El quorum de 210 diputados que inquieta a los trabajadores
En el Congreso de los Diputados, compuesto por 350 escaños, la cifra de 210 diputados equivale exactamente a tres quintos de la Cámara. Ese umbral, según el artículo 167 de la Constitución Española, permite aprobar reformas constitucionales por la vía ordinaria, siempre que también se alcance la misma proporción en el Senado (160 senadores). No es un número cualquiera: es la llave que desbloquea cambios en la Carta Magna sin necesidad de consenso con el bloque minoritario principal. Y en un contexto de crisis de deuda y presión desde Bruselas, hay quien teme que esa llave abra la puerta a recortes sociales.
¿Qué permite exactamente el quorum de 210 diputados?
La reforma constitucional ordinaria del artículo 167 permite modificar cuestiones de organización y leyes que no afecten al núcleo duro constitucional. Quedan excluidos el Título Preliminar, los derechos fundamentales (artículos 15 al 29) y lo referente a la Corona, que exigen el procedimiento agravado del artículo 168. Además, ese mismo umbral desbloquea la renovación de órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional (los 4 magistrados que corresponden al Congreso), el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Es decir, no solo cambia la Constitución: cambia quién la interpreta y quién la aplica.
El temor a una reforma laboral y de subsidios por enfermedad
El debate político en torno a esta cifra ha cobrado relevancia debido a las proyecciones electorales que sitúan la suma de los bloques de la derecha cerca de este listón cualificado. Un trabajador de cierta edad lo expresaba sin rodeos: «prefiero que la derecha no alcance ese quorum reforzado porque lo va a utilizar para recortar todo tipo de derechos y beneficiar a los empresarios». Su mayor preocupación: que se reduzca a su mínima expresión el subsidio por enfermedad. «Ya me jodería cuando se permite a tantos langostos tener cinco pisos y pensión de 3000 euros que me pagasen mucho menos si me pongo enfermo», añadía. La ironía apunta a un agravio comparativo que planea sobre el debate: mientras unos acumulan patrimonio y pensiones altas, otros temen perder la red de seguridad si caen enfermos.
Bruselas, la crisis de deuda y el fantasma de Grecia
El escenario macroeconómico añade presión. «Estamos al borde de una crisis de deuda y la situación del bono francés puede contagiarse a otros países», se advierte. Si la consigna desde Bruselas es «recortar a sangre y fuego», la derecha con 210 diputados podría hacer temblar a funcionarios, pensionistas y trabajadores de baja médica. La reforma constitucional de 2011 ya modificó el artículo 135 para dar prioridad absoluta al pago de la deuda pública frente a cualquier otro gasto, incluido el social. Aquel precedente se cita como prueba de que Bruselas puede forzar ajustes. Y hay quien recuerda que, antes de recortar comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, se prefiere ajustar por otros lados. «Antes muertos que recortar comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos», se ironiza.
La trampa de la reforma constitucional: difícil de derogar
Si la derecha lograra llevar sus cambios a la Constitución, el PSOE tendría que obtener también 210 diputados para derogarlos, y «eso no va a ser nada fácil». Es el argumento que cierra el círculo: una reforma constitucional no se deshace con una simple mayoría absoluta de 186 escaños. Por eso algunos consideran que el verdadero peligro no es una ley ordinaria, que se puede revertir, sino un blindaje constitucional que ate a futuros gobiernos. Otros, en cambio, dudan de que la derecha tenga siquiera intención de reformar la Constitución. «El PP sólo cambia la Constitución si lo acuerda con el PSOE», sostiene una voz. Y otra añade: «A la derecha le faltan pelotas para hacer algo semejante».
¿Hay motivos serios para temer o para confiar?
El debate se bifurca. Para unos, los motivos serios para evitar ese quorum son claros: impedir recortes en sanidad, pensiones y subsidios; evitar que se blinde constitucionalmente un modelo económico que priorice la deuda sobre el gasto social; y frenar una agenda que consideran lesiva para los trabajadores. Para otros, la derecha no tiene intención ni capacidad de reformar la Constitución, y el temor es infundado. «No nos montemos situaciones fantasiosas», se dice. La discusión sigue abierta, y el umbral de 210 diputados se ha convertido en el símbolo de una disputa más amplia sobre el modelo social y económico.