Otra engaña al Sistema Sanitario público: Investigan 30 partos de brasileñas llegadas de Bélgica a Burgos.

Treinta partos sospechosos en Burgos: el atajo legal que explica la estafa sanitaria​

Treinta mujeres brasileñas, residentes en Bélgica, han dado a luz en el Hospital Universitario de Burgos en las últimas semanas. El centro denunció el patrón ante la Policía Nacional: todas llegaban con el embarazo controlado en su país, compartían dos direcciones en el norte de Burgos y, en varios casos, acudían acompañadas del mismo hombre. La obligación legal de atender a cualquier persona que solicite asistencia —sin importar nacionalidad ni procedencia— ha sido el escudo tras el que se ha movido esta trama.

Pero la sospecha no es la venta de niños ni el adenocromo, como algunos han aventurado. La explicación es más mundana y revela una laguna legal poco conocida. En España no existe derecho de suelo automático: nacer aquí no da la nacionalidad. Sin embargo, un bebé nacido en territorio español solo necesita un año de residencia legal para solicitarla, en lugar de los dos que corresponden a iberoamericanos o los diez del régimen general. Y lo más importante: el progenitor de un menor español puede obtener residencia por arraigo familiar, con permiso de trabajo. Así, el parto en España se convierte en una vía exprés para regularizar la situación de la madre.

El patrón que alertó al hospital​

Lo que llamó la atención del HUBU fue la repetición: mujeres brasileñas llegadas de Bélgica, con embarazos monitorizados en su país de origen, que daban a luz en Burgos usando dos direcciones del norte de la provincia. Algunas acudían acompañadas por el mismo hombre, lo que sugiere una organización. El hospital denunció los hechos hace un mes, cuando el número de partos rondaba la treintena. La investigación policial está en curso, pero aún no se han detenido a presuntos organizadores.

El coste para el sistema público​

Cada parto en la sanidad pública española cuesta miles de euros, dependiendo de las complicaciones. Si se confirma que estas mujeres no tenían derecho a la asistencia por no ser residentes ni haber cotizado, el coste recaería sobre los contribuyentes. Mientras, miles de españoles llevan semanas esperando una cita en atención primaria. La ironía no se le escapa a nadie.

El dato que descoloca: la legislación española permite este vacío legal. Quienes diseñaron la ley de arraigo familiar seguramente no pensaron en un negocio de partos organizados desde Bélgica. Pero el mecanismo está ahí, y mientras no se cierre, Burgos podría ser solo la punta del iceberg.