Pedro se fuerte y elimina la educacion concertada tras muface

La concertada, en el punto de mira de un debate de foro​

Eliminar la educación concertada y dejar que cada familia pague lo privado. Ese es el envite que plantea un debate de foro, sin que ninguna propuesta oficial lo respalde. La idea, lanzada con la ironía de quien pide «que la gente pague bien lo privado o se coma lo público», ha abierto una grieta en la que se mezclan el cálculo económico, la ideología y una afirmación discutida: en España, según sostiene un participante, el 95% de la educación está financiada por el Estado, ya sea de forma parcial en la concertada o total en la pública. En Madrid, añade, el porcentaje rozaría el 100% porque existen becas para acudir a centros privados.

La discusión no es nueva, pero el contexto la ha envenenado. El sistema de conciertos, ese mecanismo por el que un colegio privado recibe fondos públicos a cambio de impartir enseñanza reglada, se ha convertido en el campo de batalla donde se dirimen dos modelos de país. Y en el centro del ring, una pregunta que plantean algunos intervinientes: ¿por qué quien opta por la privada debería pagar dos veces, la plaza pública que no usa y la privada que sí?

El cheque escolar como arma arrojadiza​

La propuesta estrella de quienes defienden desmantelar el sistema de conciertos es el cheque escolar. La idea es simple: que el Estado entregue a cada familia el importe equivalente al coste medio de una plaza pública y que cada cual lo gaste donde quiera. «Cheque escolar y dejen de robarme el 70% de lo que produzco al año», resume una de las posturas más repetidas. El argumento de fondo es que el dinero público debe seguir al alumno, no al centro, y que la competencia entre colegios mejoraría la calidad.

Los defensores de este modelo sostienen que la concertada recibe menos subvención por plaza de lo que cuesta una plaza pública, lo que la convertiría en una opción más eficiente para las arcas del Estado. Sin embargo, los críticos replican que ese cálculo oculta los costes reales: las fundaciones que gestionan muchos centros concertados cobran cuotas voluntarias a las familias, lo que en la práctica los convierte en centros semiprivados financiados con dinero de todos. «En la concertada pagan, menos que si fuese privada, pero pagar pagan», admite incluso quien defiende el sistema.

El punto de fricción está en la equidad. Si el cheque escolar se implanta sin regular el precio final, los colegios más demandados podrían subir sus tarifas y expulsar a las familias con menos recursos. El resultado sería una segregación por renta que ya existe de facto en muchas ciudades, donde la pública se ha convertido en refugio de quienes no pueden pagar la concertada y la concertada en el destino de quienes huyen de la pública.

La pública como vertedero y el ascensor social roto​

Uno de los argumentos más repetidos en el debate es que la gente no se va a la privada por ideología, sino por huida. «La gente no se va a la privada porque busque calidad, simplemente huyen del vertedero en que se ha convertido la pública en muchos barrios y ciudades», sostiene una de las voces más críticas. El diagnóstico es duro: aulas con ratios de alumnado que no habla español, niveles dispares, y una burocracia que prioriza la ideología sobre las matemáticas.

La estratificación territorial es otro de los ejes del debate. Hay quien señala que en determinadas zonas de Madrid el porcentaje de alumnos de origen extranjero en la concertada supera el 80% y va en aumento, lo que desmentiría la idea de que estos centros sean un gueto de privilegiados. La realidad es más compleja: la concertada ha absorbido parte del alumnado migrante que la pública no ha sabido o no ha querido integrar, y eso ha generado tensiones internas en los propios centros.

El ascensor social, ese concepto que durante décadas justificó la inversión pública en educación, aparece en el debate como una promesa incumplida. «El ascensor social se llama esfuerzo», sentencia una de las intervenciones, que pone el foco en la responsabilidad individual frente a la estructural. La conclusión implícita es que el sistema público ha dejado de cumplir su función igualadora y que quienes pueden permitírselo buscan alternativas.

El coste real de eliminar la concertada​

Más allá de la ideología, el debate tiene una dimensión económica que no admite trampas. Si los conciertos se eliminan de un día para otro, los centros concertados tendrían que convertirse en privados puros o integrarse en la red pública. La primera opción dejaría fuera a las familias que no pueden pagar la matrícula completa. La segunda exigiría al Estado asumir el coste de miles de plazas adicionales, con el consiguiente aumento del gasto público.

«Si los colegios concertados fueran declarados privados, no hay colegios públicos suficientes ni profesorado bastante para asumir el trasvase de alumnos que no pueden pagar un colegio privado», advierte una de las voces más lúcidas del debate. El argumento es difícil de rebatir: la red pública ya está tensionada en muchas zonas y la supresión de los conciertos provocaría un colapso inmediato.

Además, está el problema de los edificios. Muchos centros concertados ocupan suelo público cedido por las administraciones. Si se elimina el concierto, ¿qué ocurre con esos inmuebles? ¿Se revierten al Estado? ¿Se indemniza a las órdenes religiosas o fundaciones titulares? El debate no entra en detalles, pero la pregunta planea sobre cualquier propuesta de supresión.

La sombra de Muface y el efecto dominó​

El título del debate no es casual: «Pedro se fuerte y elimina la educación concertada tras Muface». La referencia a Muface, el sistema de asistencia sanitaria para funcionarios que ha estado en el aire tras la retirada de una de las aseguradoras, introduce un elemento clave: la idea de que el Gobierno podría aprovechar el descontento con el sistema de conciertos sanitarios para extender la ofensiva al ámbito educativo. La conexión no es descabellada: ambos sistemas comparten la misma lógica de colaboración público-privada y ambos están en el punto de mira de quienes defienden un modelo 100% público.

El paralelismo con Muface es inevitable. Si las aseguradoras privadas han dejado de ver rentable el concierto sanitario, ¿podrían las órdenes religiosas y fundaciones educativas seguir el mismo camino? La diferencia es que en educación no hay aseguradoras que puedan retirarse, sino titulares que dependen de los fondos públicos para sobrevivir. La presión sobre la concertada, en ese sentido, es mucho mayor.

La pregunta que sobrevuela el debate es si el Gobierno tiene intención de mover ficha o si todo quedará en un globo sonda. Hasta ahora, ninguna declaración oficial ha confirmado un plan para eliminar los conciertos, pero el simple hecho de que se discuta en estos términos indica que el terreno está abonado.

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Con estos mimbres, cualquier predicción es arriesgada. Si el Ejecutivo decide atacar la concertada, se encontrará con una resistencia feroz de las familias que han optado por ella y con un problema logístico de primer orden. Si no lo hace, la presión de quienes exigen una educación 100% pública seguirá creciendo. Lo único seguro es que el statu quo es cada vez más insostenible y que el próximo movimiento, sea cual sea, marcará el futuro de la educación española durante décadas.