Pedro Sánchez: "Vamos a poner orden en ese estado fallido que es el espacio digital. Es hora de actuar."

Sánchez prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años​

¿Se puede «poner orden» en internet sin recortar derechos? El Gobierno cree que sí y ya tiene el plan sobre la mesa. Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias para lo que él mismo definió como «ese estado fallido que es el espacio digital», en una intervención celebrada en el World Governments Summit de Dubái. La medida más comentada: prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. «Nuestro país no se va a arrodillar ante la mentira, el odio ni el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica», dijo.

El anuncio llega después de ocho años de Gobierno, según el cómputo que se maneja en el hilo, y con la tramitación parlamentaria en el aire. No es un detalle menor: cualquier desarrollo legislativo tiene que pasar por el Congreso, y ahí los números no cuadran solos.

Qué medidas incluye el plan para regular las redes sociales​

El eje del paquete es la protección de los menores. El Gobierno quiere fijar en 16 años la edad mínima para abrir cuenta en una plataforma y endurecer las obligaciones de las tecnológicas en materia de privacidad y difusión de desinformación. A eso se suma la exigencia de que Meta rinda cuentas en el Congreso, una cita que el Ejecutivo enmarca en su ofensiva contra lo que describe como «territorio sin ley».

La justificación oficial combina dos ideas que la propia nota de prensa repite: combatir la impunidad de las grandes plataformas y frenar los discursos de odio. «Están por encima del bien y del mal», resume la versión del Ejecutivo. Traducido a calendario, el objetivo es aprobar las iniciativas en la primera mitad del año.

¿Censura o protección de menores? El choque de relatos​

Aquí se rompe el consenso. Un bloque interpreta el anuncio como el paso previo a un estado policial digital: primero se declara el espacio digital «estado fallido», luego se ofrece la solución —más verificación, más identidad digital, más control— y al final queda una puerta cerrada a la crítica. Quien sostiene esto no habla de menores, habla de arquitectura: una vez montada la infraestructura de verificación, se aplica a cualquier contenido.

El otro bloque responde con un argumento difícil de rebatir en abstracto: existe un descontrol real. Menores accediendo a contenido adulto, acoso escolar a través de apps, amenazas sin consecuencias. Que el diagnóstico sea correcto no implica que el remedio lo sea, y ahí empieza el problema de verdad. Porque una cosa es regular a las plataformas y otra muy distinta es decidir quién define qué es mentira.

La doble vara del «espacio libre»​

La objeción más repetida tiene que ver con los medios. Si la libertad de expresión es el bien a proteger, ¿por qué la defensa del pluralismo se hace desde tribunas concretas —televisiones públicas y cabeceras afines al Gobierno— mientras se señala al resto? Es la pregunta que cruza buena parte del análisis: el problema no sería la mentira, sino quién tiene licencia para decidir cuál es.

El argumento se refuerza con el dato histórico. Durante décadas, el flujo de información lo monopolizaron unos pocos actores; internet rompió ese monopolio, y lo que se está intentando ahora, según esta lectura, es reconstruirlo con otro envoltorio. Que el envoltorio sea europeo o nacional es lo de menos para quien firma esa tesis.

Hodio, el rastreador de discurso de odio​

Entre las herramientas presentadas figura Hodio, un sistema para rastrear y medir la presencia de discursos de odio y polarización en redes, con el fin de exigir responsabilidades a las plataformas por permitir su difusión. La reacción en el sector tecnológico ha sido divisoria: medir es inocuo, pero quien mide fija la escala.

Ese es el punto sensible. Un índice de polarización puede ser un instrumento estadístico o puede convertirse en un catálogo de opiniones incómodas, en función de quién lo administre y con qué criterio. Sin una definición cerrada de qué cuenta como odio y qué como crítica, el indicador vale lo que valga su metodología, y esa metodología no se ha detallado.

El coste real: alquiler, cesta de la compra e impuestos​

Mientras se discute el orden digital, hay una objeción que vuelve cada pocos mensajes y que no tiene nada que ver con algoritmos: el precio de vivir. Alquileres que no se pueden pagar, una cesta de la compra que sube mes a mes y una presión fiscal que no baja. Frente a eso, regular las redes suena, como poco, a prioridad descolocada.

El contraste es tosco pero eficaz como argumento político: si el Estado no pone orden en su propia economía doméstica, ¿con qué autoridad va a ponerlo en la conversación pública? Los defensores del plan responden que son cosas distintas y que ambas caben. Los críticos, que una es urgente y la otra es un escudo.

De Felipe González a hoy: por qué nadie se cree las cifras​

Hay un precedente que se cita siempre que se promete algo grande: el compromiso electoral de crear 800.000 puestos de trabajo. Se cumplió o no según a quién se pregunte, pero dejó una huella duradera en la credibilidad de las promesas cuantificadas. Desde entonces, cada anuncio con número lleva incorporado su propio descuento.

La versión actualizada del chiste, según recuerda un participante del hilo, es la de los 800 o 1.000 empleos prometidos en su día y nunca vistos. No es rigor estadístico, es memoria colectiva. Y la memoria colectiva, cuando llega un paquete regulatorio sin memoria económica adjunta, pesa más que cualquier balance.

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Cinco medidas, una herramienta de seguimiento y la promesa de no arrodillarse ante nadie. El orden, de momento, sigue sin llegar a la cesta de la compra. Y ahí no hay algoritmo que lo arregle.