Por fin un articulo serio sobre el supuesto milagro economico del dictador jovenlandes

El crecimiento del PIB español se basa en el aumento de la población y las horas trabajadas, no en una mayor productividad, lo que lleva a un estancamiento de la renta real por habitante y un aumento del coste laboral.

Crecimiento extensivo, no intensivo

Que el Producto Interior Bruto (PIB) suba es, a priori, una buena noticia. Significa que la economía en su conjunto produce más. Pero si miramos más de cerca, el caso español presenta matices importantes. Desde 2019, el PIB real ha experimentado un aumento del 10,2%. Hasta aquí, todo parece indicar una recuperación sólida. Sin embargo, si dividimos esa riqueza generada entre el número de habitantes, la cosa cambia. El PIB real por habitante solo ha crecido un 5,1% en el mismo periodo. Esto es incluso inferior al 5,7% de la media de la Unión Europea-27, según los datos de Eurostat.

¿A qué se debe esta diferencia? La explicación principal reside en el crecimiento de la población. En España, la población ha aumentado casi un 5% desde 2019. Las horas trabajadas también han subido alrededor de un 7%, pero lo crucial es que las horas trabajadas por ocupado no han experimentado un incremento significativo. Esto se traduce en que la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo ha caído un 3,5% respecto a 2019. La productividad por hora, aunque ha subido un 2,9%, se mantiene por debajo de la media de la UE, situándose entre un 10% y un 15% menos. Mientras tanto, el coste laboral unitario se ha disparado un 25,7%. Este patrón describe lo que en economía se conoce como un crecimiento extensivo, es decir, se produce más porque hay más gente trabajando más horas, pero no porque cada hora trabajada genere más valor. Es como si una empresa creciera simplemente contratando a más personal sin mejorar sus procesos ni su tecnología.

La inmigración como motor aparente

El aumento de la afiliación a la Seguridad Social se ha convertido en un dato recurrente para celebrar la salud económica. En agosto, se destruyeron 162.840 empleos, pero el Gobierno destacó que las regularizaciones masivas de inmigrantes habían sumado 337.917 nuevos ocupados, representando el 43,7% de todos los nuevos afiliados en 2026. Sin estas altas, la destrucción de empleo habría superado los 200.000 puestos. En términos desestacionalizados, los afiliados extranjeros crecieron 74.000 en agosto, mientras que los nacionales cayeron 4.000. Esto sugiere que España no está creando empleo de forma orgánica, sino más bien reclasificando la economía sumergida y llamándolo un milagro.

Los extranjeros ya suponen el 15,6% de los afiliados, con 3,51 millones en julio, y su crecimiento interanual es del 13,6%, muy superior al 2,9% del sistema en general. Entre el 35% y el 40% del empleo creado desde la pandemia ha sido para población de origen extranjero, concentrado en sectores de bajos salarios y alta intensidad de mano de obra. Este modelo tiene una consecuencia directa: el PIB agregado sube, pero la riqueza por habitante real neta se estanca. La tasa de actividad no crece, y los salarios reales netos caen. La renta por habitante ajustada por poder de compra se sitúa en torno al 92% de la media europea, sin cambios desde 2018.

El debate sobre la contribución fiscal

Uno de los argumentos recurrentes para justificar la inmigración masiva es su supuesta contribución a financiar el Estado del bienestar y las pensiones. Sin embargo, los datos de la Comisión Europea, en concreto del Joint Research Centre, sugieren que la contribución fiscal neta de los inmigrantes en España es negativa, unos 2.000 euros menos que la de los nativos. El error metodológico, según algunos análisis, radica en no considerar el saldo del ciclo vital completo. Estudios más detallados, como uno realizado en Países Bajos con microdatos de toda la población, calculan que solo el 20% de los inmigrantes genera una contribución neta positiva a lo largo de su vida.

La primera generación arroja un saldo negativo de -76.000 euros por persona de media, y esta cifra asciende a -167.000 euros en el caso de los inmigrantes no occidentales. Por motivo de entrada, solo la inmigración laboral resulta positiva, superando los 100.000 euros por persona. El asilo, en cambio, tiene un coste de unos 400.000 euros, y la reagrupación familiar unos 200.000 euros, según estudios de la Universidad de Ámsterdam. El signo fiscal de la inmigración depende de su cualificación, su motivo de entrada y su nivel de renta. Un modelo que atrae trabajo de baja remuneración y regulariza de forma masiva, sin un filtro de empleabilidad, tiende a importar la parte negativa de esta ecuación.

Riesgos de pobreza y sostenibilidad del sistema

Los datos en España son contundentes en cuanto al riesgo de pobreza. La tasa AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social) de la población de origen extracomunitario era del 54,1% en 2024, lo que significa que más de la mitad se encuentra en situación de pobreza o exclusión. Uno de cada cinco hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital cuenta con al menos un adulto extranjero, según datos de la AIReF. Quienes cobran poco más de 14.000 euros al año difícilmente pueden financiar pensiones de 1.500 euros mensuales. Reciben más servicios públicos de los que aportan en impuestos, una situación similar a la de un nativo con ese mismo salario.

El uso de la inmigración como solución al problema demográfico es, además, matemáticamente inviable. La AIReF calculó que se necesitarían un millón de inmigrantes adicionales al año solo para evitar que empeore la ratio de afiliados por pensionista, una cifra muy superior a los 350.706 que llegaron en 2024. Cada persona que llega genera su propio derecho futuro a pensión, sanidad y dependencia. Es un esquema que exige un crecimiento poblacional perpetuo para pagar los pasivos que él mismo crea. Por eso, la deuda de la Seguridad Social se ha triplicado con el gobierno de Sánchez, y el sistema de pensiones requiere rescates millonarios de un Estado con déficit crónico. El fracaso no es de las personas migrantes que buscan una vida mejor, sino de las políticas que las utilizan como meras estadísticas. Quienes más sufren las consecuencias de la permisividad con la inmigración ilegal son precisamente los migrantes legales y los contribuyentes, quienes se enfrentan a la carestía de vivienda, la bajada de salarios reales netos y el impacto en la seguridad que genera una inmigración descontrolada.