Pensaba que esta foro exageraba, pero el 22% de la población es extranjera

El 22% de los residentes en España no nació aquí​

El INE fijó a principios de 2024 en 39,7 millones los residentes nacidos en España frente a 8,8 millones nacidos fuera. Un 22% de la población. De los 42,1 millones con nacionalidad española, 2,4 millones la obtuvieron por naturalización, mientras que 6,4 millones siguen sin pasaporte español. El dato, extraído de un informe difundido por sjme.org, ha servido para reabrir una discusión que va mucho más allá de las cifras oficiales: si el país que describen los registros se corresponde con el que se ve en la calle, en el colegio o en el ambulatorio.

La primera grieta aparece al sumar. Los 39,7 millones de nacidos en España incluyen a hijos de padres extranjeros, un matiz que varios análisis del debate consideran decisivo. «Muchos de esos 39,7 millones son también hijos de padres no nacidos en España», se argumenta, para concluir que los españoles de ascendencia autóctona podrían quedarse en 31 millones, o incluso menos. La cifra no es un dato oficial, sino una estimación que circula en el debate y que otros elevan o rebajan según dónde pongan el corte: hay quien habla de 33 millones, quien baja a 30 y quien sostiene que no se llega ni a esa barrera.

Los nacimientos como variable oculta​

El INE no publica nacimientos desglosados por nacionalidad de los padres, lo que obliga a estimar. Un cálculo recurrente parte de los aproximadamente 2 millones de nacimientos de madre extranjera entre 2008 y 2023, una franja que la estadística oficial cuenta como españoles de pleno derecho. A esos habría que sumar los hijos de nacionalizados, que también engrosan la columna de «españoles» sin haber tenido abuelos nacidos aquí. «Mienten en absolutamente todo ya desde el momento que enmascaran a los invasores como nacimientos en las estadísticas demográficas», sostiene una de las intervenciones más respaldadas, que reclama columnas separadas para nacidos, nacionalizados y extranjeros sin nacionalidad.

La cifra de nacionalizaciones refuerza esa sospecha. Entre 2013 y 2024 se contabilizan 1.897.737 naturalizaciones, de las cuales 500.000 corresponden a los dos últimos años. Si se añaden los hijos de esos nuevos españoles, el perímetro de lo que se considera población autóctona se estrecha. La pregunta que sobrevuela el análisis es incómoda: ¿cuántos de los 42,1 millones de españoles lo son por ius sanguinis y cuántos por papel firmado?

El transporte público como termómetro​

Donde los números se vuelven carne es en la experiencia diaria. Varias intervenciones coinciden en señalar el transporte público y los colegios como los espacios donde la transformación se hace más evidente. «En clase de mi mayor, 12 años, colegio público, 11 de 24 son españoles», relata un participante que describe su zona, la periferia de Valencia, como un mosaico de procedencias. En otro caso, con un hijo de 10 años, la proporción baja a 7 de 24. No son datos oficiales, pero dibujan un patrón que otros confirman desde Madrid, Barcelona o el litoral mediterráneo.

El fenómeno no se limita a las grandes ciudades. «Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y gran parte de Andalucía son ya tierra quemada», se afirma en una intervención que sitúa el avance imparable y deja como reservas a Aragón, las dos Castillas, Extremadura, La Rioja, Galicia, Asturias y Cantabria. La geografía del cambio demográfico se convierte así en un mapa de resistencias desiguales.

El PIB sube, el bolsillo baja​

La conexión económica es el hilo conductor de buena parte del análisis. El argumento central es que el crecimiento del PIB se sostiene sobre la incorporación masiva de mano de obra, lo que diluye el poder adquisitivo de los residentes. «Es muy fácil subir el PIB si no te importa diluir el poder adquisitivo de los ciudadanos», resume el planteamiento inicial, que contrapone el modelo suizo, orientado a la calidad, con el español, volcado en la cantidad. La comparación con Suiza no es casual: se usa como espejo de una política migratoria selectiva frente a otra que, según esta lectura, prioriza el volumen.

El impacto se mide en servicios públicos. Hay quien sostiene que los recién llegados son «consumidores netos de recursos públicos» en sanidad y educación, mientras que otros matizan que la presión fiscal y la precariedad laboral afectan por igual a autóctonos y extranjeros. El debate no resuelve la ecuación, pero deja una idea clavada: el PIB agregado puede crecer mientras la renta disponible por habitante se estanca o retrocede.

La brecha entre el dato y la calle​

El acuerdo con Mauritania, que según varias intervenciones contempla la llegada de 250.000 personas al año, se cita como prueba de que la tendencia no se va a frenar. La cifra no está verificada en el material, pero funciona como catalizador del escepticismo. A partir de ahí, el debate se bifurca entre quienes exigen un control estricto de fronteras y quienes consideran que el problema no es la llegada, sino la gestión de los flujos y la integración.

El punto donde el análisis se atasca es el mismo que lo abrió: nadie sabe con exactitud cuántos españoles de ascendencia autóctona quedan. Las estimaciones oscilan entre 25 y 33 millones. El INE no publica ese dato. Y mientras no lo publique, la discusión seguirá moviéndose entre la intuición y la estadística, con la sensación compartida de que el país descrito en los papeles y el que se ve al salir de casa hace tiempo que dejaron de coincidir.