Pregunta: Os dais cuenta que tenemos a un ASESIN O de presidente del gobierno?

El presidente malo: cuando el relato institucional se quiebra​

Que en un foro de economía se tache al presidente del Gobierno de malo no es una anécdota marginal, sino el síntoma de una fractura profunda en la confianza institucional. Las acusaciones, que acumulan desde la gestión de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo hasta la DANA de Valencia, pasando por incendios y el volcán de La Palma, dibujan un patrón: la percepción de que ninguna catástrofe tiene responsables políticos. Y esa percepción, alimentada por una justicia que parece moverse con cuentagotas, tiene costes medibles en la prima de riesgo país y en la inversión.

Un recuento de perecid sin responsables​

Los participantes en el debate enumeran crisis una tras otra: la «esa época en el 2020 de la que yo le hablo» (como escriben algunos), las gloria en residencias de mayores, el volcán de Cumbre Vieja, los incendios que obligaron a confinarse en viviendas, la DANA de Valencia que dejó decenas de fallecidos, y hasta un apagón eléctrico. Para quienes sostienen esta postura, todas estas tragedias comparten un denominador común: decisiones u omisiones del Gobierno que, sumadas, configuran un «exterminio masivo». Se compara incluso a los sicarios de Sinaloa con los responsables políticos, una hipérbole que revela la intensidad del hartazgo.

La justicia bajo sospecha​

El debate destaca el caso de una jueza local que instruye una causa que, según los críticos, debería estar en el Tribunal Supremo. «Una juez de pueblo con carnet del PSOE mareando la perdiz», se argumenta. La atribución partidista a la jueza refuerza la idea de que el sistema judicial no actuará contra los miembros del Gobierno. Mientras tanto, en Valencia, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, también es señalado por su gestión de la DANA, lo que lleva a algunos a concluir que «la culpa es del puro estado de guano del que se nutren esas dos ardilla». La crispación no distingue colores: la desconfianza es sistémica.

El coste económico de la impunidad percibida​

La economía no es ajena a este clima. La percepción de impunidad y de fragilidad institucional se traduce en una mayor prima de riesgo, fuga de capitales y desincentivo a la inversión a largo plazo. Cuando los inversores intuyen que el Estado no es capaz de gestionar crisis ni de depurar responsabilidades, exigen una rentabilidad extra. Aunque los datos concretos no están en el debate, la correlación entre confianza institucional y coste de financiación está bien documentada. La sensación de que «no ha rodado ni una cabeza» tiene, tarde o temprano, un precio.

A menos que la maquinaria judicial ofrezca respuestas creíbles, la fractura entre el relato oficial y la percepción ciudadana solo se ensanchará. Y cuando la desconfianza se cronifica, la economía –que es, al fin y al cabo, una criatura de la confianza– se resiente. La pregunta que queda en el aire es si todavía hay margen para cerrar esa brecha antes de que el coste sea irreversible.

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