoritarias se explica, en parte, por la incomodidad de sentar en la mesa a quien podría cuestionar el reparto. Es una hipótesis, no un hecho probado, pero encaja con la ausencia de debate parlamentario sobre las adjudicaciones.

El argumento que más circula es económico: hay sectores que se benefician de que el flujo migratorio se gestione como un negocio y no como un derecho. Entre ellos se citan la patronal que busca mano de obra, el sector inmobiliario, los despachos que tramitan expedientes y las organizaciones que gestionan programas con financiación pública. La lista es larga y, precisamente por eso, nadie tiene incentivos para acortarla.

OTAN, Defensa y el rastro militar​

La conexión con Defensa no es retórica. El presidente de Amper fue ministro de ese ramo, y la industria del control migratorio comparte proveedores, tecnología y doctrina con el ámbito militar. Algunas voces van más allá y sitúan el origen del entramado en la órbita de la OTAN y de los intereses estratégicos que representa. Es una tesis que se lanza sin pruebas concluyentes, pero que explica por qué el control de fronteras se ha convertido en una partida de gasto creciente y opaca.

Lo que sí está documentado es el trasvase de cargos: de la administración a la empresa, de la empresa al contrato, del contrato a la siguiente adjudicación. El circuito se retroalimenta y no necesita puertas falsas.

El dato que descoloca​

Más de 120 altos cargos. No es una cifra redonda de campaña: es el recuento de quienes pasaron por el Estado y acabaron en la industria que vive de lo que el Estado decide. Mientras ese número no baje, cualquier promesa de regulación suena a brindis al sol.