Sostener Ceuta y Melilla cuesta hasta 1.700 millones al año
¿Cuánto le cuesta a España mantener Ceuta y Melilla? ¿Y qué implica ampliar los centros de acogida en plena tensión fronteriza? La cifra que se repite —entre 1.550 y 1.700 millones de euros anuales— ordena el pulso entre dos relatos: el que ve en la frontera un problema de seguridad y el que la enmarca como emergencia humanitaria. En medio queda la economía real de las dos ciudades autónomas, que vive en buena parte del dinero que llega de Madrid.
Cuánto cuesta mantener Ceuta y Melilla
El cálculo no se limita al presupuesto local. Suma el coste de defensa, el mantenimiento y blindaje del perímetro fronterizo, el impacto de las exenciones fiscales que disfrutan ambas plazas y los acuerdos de cooperación migratoria con Marruecos. Cuadradas todas las partidas, la horquilla se mueve entre 1.550 y 1.700 millones al año. Es una factura estructural, no un gasto de coyuntura: se paga con independencia de cuánta gente cruce la valla un mes concreto.
Ese es el dato que suele desaparecer del titular. La disputa pública se centra en quién cruza, pero el dinero se va igual en soberanía, en fiscalidad singular y en la maquinaria administrativa de dos territorios de apenas 32 kilómetros cuadrados combinados.
De 1.000 a 6.000 plazas: la infraestructura que se amplía
En una entrevista en la televisión pública, el presidente del Gobierno puso cifra a su plan: pasar de centros capaces de acoger a mil personas a estructuras preparadas para seis mil. Añadió que hay que reubicar a quienes entraron los días 30 y 31 de julio y defendió que España necesita «herramientas de acogida» más amplias. La lectura oficial es logística: la frontera exige capacidad, no improvisación.
La objeción llega desde el otro flanco. Se sostiene que anunciar más plazas y reubicaciones multiplica el incentivo de la ruta, el llamado efecto llamada, y que la disuasión se construye antes de que la gente salga de casa, no después. El propio presidente descartó la respuesta armada con una pregunta incómoda: «¿Se hubiera liado a tiros contra niños?». Entre esas dos frases cabe casi todo el conflicto.
El impacto sobre la economía local
Ceuta no es solo una frontera. Es un mercado de trabajo pequeño, un comercio que depende del tránsito y una temporada turística frágil. En lo que va del mes, los avisos por fuego y las salidas de bomberos se han triplicado, según el goteo de partes locales. A eso se suman incidentes de orden público: un militar de Regulares resultó herido al auxiliar a una mujer a la que intentaban robar la compra. Cada noche de incidentes es también una factura para la actividad de la ciudad.
Hay quien añade otra capa al problema: las reyertas y las quemas no son solo un asunto policial, son un golpe a la percepción de seguridad que sostiene el pequeño comercio y la hostelería. Y esa percepción, una vez rota, tarda años en reconstruirse.
El efecto llamada: el argumento que no se apaga
Quienes apuntan al efecto llamada calculan que cada gesto de acogida se traduce, aguas arriba, en más salidas. Quienes defienden la política oficial responden que no se gestiona un perímetro a base de no hacer nada y que la alternativa de fuerza tiene un coste internacional que España no puede pagar. El pulso se libra, además, en clave fiscal: mientras se discute el gasto, el contribuyente medio sigue viendo cómo una parte relevante de su nómina, en torno al 18% en tramos habituales de IRPF, se va antes de tocarla.
Lo llamativo es que ninguna de las dos corrientes niega la cifra. Nadie discute los 1.700 millones. La pelea es sobre quién los decide y con qué relato se justifican.
Menos plazas, más plazas, paz o firmeza: al final siempre acaba pagando el mismo. Y ya no se molesta ni en preguntar por qué.