Pendulazo, lucía etxebarría se pasa a vox: "puro escudo social"

Etxebarria y el tuit de la farmacia que agita el debate del alquiler​

Hay mensajes que se difunden por lo que dicen y otros por quién los firma. El de Lucía Etxebarria pertenece a las dos categorías. La escritora planteó una analogía sencilla —una farmacia obligada a regalar medicamentos a quien se declare vulnerable acaba quebrando en dos años— y la remató con una conclusión incómoda: eso, sostiene, es el escudo social; y por eso no hay pisos en alquiler. La discusión que abrió lleva más de año y medio sin enfriarse, y en ese tiempo ha servido para algo más que para repartir carnés: ha puesto sobre la mesa quién sostiene realmente el precio de la vivienda y quién paga la factura del gasto social.

La analogía de la farmacia, aplicada a la vivienda​

La comparación tiene un mérito evidente: obliga a preguntar quién paga. En el caso sanitario, la respuesta es el Estado. Las farmacias ya dispensan medicamentos gratuitos a determinados colectivos, pero la factura no la asume el boticario, y ese detalle desmonta buena parte del ejemplo. En la vivienda no existe un tercero que cubra la diferencia entre lo que cuesta el inmueble y lo que puede pagar quien lo habita. De ahí que una parte leyera el tuit como un diagnóstico certero: lo que resultaría impensable en cualquier otro sector se tolera sin problema cuando el afectado es el propietario.

Otra corriente señala justo lo contrario: que la escritora mezcla dos mercados distintos, ignora el peso de la oferta y convierte un problema estructural en un eslogan. El ejemplo, dicen, es impecable de forma y tramposo de fondo.

El recorrido: de referente progresista al choque con la ley trans​

En 2016 el perfil público de Etxebarria era otro. Defendía el feminismo, denunciaba la violencia de género y el machismo estructural y se mostraba comprometida con la igualdad y los derechos LGTB. Su distancia con el Gobierno empieza a documentarse en la pandemia, cuando arrecian las críticas a la gestión y a figuras como la ministra de Igualdad. El choque definitivo llega con la ley trans: la escritora sostuvo que solo existen dos géneros y, según los relatos que acompañan al episodio, eso le costó una campaña de descalificaciones y varios encargos profesionales.

De aquella etapa sobrevive una de las curiosidades que más circulan sobre ella: la leyenda de que afirmó que «murciélago» era la única palabra del español con las cinco vocales. Es falso, y en su día provocó que un lector enviara una carta a un diario enumerando contraejemplos con verdadera saña. Su altavoz actual es un canal propio en YouTube, donde, admiten incluso quienes no comparten su línea, dice cosas bastante razonables.

¿Por qué se culpa a la inmigración del precio del alquiler?​

Aquí el asunto se enreda. Una parte del análisis sostiene que el encarecimiento de la vivienda tiene una causa demográfica: si a un mercado con oferta rígida se le suman cientos de miles de personas al año dispuestas a compartir piso y a pagar por una habitación, el precio sube. Las cifras que se manejan en esa línea son de andar por casa, pero ilustrativas: 1.000 euros por una habitación o un piso compartido de 60 metros frente a sueldos de 1.400 en logística, hostelería o construcción. El asalariado medio, se argumenta, no puede competir con eso.

El contraargumento tiene tanto recorrido como el anterior. El precio baja si aumenta la oferta, pero también si cae la demanda, de modo que reducir la llegada de población aliviaría la presión. Ahora bien, expulsar a quien trabaja y cotiza recorta ingresos por IRPF y cotizaciones mientras el gasto en empleados públicos y pensiones sigue su curso. Y sin construcción nueva, el parque existente seguiría igual de caro. El único punto de acuerdo, si existe, es que el problema es de oferta y que nadie ha encontrado la manera de ampliarla sin dinero público.

El escudo social y quién paga la factura​

El otro eje es el gasto. Hay quien lo resume con una frase: la gente cree que todo es gratis si lo proporciona el Estado, hasta que ve su primera nómina. Bajo esa lógica, el escudo social habría derivado en pagas, ayudas al alquiler y recursos para personas en situación vulnerable, sostenidos con impuestos y deuda mientras los servicios públicos se degradan para quien sí los financia. La advertencia de fondo no es moral, es aritmética: si el gasto se financia a crédito, en unos años no habrá escudo para nadie.

En el otro plato de la balanza está la estructura que vive del sistema: asociaciones, entidades y organizaciones que dependen de la subvención y que, por interés propio, defienden el statu quo. Es la parte del análisis que explica por qué los giros de opinión en figuras públicas son menos frecuentes de lo que la indignación sugiere.

El péndulo que nadie ve​

Queda la pregunta incómoda: ¿anuncia este tuit un cambio real de voto? Nadie lo sabe, y la experiencia apunta a lo contrario. Hay quien lleva años escuchando a conocidos de izquierda repetir argumentos idénticos y luego verlos votar exactamente lo mismo. También hay quien atribuye el gesto a un cálculo: soltar una idea que agrada al otro lado para captar audiencia en terreno ajeno. Y una tercera vía, más cínica, sostiene que no hay péndulo alguno, sino agendas. El análisis se atasca exactamente ahí: en si el descontento con la vivienda y con el gasto público mueve votos o solo mueve conversación.